Una ofensiva ambiciosa para frenar los monopolios tecnológicos
La ley de Mercados Digitales de la UE puede mejorar la competencia, pero también generar conflictividad
Cuando Bruselas aprobó en 2022 la Ley de Mercados Digitales (DMA en sus siglas en inglés) dejó clara su intención de frenar con contundencia el dominio de las grandes compañías de internet en el mercado europeo. La norma, cuyos umbrales de aplicación incluyen contar con una facturación anual europea de 7.500 millones de euros o con más de 45 millones de usuarios mensuales en la UE, obligará a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft a desvelar el modo en que sus principales plataformas –como Whatsapp, Tik Tok o Instagram– permiten a sus rivales acceder a sus datos y servicios clave. El texto considera a estas grandes tecnológicas “guardianes de acceso” a servicios básicos, por lo que tendrán que someterse a normas especialmente estrictas para evitar prácticas abusivas respecto a compañías más pequeñas. Las plataformas tienen seis meses para cumplir con la ley e informar a Bruselas sobre las “soluciones” que han puesto en marcha para ajustarse al texto.
No se puede negar que la DMA es un intento regulatorio concreto y ambicioso, como demuestra su régimen sancionador, que incluye multas de hasta el 10% del volumen de negocio global de la compañía afectada y de hasta un 20% en caso de reincidencia, pero también la posibilidad de que Bruselas obligue a vender parte del negocio a la sancionada o que impida a esta comprar otras compañías.
Si Europa aplica con agilidad y eficacia el texto, lo cual no puede darse por descontado, el resultado puede ser un mercado tecnológico europeo menos concentrado y con menor margen de maniobra para alimentar monopolios. Sin embargo, la puesta en marcha de la ley promete ser conflictiva, y de hecho lo está siendo ya. Por un lado, por las previsibles negociaciones e investigaciones que serán necesarias para determinar qué plataformas concretas se verán afectadas por la norma, y por otra por los roces con los Gobiernos de los países de origen de las grandes tecnológicas, fundamentalmente EEUU y China. Un ejemplo de esa conflictividad son las cuatro investigaciones que ha anunciado ya Bruselas para responder a la solicitud de Microsoft y de Apple de excluir de la aplicación de la ley servicios como Bing, Edge, Microsoft Advertising o iMessage. A ello hay que sumar los casos de Gmail e Outlook, que han sido exonerados ya por considerarse que no encajan en la ley. Solo el tiempo podrá decir si la ofensiva de Bruselas será un intento más de meter en cintura a un sector extremadamente complejo o si puede convertirse en un modelo de regulación para mejorar la transparencia y la competencia en el mercado.
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