Un país decente protege a los menores
Invertir en infancia es socialmente rentable, además de éticamente correcto
La implantación en España de una prestación universal por crianza de 200 euros al mes bastaría para reducir un 50% nuestra pobreza infantil. Por ello, el ministro Bustinduy ha adelantado que la nueva Ley de Familias la incluirá. Y, la primera pregunta que surge es: ¿por qué hace falta una PUC en España? La segunda, ¿Por qué no de 400 euros, cuando el coste medio de la crianza se calcula en 690 euros al mes?
España es uno de los pocos países europeos que no dispone de una compensación pública universal por los costes asociados a la crianza. Tal vez por ello, somos el país europeo con menor tasa de fecundidad (los menores de 12 años han caído cuatro puntos porcentuales en los últimos años como proporción sobre la población total) y tenemos crecimiento vegetativo negativo; uno de los países con mayor tasa de pobreza infantil (32% en tasa AROPE); de los que menos invierten en política de familias e infancia (1,5% del PIB frente a 2,4% de media en la UE) y, de manera destacada, las actuales políticas tienen una escasa eficacia a la hora de combatir la pobreza.
Las políticas de infancia tienen un impacto directo sobre el desarrollo de los niños y su desempeño a lo largo de la vida, yendo mucho más allá de lo económico para incluir sanidad, educación, permisos maternidad/paternidad… Por ello debe actuarse en todos esos frentes de manera integral, como ha propuesta el Consejo Económico y Social en su reciente informe sobre derechos, calidad de vida y atención a la infancia. De la misma manera, bajo el nombre de políticas de infancia se engloban tanto aquellas destinadas a ayudar a los padres a soportar los costes de la crianza, políticas dirigidas a garantizar los derechos de los niños y la igualdad de oportunidades, así como medias orientadas a combatir la pobreza infantil.
Sin embargo, hay dos cosas claras: la vulnerabilidad durante la infancia conlleva elevados costes para el conjunto de la sociedad a lo largo de la vida de quien la sufre. En el caso de la UE se ha estimado dicho coste en 3,4% del PIB anual. Segunda, la pobreza infantil tiene una elevada vinculación con la renta monetaria de la familia y se concentra en hogares monoparentales y de migrantes, donde aumenta la tasa de carencia material severa. Invertir en infancia es, pues, socialmente rentable (además de éticamente correcto) al promover, a medio plazo, la equidad y la igualdad de oportunidades y hacerlo sobre la parte monetaria es básico, aunque no excluyente.
Por tanto, que una sociedad suficientemente rica y decente se plantee como objetivo colectivo favorecer el cuidado de menores mediante políticas públicas que incluyan una compensación por hijo al margen del nivel de renta de los padres es cosa recomendada por organizaciones tan dispares como la OCDE, UNICEF, Plataformas de Infancia o el CES. De hecho, la UE ha puesto en marcha la Garantía Infantil Europea que busca que todos los niños en riesgo de pobreza tengan acceso a los servicios esenciales, en el marco de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas.
Tenemos en España una amplia panoplia de instrumentos por parte del Gobierno central, como de las comunidades autónomas, dirigidos al apoyo a la infancia y a la familia que se concreta en el Estado central en 109 programas presupuestarios, distribuidos en 19 secciones ministeriales. Destacan: prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, deducción fiscal por hijo a cargo, prestación familiar por hijo o el complemento de ayuda para la infancia en el ingreso mínimo vital. A lo que se une las ayudas autonómicas. El resultado, sin embargo, es que el “actual sistema de protección de rentas familiares con menores es desequilibrado, limitado y fragmentado”, señala el CES.
Dado que la parte del león en las ayudas a hogares con hijos se canaliza a través del IRPF, quedan excluidos de las mismas aquellos cuyos bajos ingresos no hacen obligatorio presentar la declaración con el resultado de que se apoya más a las familias con mayores ingresos. El carácter regresivo de las ayudas fiscales ha sido puesto de relieve por la Comisión Europea en un estudio recientemente publicado: “Las deducciones fiscales benefician más a las rentas más altas”.
La amplia experiencia acumulada en políticas de infancia y las evidencias internacionales existentes aconsejan, en lo relativo a ayudas financieras, combinar de forma simultánea tres elementos: prestaciones universales por crianza, deducciones fiscales coordinadas con ayudas directas y medidas complementarias centradas en los más pobres (sobre todo en el tramo de cero a tres años). Estamos hablando de una profunda reordenación de las actuales políticas de infancia en España que debería concentrar su implementación en una agencia estatal buscando tres cosas: aumentar la inversión total en políticas de infancia; mayor impacto sobre la pobreza y mejorar la eficacia de las medidas. De manera operativa, junto a la aprobación de la Prestación Universal propuesta por (una parte del) Gobierno, coordinar todas las acciones con las comunidades autónomas (pactos políticos transversales) y alinear las ayudas canalizadas a través del IRPF con las ayudas directas, en una especie de impuesto negativo sobre la renta para las familias menos favorecidas (por cierto, este podría ser el camino para ir implantando una renta básica universal).
Más allá del hecho de que sea un Gobierno progresista quien presente una Ley de Familias mientras la ultraderecha, supuestamente católica y profamilia, abandona a los menores migrantes a su suerte y no dice nada sobre las terribles carencias de nuestros menores, la pregunta ahora es: ordenado los canales de transmisión de las ayudas monetarias, ¿por qué no ir más allá de los 200 euros en la Prestación Universal y marcarnos como objetivo acabar en esta legislatura con la pobreza infantil en España? ¡Que levante la mano quien esté en contra, además de los liberales de pandereta que critican la justicia social! Pues eso, ministro: más ambición, que en esto, te apoyamos (casi) todos los españoles. ¿A que sí, presidente?
Jordi Sevilla es economista.
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