La desescalada de las medidas anticrisis, un delicado equilibrio
El margen de seis meses para retirar las bajadas de impuestos limita el impacto sobre las familias
El descenso suele ser más complicado que la subida, y no solo en el montañismo. Sean los bancos centrales normalizando los tipos de interés, las autoridades sanitarias intentando retirar las medidas extraordinarias adoptadas para contener la pandemia o, en este caso, los planes para mitigar el impacto de la inflación, es más complejo calibrar la normalidad que lo extraordinario. Prueba de ello son los tiempos: el Gobierno ha anunciado la desescalada de las medidas anticrisis cuando quedaban apenas tres días laborables para que gran parte de ellas expiraran. Obviamente, ello es consecuencia de la diversidad inherente a un Ejecutivo de coalición, pero también de un delicado equilibrio a varias bandas.
El consenso de expertos y las instituciones económicas apunta desde hace meses la conveniencia de iniciar esta desescalada, en particular en lo relativo a que las medidas de apoyo se dirigen a toda la población, y no solamente a los colectivos más castigados por la subida de precios. El contexto económico cambia en los últimos años a una velocidad nunca vista, y, por lo tanto, el balance de riesgos. Por más que España haya capeado la subida de tipos sin notar el yugo del mercado, las curvas pueden acechar a la vuelta de la esquina; las reglas fiscales europeas son un incentivo adicional para mostrar el compromiso con la sostenibilidad del déficit.
El margen de seis meses para retirar las bajadas de impuestos limita el impacto sobre las familias y, también, sobre los propios datos de IPC, pues este es un delicado equilibrio que el Ejecutivo también debe mantener. Una fuerte subida de precios, por más que fuera inducida, elevaría el riesgo de efectos de segunda ronda.
Más espinoso es el asunto de los impuestos a banca y energéticas. En el último consejo de ministros de Nadia Calviño, Sánchez ha dado una patada hacia adelante: los impuestos se prorrogan un año y se modificarán los términos dentro de la ley de Presupuestos de 2024, con el objetivo de convertirlos en permanentes. El Gobierno hace bueno el viejo dicho de los fiscalistas según el cual los impuestos temporales no existen. Moncloa y los Ministerios de Hacienda y Economía deberán hilar fino: siendo indudable el viento de cola que han disfrutado ambos sectores en los últimos dos años, convertir la tasa en permanente multiplica sus efectos, tanto recaudatorios como secundarios. Las modificaciones a la tasa energética (que se calcula sobre ingresos y no sobre beneficios) son, probablemente, solo el principio del camino.
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