PNIEC2, un inútil cuento de la lechera
Conviene hacerle caso a Draghi y revocar la decisión de cierre de las nucleares
Además de atasco regulatorio y retrasos en asuntos importantes, la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea ha querido hipotecar a quien la sustituya con dos decisiones discutibles: la recreación de una Comisión Nacional de la Energía, cuya necesidad ha cuestionado el Consejo de Estado, existiendo ya la CNMC y un nuevo Plan Nacional de Energía y Clima que incurre en un error muy infantil: cuando no he sido capaz de cumplir el anterior objetivo, me comprometo ahora a cumplir otro objetivo, todavía más exigente.
Las opiniones, en privado, que he ido recogiendo del sector sobre el nuevo Plan, oscilan entre “escrito en el mar”, “una ensoñación irreal”, “de espaldas a la realidad” “huida hacia adelante” hasta, el más importante: “oculta los problemas y costes reales de la transición energética”. Alguno de los problemas no resueltos ha salido a los medios: colapso en las redes eléctricas, canibalización de precios en fotovoltaica, preocupación en los centros de datos…
Empecemos por el principio: con un decrecimiento en la demanda eléctrica que la sitúa en niveles de hace veinte años y mientras el peso de la electricidad ha retrocedido en el consumo energético total, el Plan apuesta porque la demanda crecerá un 32% hasta 2030, es decir, un 6% anual acumulativo, cuando el año pasado descendió un 2,3%. Se supone que el crecimiento de la demanda procederá de los cinco millones de coches eléctricos que existirán en 2030, a pesar de la ausencia de puntos de recarga suficientes y del retraimiento de los fabricantes ante el desplome de la demanda y el aumento de la competencia china. Se supone, también, que procederá de las necesidades procedentes de los Centros de Datos y del impulso de la Inteligencia Artificial obviando los enormes problemas denunciados ya por el sector por la falta de puntos de acceso a la red con el riesgo de paralizar inversiones millonarias a lo que responde el gobierno con la amenaza de intervenir en las decisiones de las empresas al obligarles a presentarse a concursos de acceso donde haya previsto red. Es decir, no se adapta la red a las exigencias del sector, sino que se condicionará el despliegue geográfico de los centros de datos para que se adapten adonde haya prevista red, cuyo despliegue está siendo demasiado lento. Sorprendente.
El Plan prevé 12 GW en electrolizadores al considerar un aumento importante en la producción de hidrógeno verde. Este espectacular crecimiento respecto a la realidad actual se producirá, al parecer, al margen de que la Agencia Internacional de las Energías Renovables reconozca que, en las condiciones actuales, el hidrógeno verde no es rentable y no lo será hasta dentro de muchos años. Algo similar a lo que ocurre con la tecnosolar, cuya presencia se prevé duplicar a pesar de que, a fecha de hoy, no salen los números. Algo que, podremos ver, también, en los ciclos combinados (gas) obligados a mantenerse activos hasta 2030, a pesar de que las escasas horas al año en que se requiera su producción no les haga rentables.
El más que dudoso aumento de la demanda es necesario, sin embargo, en la pizarra en que se ha diseñado el modelo para justificar el espectacular avance de las renovables, sobre todo, fotovoltaica, presentado como auténtica bandera del Plan, cuando los datos indican que, con los precios actuales a la baja, empieza a hacerse evidente que muchas de las inversiones necesarias para alcanzar esos objetivos no serán rentables. Si se pregunta a los expertos, las inversiones anunciadas seguirán adelante, pero las futuras necesarias para lo escrito en el Plan están en el aire y, en todo caso, estarán muy lejos del 15% de rentabilidad que prevén los fondos hoy. Entre otras cosas, porque a falta de regulación adecuada del almacenamiento, los vertidos de energía renovable a precio cero, serán muy superiores a lo apuntado en un papel que lo aguanta todo. Incluso una previsión de incremento de bombeo en hidráulica que no tiene en cuenta, de nuevo, que las cuantiosas inversiones que requiere, no tienen, con la actual regulación, ninguna garantía de viabilidad.
Para que el Plan tuviera cierta credibilidad, haría falta un doble compromiso que no se vislumbra: regulativo y de ayudas públicas. Lo que constituye la cara oculta del PNIEC sin la cual es, poco más, que un ejercicio entre publicitario y de ciencia ficción, poco creíble a la luz de las deficiencias existentes hoy respecto a lo previsto en el anterior Plan. Hace falta ya un marco regulatorio claro y mayor coordinación con las comunidades en asuntos como: almacenamiento, pagos por capacidad, acceso a redes, puntos de recarga, inversiones flexibles en redes inteligentes, implantación de instalaciones de bioenergías y subvenciones públicas a precios en aquellas tecnologías nuevas que se quiere potenciar, pero que no son, de momento, rentables. Todo ello, en un contexto de mayor simplificación y rapidez en los trámites y permisos necesarios.
Es imposible calcular el coste de todo lo que debería acompañar al PNIEC, donde se reconoce la necesidad, en abstracto, de compensar a la población local donde se instalen proyectos renovables, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Pero se habla de 5.000 millones de euros más en inversiones en nuevas redes y se calcula que la subvención a las renovables (antes primas, ahora, precios de compra garantizados) cargadas en el recibo, rondan los 4.800 millones de euros de media al año, lo que explica el boom.
La transición energética es imprescindible, pero llevarla a cabo exige una fuerte inversión de dinero privado, pero también público, incluyendo nuevas ayudas de estado a la subvención temporal de precios en aquellas tecnologías que no sean rentables todavía. Mientras no se ponga esto sobre la balanza, con transparencia, estaremos ante el cuento de la lechera. Por eso, de manera prudencial, conviene hacerle caso a Draghi y revocar la decisión de cierre de las nucleares. De lo contrario, las echaremos de menos cuando ya no haya remedio. Y entonces, ¿a quién reclamaremos? ¿A la vicepresidenta europea, Ribera?
Jordi Sevilla es economista.