El ala este de la Moncloa
España debería ser capaz de dejar la pobreza infantil al margen del show partitocrático y alcanzar un acuerdo que permita erradicarla
Entre tanto ruido y espectáculos bochornosos como nos está dando eso que algunos llaman política, reconforta encontrar ministros que intentan hacer su trabajo: mejorar la vida de la gente, aunque con ello no abran ningún informativo. Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia) se han empeñado en una iniciativa loable por tres razones: su objetivo (erradicar la pobreza infantil), su instrumento (prestación universal) y su método (pacto de Estado).
Que España tenga una de las mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea es algo que debería indignarnos a todos. Porque los niños no eligen la familia en la que nacen y, por tanto, padecen una situación sobrevenida de la que no son responsables. Por razones de fraternidad democrática deberíamos ocuparnos de la pobreza infantil, ya que, no hacerlo, vulnera gravemente derechos de la infancia. Pero, además, los que creemos en la igualdad de oportunidades y en la meritocracia (de verdad) tenemos que corregir esa situación para asegurar la mayor equidad posible en el punto de partida de todos, nazcan en la familia que lo hagan. Lo contrario, es dejar que su posición social cuando crezcan dependa más de factores heredados que de sus méritos. Y sabemos que la pobreza se hereda mucho más que la riqueza.
Según UNICEF, España, con un 28% de pobreza infantil, se sitúa en el puesto 36 de 39 países ricos analizados. Pero los datos muestran también que ha permanecido relativamente estable en los últimos años. La situación no mejora si se analiza la pobreza multidimensional, que incluye, además, privación material, social y problemas de vivienda (goteras, sin calefacción etc.). Estamos hablando de uno 2.600.000 millones de niños que están en España en riesgo de pobreza o exclusión social.
En España, la pobreza infantil es crónica y los tres colectivos más golpeados son: familias migrantes, colectivo gitano y familias monoparentales, sobre todo, mujeres. Y según Save the Children, más de la mitad de las familias pobres que ellos atienden tiene trabajo, aunque con jornada reducida para atender a hijos. Y esta pobreza crónica se asocia a problemas de salud, de aprendizaje, abandono escolar y de comportamiento en los niños que pueden arrastrarlos durante toda su vida.
La experiencia internacional demuestra que hay países que han mejorado de forma sensible dicha pobreza en los últimos años y que hacerlo, no depende del nivel de renta, ni de la marcha de la economía. Depende, sobre todo, de la voluntad política de abordarlo y de las políticas sociales específicas puestas en marcha, de su dirección, intensidad y duración.
Y, para eso, bastaría que cumpliéramos con la recomendación del Consejo Europeo de 2021 de poner en marcha la Garantía Infantil dirigida a invertir fondos para la lucha contra la pobreza infantil, enmarcada en un plan de acción estatal, aprobado por el Gobierno en julio de 2022, y que es lo que, ahora, quieren impulsar los ministros citados. Un plan hasta 2030, con dotación del Fondo Social Europeo y de los Next Generation, y que incluye tres ejes, 88 medidas y no menos de nueve reformas, con un enfoque integrado, multidimensional y centrado en la persona, con indicadores que permitirán evaluar su aplicación y que debe incluir ayudas monetarias, pero también el acceso universal y gratuito a educación, sanidad, vivienda digna y alimentación adecuada.
El ministro Bustinduy, recogiendo la solicitud de organizaciones de la infancia y la práctica de varios países europeos, propone aprobar una prestación universal por crianza, en línea con la Garantía Infantil europea, que, en unos casos, sería deducible en el IRPF y en otros se cobraría como ayuda directa. Con ello corregiríamos la vergonzosa anomalía de ser un país europeo con elevada tasa de pobreza infantil y pocas medidas eficaces para combatirlo.
La gobernanza de este plan plurianual exige la adecuada coordinación entre Gobierno central y autonomías, que deben establecer, dentro de sus competencias, un programa operativo adecuándolo a su situación concreta y complementándolo con financiación propia. Este hecho, además del sentido común, exige que el plan estatal deba de ser consensuado en un verdadero pacto de Estado, que para ser completo debe tener en cuenta también mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a este objetivo. Parece que los ministros citados ya han mantenido reuniones con la Plataforma de Organizaciones de Infancia antes de convocar la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, a pesar de que la ausencia de Presupuestos puede significar alguna dificultad burocrática añadida.
A los economistas nos gusta analizar el coste de oportunidad de las cosas y, en este caso, cuál es el coste de no hacer nada contra la pobreza infantil desde la acción del Estado. En el plano monetario, se han presentado recientemente dos informes sobre dicho coste en España, uno de la OCDE y otro de la Fundación La Caixa, elaborado por las expertas Olga Cantó y Libertad González. Y, a pesar de la diferente metodología, la cifra estimada en ambos oscila entre un coste equivalente al 4%-5% del PIB. Mucho dinero.
En términos democráticos, debemos valorar, además, en caso de no hacer nada, la vulneración de derechos de la infancia que supone. Y las consecuencias de ello sobre esos niños cuando se convierten en ciudadanos: crece ya entre los jóvenes españoles, según el CIS, el desapego a la democracia, sobre todo, porque no se sienten protegidos por la misma, ni que los progresos económicos del país les beneficien: fracaso escolar, precariedad laboral, no acceso a vivienda, el ascensor social estropeado. No hacer nada hoy con la pobreza infantil es mermar potencial de bienestar social y alimentar, mañana, a seguidores radicales del populismo autoritario, supuestamente más eficaz.
Por todo ello, espero/deseo que se consiga dejar este asunto al margen del show partitocrático y se alcance un acuerdo que permita erradicar la pobreza infantil en España. Sería un éxito de los que hacen país. Y no andamos sobrados de ellos.
Jordi Sevilla es economista
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
