El dilema de la décima y el futuro de la economía
Es muy importante no subir los tipos en demasía, porque podría tener consecuencias muy negativas para el crecimiento económico y llegar a provocar incluso una recesión coyuntural
Hace escasas semanas hablábamos de que “la economía no descansa en agosto”. Buena prueba de ello es la situación de incertidumbre y volatilidad que venimos arrastrando, que ha provocado que el Banco Central Europeo vuelva a mover ficha aumentando, una vez más, los tipos de interés en 0,25 puntos para combatir la inflación, que no cesa. Esta lucha por lograr una estabilidad de precios y calmar así la situación socioeconómica de la Eurozona ha situado los tipos en el 4,5%, el nivel más alto desde hace más de 20 años.
Estas subidas que nacen con el objetivo de relajar el consumo para bajar la inflación no parecen surtir efectos en un contexto donde, tanto consumidor como empresario, necesitan altas dosis de optimismo y certidumbre. De hecho, quizá hubiera sido más aconsejable esperar a ver el desarrollo de los datos con el inicio de septiembre, dar un respiro a las economías familiares –sobre todo aquellas con hipoteca– y, tras analizarlos, barajar la posibilidad de accionar una nueva subida, puesto que estamos en un momento donde los tipos se encuentran en picos máximos después de nueve aumentos consecutivos.
A este hecho se le deben sumar las previsiones inflacionistas para lo que queda de 2023 y el próximo año, ya que todo apunta a que no desaparecerá debido, principalmente, al aumento de los precios en energías y carburantes, así como al conflicto en Ucrania. Los datos adelantan un retorno al decrecimiento económico lento, cargado de incertidumbre, que, sin duda, se verá reflejado en el consumo y la inversión.
No obstante, si atendemos a los mercados bursátiles, muchos analistas han considerado que esta puede ser la décima y última subida de tipos, ya que prolongar esta situación alcista durante más tiempo puede provocar una realidad opuesta a la deseada, generando dificultades para aquellas economías que tienen deudas, desincentivando, como hemos dicho, el consumo y la inversión, lo cual puede impactar de manera brusca en determinados sectores como son el mercado de la vivienda o el mercado de valores, entre otros.
Independientemente de las medidas que se imponen desde Europa, España tiene que hacer un ejercicio de autocontrol y el Gobierno nacional limitar el gasto público de manera proporcional, dejando de lado intereses partidistas y teniendo en cuenta a todos los agentes implicados en la esfera socioeconómica, principalmente empresas y sindicatos.
Al mismo tiempo, nos tendríamos que preguntar si finalmente dejarán de subir los tipos de interés, para lo que, al objeto de poder dar una respuesta, no deberíamos obviar las nuevas realidades, como puede ser, por ejemplo, la posibilidad de que estemos adentrándonos en la slowbalization, una era socioeconómica diferente a la actual, en la que nuestras prioridades y hábitos de consumo se transforman, poniendo el foco en la seguridad y cercanía, marginando el concepto de globalización tal y como lo hemos venido manteniendo hasta ahora, apostando por el regionalismo y el localismo, lo que, sin duda, repercutirá en los precios y, por ende, en los tipos de interés.
En conclusión, la décima subida de tipos plantea un dilema importante en la economía actual. Aunque esta medida puede haber sido implementada con la intención de controlar la inflación, sus efectos reales han comenzado a generar preocupación. Las familias ya se encuentran bajo una presión financiera creciente debido al encarecimiento de las hipotecas y los créditos al consumo, lo que ha dejado a muchos de ellos al borde del agotamiento económico.
Esta situación se agrava por el hecho de que la tan esperada reducción de la inflación no parece materializarse de manera significativa. A pesar de las repetidas subidas de tipos de interés, los precios siguen siendo altos en muchos sectores de la economía, lo que está afectando directamente al poder adquisitivo de las familias. Los únicos que pueden beneficiarse son los ahorradores al presentar tasas de interés más altas; sin embargo, esta ventaja se ve empañada por la continua disminución de los ahorros acumulados durante la pandemia.
Además, es una realidad que la subida de los tipos de interés va a repercutir en las cuentas públicas de las economías regionales, debiendo dedicar más dinero al pago de intereses y detrayéndolo del montante de otras partidas presupuestarias, como educación o sanidad, o bien pidiendo más dinero para sostener el sistema del bienestar social, lo que no deja de ser preocupante.
En este escenario, es evidente la necesidad de buscar un equilibrio en las políticas económicas y monetarias. Si las medidas necesarias deben ser contundentes para mantener la estabilidad financiera y controlar la inflación, también es crucial no perder de vista el bienestar de los consumidores, quienes históricamente han sido los motores de nuestro sistema económico. Recuperar la senda del crecimiento económico previo a la pandemia es esencial, pero esto debería hacerse con un enfoque que evite hostigar aún más a las familias y que promueva un desarrollo sostenible y equitativo. Las decisiones en materia de política económica y monetaria deben considerar cuidadosamente tanto los efectos a corto como a largo plazo, buscando un equilibrio entre la estabilidad y la protección del bienestar de la sociedad en general.
El futuro no es nada halagüeño. Los tipos de interés seguirán en un ascenso contenido y la consecuencia directa es que la economía se enfriará. Por ello es muy importante no subirlos en demasía, porque podría tener consecuencias muy negativas para el crecimiento económico, llegando incluso a provocar una recesión coyuntural. En este contexto, el servicio de estudios de nuestro Consejo prevé que no será hasta el último trimestre de 2024 cuando la inflación se estabilice por debajo del 2% y el BCE tenga ya la suficiente seguridad de iniciar la disminución progresiva de los tipos de interés. Hasta entonces, las economías deben ser resilientes a estas fluctuaciones, y a los gobernantes se les debe exigir sentido común en la toma de decisiones e intentar alcanzar consensos con todos los interlocutores socioeconómicos a la hora de implementar medidas de calado.
Juan Carlos De Margarida es secretario general del Consejo General de Economistas de España
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