Es tiempo de enterrar el hacha de guerra de las renovables

España necesita cerrar el error regulatorio pasado con un acuerdo político. Hay que resolver el conflicto sin que la solución grave el precio de la electricidad

La introducción de nuevas tecnologías para movilizar a los inversores privados y ampliar el resultado del esfuerzo público conlleva riesgos que es necesario compensar económicamente y con seguridad jurídica. Ambos conceptos son claves en la estructura de cualquier iniciativa de desarrollo. La implementación de renovables en España, como en casi todos los países, contó a principios de este siglo, con un marco retributivo que generó un mercado real que ha supuesto que las renovables sean consideradas por todos como las fuentes de energía del presente y del futuro.

España apostó por campañas de captación de inversores nacionales e internacionales mediante el establecimiento de un marco regulatorio que permitiera alcanzar, por ejemplo, en fotovoltaica, un objetivo de 400 MW instalados en 2010. La iniciativa contó con una sugerente publicidad, llevada a cabo por el IDAE, bajo el eslogan: el Sol puede ser tuyo, en la que no solo se reflejaba que la inversión era un compromiso con España, sino, que incluía, de forma explícita: “La rentabilidad de su inversión es razonable pudiendo llegar en ocasiones hasta el 15%”.

Para la fotovoltaica se fijó una retribución del kWh partiendo de un supuesto de inversión media sobre los 7,5 euros/Wp instalado, quedando su validez definida para aquellas plantas que se conectaran a la red eléctrica en un periodo de un año, desde que se alcanzara el 85% de la potencia objetivo, fecha límite que resultó ser el 28 de septiembre de 2008.

Los avances industriales a nivel mundial provocaron una caída drástica de los precios de los paneles a partir de finales de 2007, lo que redujo la inversión final paras plantas de gran tamaño a 5 euros/Wp, frente los 7,5 con los que se había calculado la retribución. Esta situación provocó un efecto llamada y un proceso de ejecución acelerada para aprovechar un marco retributivo que generaba unas plusvalías en el mercado de 2 a 3 millones de euros/MW y que supuso la instalación, a finales de 2008, según la CNE, de 3.208 MW, ocho veces más que el objetivo fijado para 2010. Aquel incremento de potencia instalada supuso que en 2013 los costes introducidos en la tarifa, por la apuesta renovable, alcanzaran un valor máximo de 6.772 millones de euros, de los que 2.892 millones de euros tuvieron como origen la fotovoltaica. Las plusvalías latentes, definidas entre el valor descontado de los ingresos esperados, fijados por la regulación, y la inversión realizada, provocaron multitud de ventas de proyectos, principalmente a fondos de inversión extranjeros que acabaron pagando, como mínimo, los 7,5 euros/Wp con los que se había fijado inicialmente el precio del KWh.

Tanto el Gobierno del PSOE (2009) como, fundamentalmente, el del PP (2013) introdujeron recortes en la retribución a las renovables con carácter retroactivo de más de 1.500 millones de euros/año, lo que puso en riesgo la viabilidad financiera de las inversiones, sobre todo en el caso de inversores particulares que habían asumido inversiones en el rango utilizado por la regulación y habían puesto como garantía de pago de los préstamos firmados su patrimonio familiar. En 2014, en la Orden IET/1045/2014, con sus 1.761 páginas, se fijó una nueva retribución por tecnología y año de entrada, que supuso la conversión de las inversiones renovables en un producto financiero.

Los inversores que habían visto modificadas las reglas de juego y la rentabilidad esperada iniciaron procesos legales en contra de los recortes, actuando de forma diferente según la nacionalidad del inversor. Los extranjeros se acogieron a la Carta de la Energía, presentando hasta la fecha 55 demandas de arbitraje internacional contra el Reino de España. El lento proceso de arbitrajes ha supuesto que, a fecha de hoy, se hayan resuelto 31, de los que 9 han sido favorables a España.

Peor suerte tuvieron los inversores españoles, a los que la justicia les sentenció con el argumento de que cuando hicieron las inversiones deberían haber valorado que los marcos regulatorios pueden ser modificados con efectos retroactivos. Curiosamente, la directiva de renovables de 2018 prohibió la modificación de normas con efectos retroactivos para evitar una situación como la vivida en España. En definitiva, para el inversor español la justicia validó los recortes y a los inversores extranjeros los arbitrajes les van reconociendo el daño ocasionado por el cambio regulatorio.

El Gobierno de España asumió en el RDL 17/2019 el (redundante) reconocimiento de una rentabilidad razonable para las inversiones llevadas a cabo, a pesar de que las valoraciones realizadas para ese cálculo por el gobierno del PP en la reforma de 2013 no reflejaban la realidad de lo que se había invertido. Este esfuerzo, reconocible, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no ha sido suficiente para que se alcance un acuerdo final y dejar atrás los errores de la política regulatoria y recuperar, sin sombras, nuestra imagen como país fiable, en consonancia con los ambiciosos objetivos de inversión en su apuesta por las renovables.

Recuperar la justicia con quienes creyeron en la seguridad jurídica del Estado supone abrir de nuevo una línea de diálogo para alcanzar acuerdos globales que deberían considerar, cuando menos, los efectos de la inflación sobre los costes de operación, mantenimiento preventivo y sobre la rentabilidad razonable fijada del 7,39%.

Tenemos que resolver los problemas del pasado sin que la solución del conflicto grave el precio de la electricidad, lo que sería posible si se aprobara el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, FNSSE, paralizado en el Congreso desde 2021. Necesitamos que los sobrecostes producidos en la transición energética sean asumidos por todos los consumidores de energía y no solo por los eléctricos, sobre todo cuando la política energética pretende apoyar la electrificación y erradicar los combustibles fósiles.

España necesita cerrar el error regulatorio pasado con un acuerdo político. Soy consciente de que los especuladores se aprovecharon de la situación y que alcanzar un acuerdo con todos los afectados no es sencillo, pero es una obligación seguir intentándolo porque todavía quedan muchos inversores que han sufrido y sufren el abandono del Estado por el simple hecho de creer que las promesas políticas se cumplen.

Fernando Ferrando es presidente de Fundación Renovables

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