El problema de las pensiones: miremos a Suecia
Un modelo alternativo al actual, al que añadir productos de ahorro complementarios, mejoraría la dotación de la jubilación
La Constitución dispone que España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta expresión, de hondo calado en nuestro ordenamiento jurídico, recoge los llamados derechos sociales entre los que se encuentran las pensiones, instrumentos que han contribuido a reducir las desigualdades y a mantener nuestra dignidad como seres humanos. Pese a que poco se ha hablado de ello en esta campaña electoral, va a ser necesario cambiar de modelo.
La acción positiva de los poderes públicos debería marcar el camino para la consecución de la justicia social. Con carácter adicional al compromiso de Núñez Feijóo de garantizar la revalorización de las pensiones conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y a la propuesta del presidente Sánchez de solucionar el déficit público de la Seguridad Social, el marco constitucional vigente permitiría proponer fórmulas alternativas para que se sigan prestando esas pensiones de forma más sostenible. Y entre las existentes, propugnamos asumir la sueca.
En el caso concreto de España, la esperanza de vida de los ciudadanos ha aumentado gracias, principalmente, a los avances en sanidad. Además de tener una de las mayores tasas de sustitución manteniendo buena parte del poder adquisitivo de los pensionistas, tenemos la circunstancia añadida de que los denominados babyboombers, la generación nacida entre 1960 y 1975 se constituye como la más numerosa. Ya ha empezado a retirarse de su vida laboral y lo hará plenamente a principios de la próxima década, sin tener una generación que la sustituya en términos numéricos.
De momento, este escenario demográfico se traduce en que el número de pensiones se incrementará gradualmente, provocando una mayor presión sobre los limitados recursos con los que cuenta la Seguridad Social. Año tras año, el gasto en pensiones ha ido batiendo todos los registros. Las cifras anunciadas por el Banco de España apuntan a que los 10 millones de pensiones que se pagan en la actualidad pasen a ser cerca de 18 millones en el año 2050. Es decir, las cotizaciones sociales que han sido siempre la base de financiación de nuestras pensiones difícilmente van a poder financiar este gasto del Estado, haciendo inviable nuestro sistema actual. Tenemos un problema de sostenibilidad en el sistema público de pensiones. Y eso que los principales partidos dicen querer mantener un sistema público.
Frente a la extendida creencia de que el futuro no dará para mantener esas pensiones públicas, y la escasez de ideas alternativas demostrada en la campaña electoral, los jóvenes españoles sí que cobraremos pensión, pero esta será mucho más reducida si no introducimos los cambios oportunos en el actual sistema. En opinión de la Airef, la última reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno es insuficiente. Prima facie, las soluciones fáciles pasarían por aumentar el número de afiliados a la Seguridad Social y por practicar ajustes presupuestarios.
El hecho de que se aumente el número de afiliados trae consigo un incremento de las cotizaciones sociales. Pero se tendrían que revisar los planes de empleo de nuestro país para que esas nuevas generaciones pudieran tener empleos estables y contribuyeran al principio de solidaridad entre generaciones. Además, se deberían adoptar medidas para solventar el problema de la pirámide invertida, fomentando la natalidad entre nuestros jóvenes con más ayudas económicas, fiscales, guarderías gratuitas, etc.… Menos atractivos, los reajustes presupuestarios incrementando las transferencias corrientes en los presupuestos y equilibrándose con las correspondientes subidas impositivas, no serían suficientes. No tendría sentido incrementar en una mayor carga impositiva a una población abatida por las diferentes crisis.
Los ciudadanos son más favorables a contribuir cuando la gestión pública es más eficiente. Hay que esforzarse en mejorar la gestión pública del actual sistema de pensiones y una buena solución podría ser la puesta en marcha en nuestro país de un sistema similar al sistema de cuentas nocionales sueco. Es esta una solución intermedia, lejos aún de la plena capitalización, con una pensión básica equivalente al 40% del último salario cobrado, financiada vía impuestos. Por otro lado, cada trabajador realizaría aportaciones año tras año a una cuenta personal pública que se revalorizaría a un interés nocional. Llegado el momento de la jubilación, el Estado calcularía una renta vitalicia con una fórmula actuarial sobre el total de lo aportado. La pensión que cobraría un perceptor estaría formada por una pensión básica más la adición (renta vitalicia) de un 30%-40% por su cuenta nocional.
Un sistema alternativo al actual, al que añadir productos financieros de ahorro complementario, haría de nuestra pensión algo más seguro, y mejor dotado, en el futuro. Antes de que sea tarde, miremos hacia Suecia.
Jorge Martín Palomino es abogado y economista. Colaborador de Agenda Pública
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