¡Escuchen al gobernador y construyan pisos!
España necesita un Pacto de Estado sobre la vivienda y un nuevo marco, claro y eficaz, de colaboración público-privado, pero la polarización y la propaganda política lo obstaculizan
Una cosa es lo que se dice en campaña electoral y otra lo que se hace, luego, desde el Gobierno. Y habernos acostumbrado a ello forma parte del deterioro de la democracia en que hemos caído. Por ejemplo, la vivienda en España, sin duda, es uno de los principales problemas hoy (el cuarto según el CIS) por su repercusión sobre la brecha generacional entre jóvenes y mayores, o la social entre jóvenes, según sean de familias que les pueden ayudar con la vivienda o no.
Recordemos algunos datos: el alquiler en España absorbe un 40% del salario medio y sube mucho más que los salarios. Según la Comisión Europea, la vivienda en España está sobrevalorada un 20%, los precios no caen porque no hay nueva oferta y se ha incrementado el porcentaje de viviendas compradas por extranjeros (la supresión de la golden visa es, a estos efectos, un gesto a la galería porque supuso en 2023 el 0,6% de las ventas totales). El precio se sitúa, pues, muy por encima de los ingresos de las familias y un 63% de jóvenes entre 18 y 35 años siguen viviendo con sus padres en España, por una media del 42% en la UE. En España vive más gente en ciudades (51%) que en Europa y muchos más en pisos que en casas (65% frente al 42%). La vivienda, por la capacidad de revalorización que ha mostrado, se ha constituido en el principal depositario del ahorro de los españoles, a diferencia de otros países. Tanto en vivienda habitual, como en otros activos inmobiliarios (segundas residencias, solares…).
Así, el porcentaje de los ingresos dedicado a la vivienda en España ha sido y es superior a la media europea, lo que afecta al consumo de bienes y a la inversión en otros sectores. La escasez de viviendas se ha constituido en un “cuello de botella de la economía” (R. Torres), absorbiendo un exceso de recursos, ayudando a explicar la baja inversión total, la persistencia del paro y la reducida movilidad geográfica de los trabajadores.
Otras tres diferencias estructurales se pueden establecer entre España y Europa en este mercado: aquí hay más vivienda en propiedad (76%), el porcentaje de vivienda social es muchísimo más bajo aquí (apenas el 2′5% del stock, frente al 9%; haría falta construir dos millones para equipararse a la media europea) y lo escaso del gasto público en vivienda que no alcanza ni el 1% del PIB. Y otra más coyuntural, derivada de los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008: se ha producido un parón en la construcción de vivienda nueva, hasta situarse por debajo del número anual de nuevos hogares (150.000).
Hay mucha más demanda de viviendas que oferta. Por eso, el gobernador del Banco de España, en un reciente coloquio en Barcelona, fue muy tajante: “cualquier medida que no ayude a incrementar la oferta, no ayudará a resolver el problema de la vivienda”. Con esta afirmación, coincidía con lo defendido por el candidato Sánchez en la pasada campaña electoral cuando pareció descubrir donde estaba el problema, al prometer la construcción de 100.000 viviendas en alquiler a precio asequible, empezando por convertir en vivienda social una parte del parque en posesión de la Sareb.
Así, uno de los principales y más urgentes problemas de la sociedad española parecía entrar en vías de solución, tras una legislatura sin medidas en la materia por falta de acuerdo entre los socios. Sobre todo, porque las propuestas del principal partido de la oposición se alineaban con incentivar la construcción de nuevas viviendas e incluían una ayuda pública de acceso a la vivienda para jóvenes con recursos limitados que, luego, el candidato socialista también asumió. Si la gravedad del problema, el diagnóstico y las soluciones estaban claros para (casi) todos, ¿Por qué el gobernador se ha visto obligado a recordarlo, casi un año después de la campaña?
Porque otras urgencias políticas, necesarias para formar mayorías, se han cruzado en el camino, volviendo a situar la prometida nueva política de vivienda en un segundo plano marcado por dos realidades: el anunciado fracaso en la aplicación del límite a los alquileres previstos en la Ley de Vivienda recién entrada en vigor y la conversión del resto de los anuncios sobre vivienda en titulares, con mayor impacto publicitario que real. Por ejemplo, la propuesta de que 50.000 viviendas de la Sareb se iban a transformar en alquiler social (nada nuevo, ya que ya hay 28.000 personas vulnerables que viven en pisos de la Sareb gracias a convenios suscritos con las administraciones territoriales) o los 4000 millones de euros en préstamos del ICO a promotores para construir vivienda social y asequible, publicitado en reunión en La Moncloa.
Si regresamos a la pregunta, el gobernador habla de incrementar la oferta de viviendas, no de los anuncios sobre incrementarla. Y ahí es donde se atasca la propaganda porque los dos mayores frenos a la construcción de nueva vivienda (libre o social) son la falta de suelo adecuado y la excesiva dilación de los trámites administrativos para calificarlos y construir. Por ello, para pasar del dicho al hecho hay que poner en marcha las reformas legislativas precisas para facilitar la disponibilidad de más suelo, simplificar y agilizar los trámites administrativos, reduciendo trabas, eliminando la total discrecionalidad y reforzando la seguridad jurídica.
Y dado el reparto de competencias sobre la materia entre Gobierno central, autonomías y ayuntamientos, así como el peso de la iniciativa privada en la actividad, poco se podrá hacer sin dos piezas claves: un Pacto de Estado sobre la vivienda y un nuevo marco, claro y eficaz, de colaboración público-privado. Pero la dominante polarización política, la campaña electoral permanente y un viejuno regusto anti sector privado por parte de sectores del Gobierno, impiden ambos acuerdos. De momento. Lo que nos deja, también aquí, colgados de anuncios y promesas, más que de realidades. ¡Escuchen al gobernador, construyan pisos, no solo anuncien en campaña que lo van a hacer!
Jordi Sevilla es economista
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