Las ‘golden visas’ son una respuesta plúmbea a las necesidades económicas
Estos sistemas exigen un control adecuado de los inversores, y afrontan la oposición de los votantes
Hungría busca oro en forma de visados, golden visas. Pese a las presiones de la UE, el primer ministro, Viktor Orbán, relanzó en julio un programa de residencia por inversión. En general, sin embargo, el brillo de estos programas se desvanece porque aportan poco al PIB, inflan los precios de la vivienda y molestan a la población local. Los riesgos geopolíticos pueden estimular la demanda a medida que más expatriados ricos busquen refugios seguros. Eso podría ser una oportunidad para que los Gobiernos cobraran más. Pero una opción mejor sería suprimir estos programas.
En teoría, los visados de oro –que permiten a los extranjeros permanecer en un país a cambio de cuantiosas inversiones– deberían ser una solución beneficiosa para todos. Para los Gobiernos anfitriones, ofrecen la perspectiva de inyecciones directas de efectivo en activos que van desde el sector inmobiliario al capital privado y los bonos del Estado. Para los superricos, estos programas son una póliza de seguro cuando las cosas se ponen feas en casa. Pensemos en las élites rusas que se marcharon a la costa chipriota de Limassol después de que su país invadiera Ucrania en 2022. O los estadounidenses ricos que se trasladaron a Portugal tras la covid.
En el caso de Hungría, cualquiera que solicite un visado dorado de 10 años tiene que invertir al menos 250.000 euros en fondos inmobiliarios aprobados por el Estado, de los cuales al menos el 40% debe destinarse a propiedades residenciales húngaras. Para la compra directa de vivienda, el umbral mínimo es de 500.000 euros. La afluencia de extranjeros ricos en efectivo podría ayudar al moribundo mercado inmobiliario nacional, que en 2023 sufrió un desplome del 25% en las ventas debido a que los altos tipos de interés frenaron la demanda.
Es un manual muy trillado. Tras la crisis de 2008, por ejemplo, el inmobiliario español se hundió debido a los impagos masivos de hipotecas que dejaron vacías casi cuatro millones de viviendas. En 2013, el país decidió conceder visados de oro para la compra de casas. Otras economías en dificultades, como Grecia y Portugal, hicieron lo mismo por esas fechas.
El problema para Orbán y otros políticos que buscan una bala de oro para sus problemas económicos es que estos visados ofrecen resultados poco brillantes. Un estudio de 2021 sobre los programas de golden visas de la UE, hecho por investigadores de la London School of Economics y la Universidad Harvard, concluyó que los fondos generados por estos sistemas solo representaban una proporción “minúscula” de la inversión extranjera, con un impacto económico “insignificante”.
Pese a atraer el segundo mayor número de solicitudes anuales entre los esquemas analizados por el estudio, el de España, por ejemplo, representó solo el 3% de las entradas de inversión extranjera directa entre 2014 y 2019, y menos del 0,1% del PIB en el mismo período. En comparación, el turismo aporta anualmente más del 10% del PIB. En una economía más pequeña como Portugal, las inversiones espoleadas por los visados dorados supusieron más del 14% de la inversión extranjera directa (IED) entre 2013 y 2019. Pero aún representaron menos del 0,4% del PIB en el mismo período.
En el lado opuesto, los visados de oro pueden acarrear grandes costes sociales. Mientras la alta inflación causaba estragos en la vida de la gente durante la pandemia, los políticos europeos se esforzaban por lidiar con la ira de los votantes que sentían que se les estaba echando del mercado de la vivienda. En Grecia, por ejemplo, casi el 40% de las inversiones inmobiliarias del país procedían de solicitantes de visados dorados, según el estudio de la LSE y Harvard. El mes pasado, miles de trabajadores salieron a las calles de Atenas para protestar por la incapacidad del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, para hacer frente al aumento del coste de la vida, incluida la vivienda. En España también se celebraron concentraciones similares el mes pasado. Los manifestantes portaban pancartas caseras en las que se leía: “Menos pisos para invertir y más casas para vivir”.
Es cierto que algunos mercados inmobiliarios ya estaban recalentados antes de que llegaran los emigrantes ricos. A finales de 2021, los precios de la vivienda en España ya estaban un 20% por encima de sus mínimos de 2016, según el portal Idealista. Pero la afluencia de un millón de nuevos residentes, encabezados por turistas e inmigrantes de América Latina según CaixaBank Research, contribuyó a un aumento anual del 6,4% en los precios entre 2021 y 2023. En mayo pasado, los precios ya habían superado el pico de la burbuja de mayo de 2007.
La UE tampoco es partidaria de los visados dorados. Bruselas lleva desde 2019 mostrando su preocupación por la evasión fiscal, la seguridad nacional, la corrupción y la lucha contra el blanqueo de capitales. Tras la invasión de Ucrania, la UE presionó a los Estados miembros para que descartaran todas las solicitudes de ciudadanos rusos e intensificaran el escrutinio general de las golden visas.
Esos esfuerzos parecen estar funcionando. Algunos países están apretando las tuercas a los nuevos solicitantes. En octubre de 2023, Portugal eliminó el inmobiliario como criterio de concesión, pero mantuvo otras opciones de inversión, como el capital riesgo. En marzo, Grecia elevó el importe mínimo de inversión inmobiliaria de 250.000 a entre 400.000 y 800.000 euros. Otros países están prohibiendo directamente estos regímenes: siguiendo los pasos de Irlanda y Países Bajos, y a pesar de cierta resistencia política, España avanza hacia su supresión.
Y, sin embargo, está aumentando la demanda mundial de residencias alternativas por parte de extranjeros que se preparan para guerras, impuestos elevados y opresión política. A medida que aumentan los riesgos geopolíticos, desde guerras comerciales entre EE UU y China hasta conflictos reales en Oriente Próximo, puede agravarse el desequilibrio entre oferta y demanda de visados de oro.
Los nueve Gobiernos de la UE que aún ofrecen visados o pasaportes de oro tienen que tomar decisiones difíciles. Una de ellas es subir el precio para que sus países obtengan más beneficios económicos, pese a las consecuencias internas.
Por ejemplo, el pasaporte dorado de Chipre parece haber tenido éxito. Al exigir una inversión mínima de 2 millones, aportó unos 1.400 millones al año entre 2017 y 2019, contribuyendo más del 4% al PIB, según un estudio de la profesora de la LSE Kristin Surak. Pero el Gobierno tuvo que desecharlo en 2020 tras no poder filtrar adecuadamente a los delincuentes. Desde la guerra de Ucrania, los políticos también han tenido que revocar algunos pasaportes a oligarcas rusos sancionados.
Esto demuestra que estos sistemas exigen un control adecuado de los recién llegados. Eso pone el listón muy alto para el país de acogida y eleva los costes administrativos, lo cual erosiona los beneficios económicos.
A medida que disminuyen las ventajas económicas y aumenta la oposición de los votantes, puede que los Gobiernos europeos sean más prudentes y abandonen el juego de los visados dorados de una vez por todas.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
