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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Celsa y las contradicciones del blindaje antiopas

La necesidad de este tipo de autorizaciones políticas solo pueden entenderse hoy desde una perspectiva acotada en el tiempo

CINCO DÍAS
Grupo Celsa
Fábrica de Celsa en Castellbisbal, cerca de Barcelona.ALBERT GEA (REUTERS)

Corría finales de 2022 y el Gobierno anunciaba su intención de prorrogar durante dos años, hasta finales de 2024, el blindaje de las empresas estratégicas, la conocida como ley antiopas. Esta salvaguarda, diseñada en plena pandemia y que obliga a que determinadas operaciones de inversores extranjeros pasen por la ventanilla y la aprobación del consejo de ministros, se ha prolongado el tiempo, al punto de convertirse en una suerte de golden ­share para el Ejecutivo. Aunque organismos reguladores como la CNMV han abogado por retirar la medida para conseguir la “normalización del régimen de control de las inversiones extranjeras sobre compañías cotizadas españolas”, el Gobierno ha defendido que no genera incertidumbre jurídica alguna.

Bajo este debate, no obstante, se suceden los procesos de integración y a menudo las dudas sobre si deben pasar o no por el filtro gubernamental. El último, el de la siderúrgica catalana Celsa, después de que el Gobierno haya avisado a los fondos acreedores del grupo –a los que ayer el juez dio la razón en su plan para convertir su deuda en acciones y tomar el control de la empresa– de que para ejecutar la operación necesitarán sí o sí obtener su aprobación. No es ocioso insistir en este punto en que la supervivencia de la firma, de enorme solera en la región y con miles de puestos de trabajo a sus espaldas, debe ser el primer driver de la resolución.

A partir de ahí, es evidente que la necesidad de autorizaciones políticas de esta índole, comprensibles en un entorno excepcional como el de la pandemia, solo puede entenderse hoy desde una perspectiva puntual y acotada en el tiempo, en un entorno de libre mercado. No faltará quien, a la vista de la irrupción ayer en el proceso de la Generalitat y el impacto de la decisión judicial en la familia Rubiralta –una saga de larga tradición e influencia en el empresariado catalán– pueda ver en la decisión que finalmente se tome una intención política. La mera sospecha, sea cual sea la dirección de la decisión del Gobierno, siempre se debe evitar. No obstante, en la misma línea de neutralidad, debe reclamarse que la posibilidad de las empresas españolas de competir en los mercados europeos encuentre la misma ausencia de trabas. Episodios en el sector eléctrico, con firmas españolas históricas en manos de compañías estatales foráneas, refuerzan con solidez las tesis de los más proteccionistas. Parece difícil encontrar casos similares en países como Francia e Italia.

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