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Opa hostil
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los efectos colaterales del ‘lawfare’ y el bloqueo judicial en la inversión

Inquietud por la mayor litigiosidad y el aumento de los plazos de la justicia, con la renovación del CGPJ pendiente y 85 vacantes en los tribunales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante el acto por el Día de la Constitución celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante el acto por el Día de la Constitución celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados.Mariscal (EFE)

Apenas les separaban una decena de metros, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se evitaron cordialmente el pasado miércoles, durante la celebración del 45 aniversario de la Constitución. De hecho, el popular tuvo que enterarse por la prensa de que el socialista planea convocarle antes de final de año para avanzar de una vez por todas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un bloqueo de años que mantiene el PP y ha provocado un atasco en la justicia sin precedentes, con hasta 85 vacantes sin cubrir en los principales tribunales del país. El fiasco no solo tiene implicaciones políticas de altura, sino también económicas, tanto por la asfixia de los tribunales –con las salas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en el foco–, como por la imagen de fragilidad institucional que se traslada al inversor.

Fuentes de uno de los principales fondos presentes en España apuntan que, en el actual escenario poselectoral, la mayor desazón a la hora de plantearse nuevas inversiones en el país no radica ni de lejos en la ley de amnistía ni en la incertidumbre por la posible vuelta de las empresas a Cataluña, sino en las eternas cuestiones fiscales y laborales –véase, por ejemplo, la apuesta por las 37,5 horas semanales–, así como en la perspectiva de mayor litigiosidad por la polarización de las posturas de los partidos mayoritarios y su incapacidad para resolver el bloqueo judicial. La introducción en la negociación entre PSOE y Junts del concepto de lawfare (entendido como el abuso de la justicia para perjudicar a un oponente) no ayuda en lo que supone de desprestigio del poder judicial y de admisión de que procesos judiciales concretos pueden estar sujetos a un mayor o menor nivel de politización. Un marco en el que los tiempos de la justicia y la dilación en las resoluciones también son un factor para quien acomete una inversión.

Según datos del Ministerio de Justicia, recogidos por el propio CGPJ, los juzgados superaron en el arranque de 2023 los 5.000 millones inmovilizados en forma de fianzas, embargos y otros depósitos. La liberación de esos fondos, que se retienen para, por ejemplo, garantizar el pago a un afectado dentro de un litigio, depende de lo que tarde en sustanciarse el pleito y del correspondiente plácet administrativo. Es decir, cuanto más lenta es la justicia, más engorda la bolsa. Se trata de una cifra que, con el correr de los años y de parálisis judicial, se ha incrementado de forma exponencial. En el último año prepandemia, apenas superaba los 4.000 millones. Después de las diferentes huelgas convocadas por letrados y funcionarios judiciales en 2023, el montante congelado se había más que duplicado. Carlos Lesmes, expresidente del Tribunal Supremo, ya alertó en su día del problema que supone que tan altas cantidades de dinero estén fuera del circuito económico, y vinculó directamente su reingreso a la mejoría de la seguridad jurídica. En un caso de economía ficción, el dinero bloqueado permitiría comprar en torno al 25% de firmas del Ibex como Telefónica, Ferrovial o Endesa.

La lentitud en la resolución de las causas también tiene implicaciones en las decisiones a título personal de quienes tienen que invertir o embarcarse en una aventura empresarial en España Durante la madrugada del 6 al 7 junio de 2017, el histórico Banco Popular pasaba a mejor vida a manos de la Junta Única de Resolución (JUR), dependiente de la Unión Bancaria Europea. La Audiencia Nacional abría una causa penal en octubre de ese año. La investigación concluía el 27 de abril de este 2023 y todavía, seis años después de que el caso diera sus primeros pasos, no se ha resuelto si habrá juicio o la causa acabará en archivo. Quienes por el camino han visto cómo se esfumaba su inversión o, sobre todo, quienes han resultado imputados y visto su trayectoria profesional truncada, lamentan sin ambages el interminable rosario de diligencias y demoras. El dinero puede volver, el tiempo seguro que no. Entre bambalinas, desgranan los consejos y las oportunidades de gestión perdidas, víctimas de las duras normativas de gobernanza de las firmas cotizadas.

Quizás en este contexto deban entenderse unas incisivas –aunque para muchos inadvertidas– declaraciones formuladas recientemente por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que con intención ligaba las estrategias procesales de las grandes corporaciones con los intereses de quienes pueden orquestarlas y podrían verse más perjudicados por los propios tiempos y debilidades de la justicia. “Hay una tentación muy fuerte de las empresas de trasladar la responsabilidad a la persona física, intentando eludir la propia responsabilidad de la personal jurídica, o incluso dentro de esa investigación dirigir esa responsabilidad hacia los órganos inferiores de la empresa, quedando a salvo siempre los órganos directivos”, zanjó durante un desayuno informativo. Puede que incluso se mordiera la lengua. En privado, fiscales incluso deslizan que hay estrategias legales en apariencia orientadas a favorecer la responsabilidad de la persona jurídica siempre que eso libere de cargas a las cúpulas directivas. El caso Villarejo es una buena piedra de toque.

Los inversores también saben sumar dos más dos y detectan lo poco que valen los tribunales, más allá de una medida de presión más, cuando el aroma de la política hace acto de presencia. El “rediseño” del impuesto energético confirmado esta semana por Pedro Sánchez, y que ya figuraba en los acuerdos con Sumar, ha sido percibido sin ambages por el sector como el triunfo de las presiones del PNV, socio de Gobierno del PSOE, en defensa de los intereses de las Iberdrola y Repsol (Petronor), inusualmente crítica esta última con el Ejecutivo en las últimas semanas. Ni que decir tiene que todo el sector había acudido en tromba a los tribunales a reclamar por el primer diseño del tributo. Debieron pensar, si la hipótesis es correcta, que mejor resolver por la vía directa de la política lo que la justicia tardará años en dilucidar. Toma el dinero y corre.

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