El reto de la competitividad de la UE: la importancia crítica de la regulación
Es imprescindible reconsiderar si todo lo que se ha legislado perjudica innecesariamente a la empresa del continente
Hace unos días hemos conocido el informe conducido por Mario Draghi sobre la competitividad europea, que se une al anteriormente realizado por otro peso pesado de la política del continente como Enrico Letta.
El diagnóstico es conocido: Europa crece menos que sus competidores y se enfrenta a retos diversos que pueden lastrar aún más su crecimiento en el futuro.
Los informes desgranan con acierto las causas explicativas de ese déficit de competitividad, pero prestan poca atención al que tiene mayor importancia: las diferencias en la educación y la cultura entre las grandes potencias económicas globales son notables y Europa carece del impulso de emprendimiento que sí es una característica de Estados Unidos. Igualmente, la complejidad de la gobernanza europea y el cortoplacismo de la política en los Estados contrasta con la capacidad de asumir retos estratégicos de largo plazo de China, con todos los matices que quieran añadirse a una y otra afirmación.
Buena parte de los problemas se evidencian en el plano tecnológico, donde la capacidad de innovación de las empresas europeas contrasta fuertemente con el tamaño y la fortaleza de las empresas tecnológicas norteamericanas y chinas, que, por su volumen de capitalización bursátil, su capacidad para captar talento global y sus millones de clientes, alcanzan una dimensión netamente superior, lo que produce efectos en todos los sectores económicos. En esto, la recién llegada, la inteligencia artificial generativa, es solo el último ejemplo.
Frente a grandes mercados con cientos de millones de habitantes y consumidores, la realidad es que el mercado interior europeo sigue sin ser una realidad, y esa carencia afecta sobre todo a algunos sectores estratégicos, como el sector financiero, el de la energía o las comunicaciones.
La necesidad de avanzar en la integración y armonización europea se hace también evidente, señalan los dos informes publicados, en otros sectores críticos como la salud, el transporte o la defensa.
Los informes ponen sobre la mesa diversas propuestas de mejora, algunas de las cuales tienen que ver con la posible financiación con fondos públicos procedentes de la emisión de eurobonos (iniciativa vetada una vez más por Alemania) y otras con la mejora de la regulación. Se habla, concretamente, de una necesidad adicional de financiación de 800.000 millones de euros anuales.
A pesar de la urgente necesidad de avanzar en las medidas propuestas, o en otras que las instituciones europeas puedan considerar relevantes, no parece que el presente contexto político vaya a facilitar las cosas: aunque el Parlamento Europeo muestra todavía una clara mayoría de los partidos más europeístas, lo cierto es que el avance de los extremistas de uno y otro signo, e incluso su presencia en los Gobiernos, hará difícil alcanzar los necesarios acuerdos entre las instituciones europeas e incluso dentro de ellas. Nunca como ahora fueron imprescindibles esos acuerdos y nunca como ahora parecen extremadamente difíciles de alcanzar entre quienes parten de posiciones tan distintas.
Sin embargo, los informes mencionan un factor en el que la capacidad de acción de la Comisión Europea es importante: la mejora de la regulación, que se traduciría en menos regulación y también mejor regulación, entendiendo por tal aquella que pueda contribuir a los fines pretendidos: el crecimiento económico, la competitividad o la innovación, sin poner en riesgo los derechos y los intereses de los ciudadanos.
Creo que los funcionarios hasta ahora dedicados a la producción de los cientos de miles de páginas de normas que las empresas deben aplicar deberían aprovechar la pausa regulatoria que parece anunciarse para revisar con sentido profundamente crítico todas las normas aprobadas en los últimos años con la clara intención de derogar todas las que contravengan esta necesidad estratégica urgente de renovación de la Unión Europea.
No se trata solo de normas. Más allá de la regulación, ambos informes hacen también referencia a revisar las políticas europeas de competencia, que en algo han contribuido a este resultado.
Las empresas europeas no necesitan tanto las ayudas públicas contempladas en los informes (aunque no niego que algunas sí), sino, sobre todo, liberarse de las trabas burocráticas, las cargas fiscales y las obligaciones de todo tipo que han llegado a asfixiar la competitividad y la capacidad de innovación de la economía europea. Podrían así alcanzar su máximo potencial de crecimiento y los bancos maximizar su capacidad para apoyar su transformación digital y sostenible.
Soy, por supuesto, defensor de la regulación, de la estabilidad financiera, del cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales, de la protección de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores y, como europeo, estoy muy orgulloso de que todo esto haya sido una prioridad, pero, llegado este punto, es imprescindible reconsiderar si todo lo que se ha regulado perjudica innecesariamente la competitividad de la empresa europea.
A veces es tan importante dejar hacer como hacer. Este es el verdadero reto. Mientras se habla de competitividad, la intervención pública en la economía no deja de crecer. Una contradicción aparentemente insalvable.
Una última reflexión: no se trata solo de Europa. La fragmentación regulatoria y la inexistencia de un auténtico mercado interior tiene, a menudo, más que ver con decisiones y legislaciones nacionales que europeas. Tiene que alcanzarse un consenso para que las políticas y regulaciones de los Estados se alineen con esta iniciativa europea. De lo contrario, avanzaremos poco.
Francisco Uría es socio responsable global de banca y mercados de capital de KPMG
