La nuclear, revisitada
Se debería crear una subcomisión parlamentaria que llame a expertos, empresas y afectados y estudie si conviene mantener el peso actual de esta energía en el mix
La energía nuclear juega “un papel clave para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050″ y alcanzar el objetivo de 1,5ºC. Por ello, triplicar su capacidad de producción para 2050 es uno de los compromisos firmados durante la reciente COP 28 de Dubai sobre el clima por 22 países, incluyendo EE UU, Canadá o Francia. Previamente, tanto la Comisión Europea como el Parlamento ya habían reconocido el papel de la energía nuclear en la transición que contribuye a mitigar el cambio climático al incluirla dentro de la taxonomía verde, con el apoyo de España.
Estas decisiones se adoptan basándose en algunos hechos novedosos: la energía nuclear no emite CO2 y, por tanto, si la lucha contra estas emisiones es la máxima prioridad mundial hoy, parece prudente no renunciar a un instrumento que puede ser imprescindible, viendo la dificultad que encierra cumplir los compromisos de París; las energías renovables, que siguen siendo la principal apuesta, no son constantes, no garantizan el suministro de electricidad y menos, sin haber desarrollado las redes eléctricas, el almacenamiento y las interconexiones suficientes. Las renovables necesitan energías de respaldo que cubran los huecos de suministro y den firmeza al sistema eléctrico, y estas son el gas, que emite CO2, o la nuclear; la tecnología nuclear ha evolucionado mucho en las últimas décadas en tres direcciones: incremento de la seguridad (incluyendo control de residuos), eficiencia (menos residuos) y centrales más pequeñas (reactores modulares pequeños).
En este momento hay 60 reactores nucleares en construcción en el mundo, con importantes planes de expansión en países asiáticos (Japón, India y China en cabeza), pero también europeos como Francia y Reino Unido. Todas las proyecciones hacia 2050 destacan un aumento significativo de la energía nuclear en el mix energético mundial, tanto por razones de lucha contra el cambio climático, como de seguridad energética y garantía de suministro.
¿No deberían llevar todos estos cambios al Gobierno a replantearse su apuesta por eliminar la energía nuclear del abanico de soluciones tecnológicas para España o, cuanto menos, a revisar su calendario de cierre de los actuales siete reactores? ¿No sería sensato abrir un período de consultas al respecto con las empresas, el sector y los partidos, sin prejuzgar el resultado?
La moratoria nuclear fue aprobada por el primer Gobierno socialista dentro del Plan Energético Nacional de 1983. En medio de una fuerte caída de la demanda eléctrica, por la crisis económica y elevados costes financieros, fue, en realidad, un rescate financiero de las centrales en construcción -por las compensaciones concedidas-, acompañando la reestructuración total de un sector eléctrico altamente deficitario, con amenazas terroristas a las centrales y en un contexto mundial de seria preocupación por la acumulación de accidentes nucleares. Aunque la moratoria finalizó legalmente en 1997, ningún Gobierno ha autorizado, desde entonces, la construcción de nuevas centrales nucleares en España.
Entre 1999, primera vez que pusimos en un programa electoral del PSOE la intención de cerrar las centrales nucleares al llegar a los 40 años de vida útil, hasta hoy, demasiadas cosas y muy importantes han cambiado en el mundo, como para que sea aconsejable revisar aquella decisión, retomada en el programa de 2015 y materializada mediante el acuerdo, en 2019, entre el Gobierno y las empresas dueñas de las actuales cinco centrales españolas que aceptaron el cierre ante la negativa del Ejecutivo a revisar las condiciones de la inversión de tal manera que su prórroga (técnicamente posible y sujeta a dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear) fuera económicamente viable.
Y el momento de la reflexión es ahora, cuando estamos a semanas de que el Gobierno certifique, o no, el apagón del primer reactor de Almaraz previsto para 2027, contra el que, por cierto, ya se ha pronunciado la Junta de Extremadura, que exige su mantenimiento, y sobre el que es preceptivo un informe del operador del sistema eléctrico sobre cómo afectará dicho cierre a la garantía de suministro eléctrico.
La energía nuclear aporta hoy en España el 6% de la potencia total instalada y proporciona la cobertura de un 20% de la demanda, incluso el año pasado, cuando las renovables superaron, por vez primera, el 50% del mix de cobertura eléctrica. En conjunto, pues, la gran mayoría de producción eléctrica se efectúa ya hoy en España mediante energías limpias que no emiten CO2.
No ocurre así con el total de consumo energético del país: según datos oficiales, si incluimos transporte y vivienda, el petróleo y el gas, emisores de CO2, aportan casi el 70% de la energía consumida en el país. Queda, pues, mucho camino por recorrer y parece excesivamente arriesgado apostarlo todo a más electrificación con renovables o hidrógeno. Por ello, la última revisión del Plan Nacional de Energía y Clima ha sido valorada como un ejercicio de optimismo dogmático y el organismo independiente ECNO ha dicho que la política de reducción de emisiones de España es “insuficientemente detallada e incoherente”.
Apoyándose en la taxonomía de la UE y en los compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2, se debería crear en el Parlamento una subcomisión que llame a comparecer a los expertos, empresas y afectados, y estudie la conveniencia de mantener el peso actual de la energía nuclear en el mix energético español, analizando el marco fiscal, económico y de seguridad que, en su caso, lo haría posible con nuevas centrales que sustituyan a las que, en su caso, se den de baja. Y, mientras tanto, se debería aplazar el actual calendario de cierre de las centrales existentes, cuyas condiciones pactadas ha roto el Gobierno al incrementar de manera unilateral un 40% la tasa por residuos que pagan las empresas.
No prejuzgo las conclusiones de la subcomisión. Pero creo que una decisión tan transcendente para el futuro del país debe adoptarse hoy de manera suficientemente informada y pactada, dejando los prejuicios y las viejas consignas militantes al margen. Porque, en estos asuntos, los errores de unos pocos, cuestan mucho, a mucha gente y al país.
Jordi Sevilla es economista
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