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La Lupa
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Tardía emancipación, vivienda vacía y otras taras de España

La falta de casas asequibles es la principal causa de que los jóvenes se independicen con más de 30 años, lo que incide en la baja tasa de natalidad

Varios edificios de viviendas vistos desde el mirador del Poble Sec de Barcelona
David Zorrakino (Europa Press)

La edad a la que los jóvenes españoles dejan el hogar familiar sigue aumentando y ya está por encima de los 30 años, concretamente en 30,3, lo que supone que se independizan cuatro años más tarde que la media de la UE. Funcas asegura que el retraso en la emancipación está estrechamente vinculado con la falta de vivienda a precio asequible, lo que contribuye a la baja tasa de natalidad, otro de los grandes males de nuestra economía.

Casi la mitad (46,3%) de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años vive con sus padres, según datos de Eurostat de 2022. En poco más de una década, ese porcentaje ha subido en diez puntos, mientras que la media de la UE se mantiene en el 30%. No es casualidad que los países donde la emancipación es más tardía, son los mismos con la tasa de natalidad más baja, casi todos en el sur de Europa.

La falta de vivienda a precio razonable es el origen de una cadena de nudos que tiene la economía española, que son resolubles. El problema es que cualquier solución implica coste y esto llega en un momento en el que el gasto público va a estar limitado por Europa, después de años de manga ancha para superar la crisis del Covid y la guerra en Ucrania. Esta necesidad de vivienda debería ser prioritaria para los políticos.

El retraso en la creación de nuevos hogares conlleva menor tasa de natalidad, lo que a medio plazo implica envejecimiento de la población, con una desproporción entre personas activas y jubiladas, entre cotizantes y pensionistas, lo descuadra las cuentas públicas y empobrece al país, que va a necesitar a millones de inmigrantes para reponer a la mano de obra local que se retira.

Al analizar el problema de la vivienda en España, lo primero que se observa es el absurdo de que falten casas a precio asequible en un país con 3,8 millones de casas vacías. El Censo de Población de 2021, señala que el número de viviendas vacías ha aumentado en 400.000 en una década. Este censo liga por primera vez la definición de la situación vivienda con el consumo eléctrico, un dato objetivo.

En España hay 26,6 millones de viviendas, según el INE, para un total de 47,4 millones de habitantes, agrupados en 18,5 millones de hogares. De dichas casas, 19,4 millones de casas, están habitadas de manera continua; 3,4 millones, ocasionalmente (segunda residencia), ya que gastan menos de 750 kwh al año, y las otras 3,84 millones se las considera vacías, puesto que reportan un consumo de energía que mostraría que la habitarían menos de quince días al año.

La distribución de estas viviendas desocupadas hace temer que muchas de ellas, además de contar con condiciones precarias, están en zonas de poco interés. De hecho, el 45% (1,72 millones) se ubican en municipios de menos de 10.000 habitantes, los más azotados por la despoblación; pero aún hay un 29% (1,1 millones) que están en municipios de más de 50.000 habitantes, donde sí puede haber demanda.

Por tanto, una de las primeras medidas debería ser incentivar al propietario para que la mayor parte de estas casas vacías sean puestas en el mercado de venta o alquiler. Ya están construidas, con lo que su movilización podría ser rápida, y es mejor que los propietarios rentabilicen el patrimonio invertido y, de paso, contribuyan a bajar el precio del alquiler, ya que aumentaría la oferta.

La necesidad de más viviendas parece evidente. Según datos de Funcas, desde 2015 cada año se han creado una media de 120.000 hogares nuevos y solo se han construido 75.000 viviendas al año. Por tanto, en siete años se habría generado un déficit de 315.000 casas. Esto no ha sido siempre así, sino que es una reacción al exceso de construcción durante la primera década de este siglo, donde se generó la gran burbuja inmobiliaria que trajo la crisis.

Entre 2003 y 2008, se terminaron más seiscientas mil viviendas cada año. Sin embargo, en la suma de los diez últimos años (2013-2022) se han construido tan sólo 670.000, prácticamente las mismas que en 2006, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El frenazo en la construcción de viviendas, sea para alquiler o para primera residencia, fuerza el alza de precios, lo que unido a la subida de tipos de interés, y el consiguiente encarecimiento de las hipotecas, vuelve a generar una complejidad adicional al mercado de vivienda, que para que sea asequible necesita de una intervención pública a través del alquiler social y de la construcción de vivienda de protección oficial (VPO).

El mercado del alquiler en España es muy poco transparente. Según el censo de 2021, el 75,5% de los hogares viven en casas de su propiedad, 3,4 puntos menos que hace diez años, y un 16,1% en alquiler, el resto se supone que son viviendas cedidas. Esto significaría que el parque de vivienda en alquiler estaría cerca de los tres millones. La mayor parte de estas casas son de particulares; el alquiler profesional, gestionado por empresas, es residual, y el alquiler social, irrelevante.

El conjunto de vivienda pública en renta ronda las 290.000, que equivale al 1,6% del total, cuando la media en Europa está en casi el 8%, con referentes, como Holanda, en el 34%. El Gobierno Central lanzó, en campaña electoral, el programa de Alquiler Asequible para sacar al mercado 183.040 unidades más, de las que 50.000 procederían de SAREB y 11.000 del Fondo Social de Viviendas (de los bancos), pero aún no hay ni Gobierno.

La VPO, que durante décadas jugó un papel clave para facilitar el acceso a la propiedad a familias con bajos recursos es ahora irrelevante. En 2008, se construyeron 68.587, cifra que supera a todas las construidas con esta calificación desde 2015 hasta hoy.

Como remate, la falta de vivienda asequible está haciendo crecer la desigualdad. Actualmente, sólo un 30% de los jóvenes es propietario, “proceden mayoritariamente de familias con niveles de renta elevados, o se han beneficiado de una herencia”, sentencia Funcas.

Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información

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