Las pensiones: un frívolo debate electoral
El actual sistema contributivo se usa como política redistributiva de la riqueza al socaire del que gobierne
El mes de julio ha sido uno de los más calurosos desde que se tienen registros, lo que, junto a unas inéditas elecciones legislativas con su calentita campaña electoral y sus picantes debates políticos, lo han hecho único.
Y las pensiones han formado parte de la salsa de ese debate político. Sin embargo, dicho debate se centró en una sola idea: su proceso de revalorización. Y se enturbió y se tergiversó en torno a qué partido había subido o no las pensiones, con desmentidos sobre si había sido conforme al IPC y con enredos sobre el poder adquisitivo de las mismas.
Pero debatir de pensiones no puede ser sólo sobre su revalorización anual que, siendo importante, no es lo único. Y, para más inri, se mire por donde se mire, el concepto poder adquisitivo es muy dispar y desigual para todos los afectados.
Si tomamos perspectiva, en 2005 España gastaba 4.954 millones de euros al mes en pensiones contributivas, menos de la mitad que ahora. Así, en julio se superaron los 12.000 millones al mes, un 10,8% más que en 2022. El gasto anual en 2023 será de un 11,7% del PIB de España —versus el 10,4% de 2019— con un déficit bruto de 38.700 millones de euros. La previsión es que esta cifra siga creciendo, dada la jubilación de la generación del baby boom, el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, situada en 1,19 hijos por pareja, casi la mitad de la tasa de reposición de 2,05 hijos.
Debatir de pensiones debería ser debatir de: longevidad, natalidad, movimientos migratorios, empleo, productividad e inflación. En definitiva, es hablar del reto poblacional, incluido el reto de las zonas despobladas. Es debatir sobre la sostenibilidad del sistema productivo y de la deuda pública. Es debatir sobre la carga que asumirán las generaciones venideras si no se hacen reformas estructurales. Reformas que deberían proponer partidos con sentido de Estado. Esa fue la razón del nacimiento del Pacto de Toledo: sacar las pensiones de debates políticos y elevarlo a debates de Estado.
Porque el mayor desafío estructural de índole económica al que se enfrenta España es el reto poblacional derivado de su progresivo envejecimiento. Y esto conllevará en la economía efectos de primerísima magnitud, influyendo en la productividad, el crecimiento económico y el consumo, generando importantes impactos en las cuentas públicas y, en especial, en la sostenibilidad de las pensiones.
En España el envejecimiento viene dado por el gran frenazo en la natalidad, la aceleración de la longevidad y la falta de ordenación de los movimientos migratorios. Para equilibrar dicho envejecimiento sólo se puede actuar en dos de las tres variables. Para ello se necesita: (i) una política activa de natalidad para elevar la tasa de 1,19, cuya actual cifra conlleva intrínseco una progresión geométrica decreciente con connotaciones extintivas y (ii) una migración ordenada de más de 7,5 millones de personas, con un flujo positivo de 250.000 personas al año.
Y ¿qué sistema de pensiones queremos tener en 30 años para que sean adecuadas, seguras y sostenibles conforme a los principios del estado del bienestar y a la propia agenda europea?
Lo que no cabe duda es que para fortalecer el actual sistema público de reparto de prestación definida, además de rejuvenecer la población, se necesita fortalecer: (i) la productividad y la empleabilidad, (ii) el modelo de devengo de las pensiones y (iii) su sistema de financiación.
A las políticas de productividad y empleabilidad no se las puede seguir cargando con una mayor presión fiscal, ni con un inapropiado esfuerzo fiscal —el mayor de la Unión Europea— porque el efecto será el contrario al deseado: precariedad en el empleo y falta de productividad en las empresas.
En relación al modelo de devengo, se necesita: (i) reforzar el principio de contributividad y que, en consecuencia, existiera una auténtica relación de equilibrio actuarial entre lo cotizado por el trabajador y su pensión; y (ii) la institucionalización de modelos no contributivos para las personas más desfavorecidas financiados mediante impuestos a través de programas de redistribución y paliación de la pobreza.
El actual sistema contributivo es usado al mismo tiempo como política redistributiva de la riqueza al socaire del partido político que gobierne. Añadir la redistributividad a la contributividad exige romper la relación entre aportación y pensión; lo que significa que se están asignando dos objetivos contradictorios a un mismo programa. El resultado no puede ser otro que un programa confuso que, en realidad, no logra sus objetivos.
En relación al sistema de financiación, se necesita reforzar un verdadero sistema de tres pilares: (i) el público y de reparto; (ii) el de corte empresarial, de capitalización actuarial basado en la negociación colectiva; y (iii) el individual y libre.
En la España de la confrontación, también se han confrontado los tres pilares, hasta tal punto que sólo existe el primero y —sin que en la actualidad existan los dos siguientes pilares— se pretende confrontar al segundo pilar con el tercero.
He echado en falta un verdadero debate sobre un tema que representa nada menos que el 42% de los Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, hemos asistido a un debate político sin sentido de Estado. Ha sido un frívolo debate electoral.
Luis María Sáez de Jáuregui es vicepresidente de la Fundación AXA, doctor en Economía Aplicada, actuario, abogado y Profesor de Universidad.
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