Incertidumbre política, estabilidad económica
La economía española todavía no sufre por la ausencia de Gobierno, pero los datos invitan a agilizar las negociaciones
El resultado electoral de julio deja la gobernabilidad de nuestro país en suspenso hasta que se alcancen los acuerdos necesarios para conformar un nuevo Gobierno. Todo indica que, salvo sorpresa, veremos al menos tres votaciones, dos de ellas correspondientes a una eventual investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, y, en función de cómo avancen las negociaciones de Pedro Sánchez con el resto de partidos que pueden conformar su mayoría, un nuevo intento a lo largo de los meses de otoño. De no conseguir ninguno de los dos resultados satisfactorios, habría que convocar, pasado el plazo, nuevas elecciones y se volverían a conformar cortes y a repetir el proceso, esperando que en la segunda ocasión –tercera vez que España debería repetir elecciones desde 2015– las nuevas cartas otorgadas por la ciudadanía permitan mejores jugadas a los contendientes.
Entretanto, el mundo sigue avanzando y la economía española sigue su curso. El riesgo de inestabilidad que se anuncia en situaciones así no parece, de momento, afectar a nuestra economía: la Bolsa está en cifras similares a las existentes antes de la campaña –tras marcar su máximo anual el 27 de julio–, y la prima de riesgo se mantiene bastante estable ligeramente por encima de los 100 puntos, básicamente las mismas cifras que ha ofrecido a lo largo de 2022 y 2023.
No parece, por lo tanto, que los mercados estén descontando fuertes inestabilidades en nuestro país. La experiencia de otros períodos de incertidumbre tampoco apunta a que España tenga un riesgo de inestabilidad económica a corto plazo: en 2016, cuando se produjo la primera repetición electoral, la prima de riesgo fluctuó con un perfil muy similar al que mantuvo en 2017, aunque la Bolsa perdió, a lo largo de ese año, 1000 puntos. En 2019, de nuevo, con dos convocatorias electorales, las cifras ofrecen pocas razones para la inquietud: la Bolsa se mantuvo durante todo el año con pocas variaciones, y la prima de riesgo, de hecho, cayó a lo largo del período de gobierno en funciones.
En definitiva, los mercados más sensibles a la inestabilidad no ofrecieron, en líneas generales, muchas razones para la inquietud. Para estos movimientos a corto plazo, en una economía integrada en la eurozona, es mucho más relevante la actuación del Banco Central Europeo que cualquier otra consideración.
La resiliencia de la economía española a la situación económica mundial también aporta su valor: con un récord de empleo y con un crecimiento económico previsto por encima del 2%, y con una inflación de entre las más bajas de la eurozona, España está navegando relativamente bien entre las procelosas aguas de la crisis generada por la guerra de Ucrania. Así que, hasta el momento, podemos hablar de cierta tranquilidad. Pero este escenario puede no durar demasiado.
Los datos de empleo de julio, aun siendo positivos, apuntan a una fuerte desaceleración en la creación de empleo, y el crecimiento del segundo trimestre indica que la economía está comenzando a ralentizarse. Los datos de la industria no son positivos, y el sector exterior, que había ejercido como motor del crecimiento económico en los últimos trimestres, ha dejado de contribuir en este último período. La inflación, que marcó su mínimo en junio, puede volver a subir en lo que queda de año, arrastrada por el efecto base de las tasas interanuales, y el empleo, según se acerca a nuestra tasa de paro estructural, irá ralentizando su capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo. En otras palabras, la repetición electoral puede desarrollarse en un contexto económico no tan favorable como el que hemos tenido en la primera contienda. Y aunque el Gobierno esté en funciones, estos datos serán, sin duda, arrojados a su cara como muestra de su gestión económica.
Una coyuntura de desaceleración podría no ser un problema si España sigue comprometida con un fuerte impulso reformista, a través de medidas estructurales destinadas a mejorar el crecimiento económico a largo plazo y la cohesión social, tal y como están recogidas en el Plan de Recuperación financiado con Fondos Europeos. Pero para poner en marcha estas reformas hace falta un gobierno capaz de actuar con plenos poderes, no un gobierno en funciones que sólo puede atender las tareas ordinarias de la administración. Así que si queremos mantener el ritmo de reformas e inversiones previsto en el plan –que recordemos, acaba en 2026– sería necesario tener un Gobierno y un Parlamento en plena forma cuanto antes mejor.
En conclusión, la situación de incertidumbre política no parece afectar, al menos a corto plazo, a la estabilidad económica y financiera de nuestro país, pero tanto los datos de coyuntura que apuntan a una desaceleración como las necesidades de seguir profundizando en los programas de inversiones y reformas invitarían a agilizar las negociaciones para formar gobierno. Por supuesto que este proceso no necesariamente depende, de manera unívoca, de la coyuntura económica, pero sin duda es un factor que puede incidir en una eventual repetición electoral. Si dependiera de la economía, los incentivos para formar gobierno rápidamente serían un poderoso factor para agilizar las negociaciones.
José Moisés Martín es economista, consultor y colaborador de Agenda Pública
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