Gran Bretaña resuelve la mitad de su problema de energía eólica
Londres suaviza las condiciones de sus subastas para evitar que se queden desiertas, pero lleva retraso
Puede que la eólica británica no sea un fracaso después de todo. Dos meses después de sufrir la indignidad de que ningún promotor pujara en su última subasta de subvenciones a la eólica marina, el Gobierno del país ha suavizado considerablemente sus condiciones para la ronda de licitaciones del año que viene. Eso garantizará que haya interesados, pero el retraso implica que Londres tendrá que ampliar las subastas para alcanzar sus objetivos de emisiones netas cero.
Como parte del objetivo de Reino Unido de reducir para 2030 las emisiones nacionales en un 68% con respecto a 1990, su sector energético tiene que reducir sus emisiones de CO2 de 54 millones de toneladas en 2023 a unos 15 millones en siete años. La envergadura de los proyectos eólicos marinos los convierte en una pieza fundamental, por lo que resulta muy preocupante que nadie pujara por construir capacidad en la ronda del 5 de septiembre, y que la sueca Vattenfall renunciara en julio a un proyecto en el Mar del Norte en el que ya estaba trabajando.
El problema básico era que las subvenciones solo permitían a los licitadores vender electricidad a menos de 45 libras por megavatio hora (MWh), a precios de 2012. Si se tienen en cuenta dolores de cabeza como un aumento del 30% en los costes de las turbinas eólicas, esto implicaba solo una tasa interna de rentabilidad (TIR) no apalancada del 7% para los promotores, según Jefferies, más o menos el nivel de sus costes medios ponderados de capital.
El Gobierno, que se ha dado cuenta tarde del problema, está evitando al menos las medias tintas. Un aumento del 66% en el precio máximo permitido, hasta 73 libras/MWh a precios de 2012, eleva la TIR al 10%, según Jefferies, en línea con lo que pretenden empresas como Orsted. Aunque en el proceso de subasta el precio caiga un poco, al menos habrá licitadores. Y aunque esto signifique que los británicos pagarán más por su electricidad, la espiral de precios del gas significa que ya lo estaban haciendo. El Grantham Research Institute señala que la media semanal nacional de los contratos de suministro a plazo de electricidad ha superado las 100 libras por megavatio hora en un periodo de dos años.
Pero la reciente demora tiene su lado negativo. Gran Bretaña necesita 50 gigavatios (GW) de eólica marina para 2030, frente a los 14 GW ya construidos y los 13 GW en desarrollo. Con la posibilidad de que los promotores abandonen hasta 4 GW de proyectos existentes por su escasa rentabilidad, quedan por subastar, autorizar y construir hasta 27 GW en un plazo mínimo. La consultora LCPDelta calcula que se necesitan 12 GW en las dos próximas subastas, muy por encima de los volúmenes anteriores, con una consiguiente factura de subvenciones más abultada. Con todo, los políticos británicos, que ya han metido la pata en una ocasión, tienen menos probabilidades de volver a hacerlo.
Alemania
El Tribunal Constitucional alemán ha tachado de inconstitucional la contabilidad creativa que usó el Gobierno para financiar su fondo de inversión verde de 60.000 millones de euros. A corto plazo, los legisladores tendrán que encontrar nuevas formas de cubrir los gastos comprometidos, o bien deberán recortar futuras inversiones. Con el tiempo, la medida debilitará tanto a Alemania como a Europa.
El golpe llega en un mal momento. La economía alemana, que se contrajo un 0,1% desestacionalizado entre julio y septiembre, solo ha crecido en dos de los últimos seis trimestres. El rígido freno de la deuda del país, que restringe el déficit anual al 0,35% del PIB una vez contabilizados los vaivenes económicos y los factores puntuales, limita su margen para invertir.
Por eso, Berlín había previsto utilizar las exenciones presupuestarias concedidas durante la pandemia para respaldar un nuevo fondo de subvenciones energéticas, plantas de chips y otras inversiones verdes. La decisión del Tribunal implica que gran parte del fondo tendrá que financiarse con otras fuentes, o abandonarse, lo que perjudicará al crecimiento.
La sentencia también significa que el Ejecutivo probablemente seguirá limitado por el freno de la deuda. Históricamente, los legisladores han recurrido a instrumentos fuera de balance para sortearlo. La sentencia del Tribunal puede alentar una contabilidad más creativa para evitar una crisis económica. Pero ahora puede resultar más difícil. Armin Steinbach, catedrático de Derecho de la HEC de París, afirma que el Tribunal de Karlsruhe ha tenido por costumbre advertir de las prácticas ilegales al tiempo que permitía a los políticos cierta discreción, por ejemplo, cuando no bloqueó el fondo de rescate de la zona euro. Pero esta vez, en un contexto más doméstico, ha actuado con agresividad, elevando las apuestas para futuras disputas.
La mejor manera de atajar el estancamiento del crecimiento sería derogar el freno de la deuda y adoptar un enfoque más directo de las finanzas públicas. Pero es poco probable que el Parlamento consiga la mayoría de dos tercios necesaria, independientemente de cómo se forme el próximo Gobierno. En general, los políticos “siguen sin tener ni idea” de cómo hacer los cambios necesarios para salir del estancamiento, afirma Carsten Brzeski, economista de ING.
Eso deja a la UE atrapada en la parálisis alemana. El bloque necesita que su mayor economía prospere para luchar contra la recesión. Además, una Alemania más débil es menos proclive a apoyar el endeudamiento común y puede resistirse a flexibilizar las normas fiscales del bloque y a hacerlas más favorables al crecimiento. La transición verde, ya de por sí difícil, se ha complicado.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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