La vida sigue igual (o peor) en el mapa desértico de la España baldía
Los indicadores revelan déficit de inversión y alarma demográfica creciente entre los perdedores del avance de la economía. El plan del Reto Demográfico resulta poca cosa para tan magno empeño
El Gobierno lanzó a finales de 2020 el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico para revitalizar el medio rural como respuesta a una demanda creciente y nunca atendida de socorrer las necesidades de la España vaciada desde hacía décadas. Con financiación de la Unión Europea diseñó 130 medias de enunciados pintones y contenidos abstractos para corregir el riesgo, decíase textualmente, de la desaparición en las próximas décadas de la mitad de los núcleos rurales de población. Tres años después y 13.000 de inversión mediante, hacia final de este año si cada programa se aplicara al detalle, el reto sigue ahí, porque no se arregla en tan poco trecho de tiempo.
Las provincias que tenían poca población tienen menos aún, sus paisanos están más envejecidos, mantienen un déficit de inversión y de prestación de servicios sonrojante, aunque haya mejora muy puntuales en municipios de tamaño medio. Inventar o crear medios de vida que atraigan moradores jóvenes en lugares donde desaparecieron hace tiempo es un reto fuera del alcance de una sola generación por mucho empeño y dinero que se maneje. Sin embargo, el trasvase demográfico hacia las zonas industrializadas o con intensa actividad de servicios no ha dejado de crecer. Mientras que en los últimos cuarenta años hay provincias que han duplicado su población, también las hay que la han dividido por la mitad.
No pueden erradicarse en unos pocos años los desequilibrios provocados durante unas cuantas décadas. Nadie duda de que los vastos planes de inversión comprometidos mejorarán la vida de un buen número de núcleos rurales de mediano tamaño, con conectividad digital, estímulo al turismo y políticas medioambientalistas de nuevo cuño; pero que nadie espere que quien está con respiración asistida desde hace décadas, las provincias viudas de desarrollo, inversión y demografía, recuperen el vuelo. Más allá de la justificación y del maquillaje de la mala conciencia de los gobernantes, obligado parece el esfuerzo presupuestario planteado para evitar que los desequilibrios en las infraestructuras y los servicios públicos y privados vayan a más, que irán, aunque quizás a una velocidad menor.
Dícese en esa tierra baldía de economía y modos de ganarse la vida que “muerto el burro, la cebada, al rabo”. La cuestión tiene ya poco remedio. La mezcla de decisiones políticas y del mercado es la que ha transformado la estructura económica de los territorios, y seguramente ya ahora las primeras tendrán que rendirse ante la fuerza de las segundas. Por poner un kilómetro cero de la expansión del desarrollo en España para unos y del declive para otros, tomemos el Plan de Estabilización de 1959, cuando la industria y los servicios emergen con vigor y la agricultura empieza a morir.
El futuro económico de los territorios se dilucida entonces con decisiones políticas sobre dónde se ubican los polos industriales que alimentan las multinacionales que llegan a España aprovechando los costes baratos de una economía emergente, y lo consolida el movimiento poblacional que genera, un trasvase migratorio interno que vacía el campo y su agricultura de supervivencia y ceba las grandes ciudades industriales que demandan crecientes servicios, así como las costas al calor de lo que empezaba a ser, sin que nadie lo sospechará, la primera industria del país: el turismo. Desde entonces, cada nueva localización empresarial buscaba acomodo en zonas pobladas, y las autoridades políticas hacían muy poco o nada por vertebrar el territorio con un reparto más equilibrado de las fuerzas productivas. Hacían muy poco las nacionales cuando tenían la competencia, y muy poco hacían las autonómicas cuando la recibieron, por mucha supuesta competencia que subyaciese en sus decisiones.
De hecho, la construcción autonómica, con la salvedad del País Vasco y Navarra que gozan de independencia fiscal y financiera, da poca capacidad de maniobra al poder territorial en algo que sobrepase los servicios sanitarios, sociales y educativos, donde las competencias son cuasi plenas. Y las de carácter fiscal, que tampoco son poca cosa bien utilizadas, generan una discordia nacional cuando algún atrevido las utiliza como palanca de crecimiento. Ninguna región, salvo Madrid con toda su potencia de tiro demográfico y de nivel de renta, nadie ha utilizado el imán fiscal para atraer actividad; nadie ha intentado ser una Irlanda atrevida con sus impuestos.
Si hace 40 años el mapa de España peninsular representaba la riqueza y la pobreza doblando la parte norte sobre la parte sur, ahora se dobla por el eje Bilbao-Madrid-Sevilla. La industria ha seguido eligiendo la zona más oriental del país, incluida Andalucía, y el imparable avance del turismo ha hecho el resto, con un crecimiento muy notable en los archipiélagos. El desarrollo de las infraestructuras viarias ha seguido el mismo modelo, y aunque ha terminado de extenderse a casi todo el territorio, ni ha concluido el despliegue ni ha servido como inflexión en la marcha económica de los territorios.
Un vistazo al trasvase demográfico interno en los últimos 40 años ilustra como ningún otro fenómeno lo que ha pasado. Unos pocos ejemplos. España ha pasado de los 37,3 millones de habitantes en 1980 a los 47,4 millones actuales (datos de 2021), con crecimientos demográficos exuberantes en Madrid, Barcelona, Alicante, Baleares, Málaga, Tenerife, Las Palmas, Valencia, Almería y Murcia, y con retrocesos severos en las provincias baldías: Zamora, Teruel, Soria, Palencia, Asturias, Cáceres, Cuenca o León. Curiosamente en las comunidades más despobladas han acaparado avances las capitales de provincias, y de ellas, especialmente donde se concentra el funcionariado autonómico, que ha seguido el mismo patrón centralizador que el país a nivel nacional.
Recesión demográfica y envejecimiento, además, son inseparables. Las zonas con pérdida de población tienen los mayores desequilibrios entre activos y pasivos, con unas tasas de cobertura muy deficitarias. Si ahora el país tiene 1,94 cotizantes con empleo a la Seguridad Social por cada pensionista (una ratio delicada), las provincias castellanas, gallegas, extremeñas o asturianas apenas llegan a 1,5, con provincias laboralmente desahuciadas como Lugo (1,07), Orense (0,96), León (1,16), Zamora (1,24), Palencia (1,48), Asturias (1,24) o Pontevedra (1,44). En algunos casos el desequilibrio demográfico es tan lacerante, que pierden incluso pensionistas en los últimos diez años (fallece más gente de la que alcanza el retiro), o tienen el colectivo de jubilados de mayor edad media del país (Zamora 75,2 años, Soria 74,4 y Lugo 73,6, por este orden).
Otra señal pesimista para acabar: estas mismas provincias están también viudas y baldías de inversión y actividad crediticia, y acaparan las ratios más generosas de cobertura de los préstamos con sus propios depósitos, mientras que donde habita la prosperidad tienen cobertura deficitaria. Almería, Baleares, Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga o Sevilla tienen más préstamos que depósitos, según los datos del Banco de España; en tanto que Zamora, Teruel, Soria, Palencia, Orense, Lugo o Ávila tienen una cobertura superior al 200% de sus créditos.
José Antonio Vega es periodista
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