El regalo envenenado de Ribera a los negacionistas con el plan del clima
Transición ultima el envío a Bruselas de una hoja de ruta energética con más renovables, que tendrá que ejecutar el vencedor en las urnas el 23J
La fecha marcada en rojo en el calendario es el próximo 30 de junio. Para entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera debe haber remitido a Bruselas la esperada actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el conocido por sus siglas como PNIEC, una suerte de hoja de ruta de la política y el mix energéticos hasta el año 2030. El actual, de elaboración reciente ya que fue aprobado en marzo de 2021, ha quedado desactualizado en apenas dos años, en parte por las servidumbres de la guerra de Ucrania. La revisión, que debería haber sido un auténtico broche de oro a la gestión de una ministra que pasó de villana a héroe en cuestión de semanas tras el éxito del tope al gas, ha empezado a generar susceptibilidades tras el anuncio de elecciones el 23 de julio. No en vano, un cambio de Gobierno dejaría a los inquilinos del banco azul con la necesidad de cumplir o adaptar contra reloj un programa elaborado en la trinchera contraria, marcado a fuego por las renovables y que arrastra un lacerante déficit de ejecución en almacenamiento y mecanismos de capacidad en redes.
El ministerio es tajante. Aunque otros países se han saltado los plazos a su antojo en el pasado, España va a respetar el calendario. “La actualización se va a remitir antes del 30 de junio”. Fuentes oficiales del departamento dejan claro, eso sí, que lo que se envía a las autoridades comunitarias es un borrador, que se analiza con Bruselas y que admite modificaciones posteriores hasta su aprobación definitiva un año después, en junio de 2024. En efecto, en la aprobación del PNIEC original, el plan se remitió el 30 de marzo de 2020; la Comisión Europea lo evaluó en octubre, y finalmente se acordó la aprobación en su versión final el 16 de marzo de 2021, una vez cerrado el estudio ambiental. En cualquier caso, esos plazos constatan que, si hay cambio de guardia en la avenida Puerta de Hierro, no habrá demasiado tiempo para introducir las modificaciones pertinentes antes de que el documento se enfrente al filtro comunitario. El PP ya ha manifestado que el texto de base es aceptable, pero otra cosa es Vox y, sobre todo, las abiertas discrepancias de ambas formaciones con políticas estratégicas, como la nuclear.
El planteamiento que se sacará en breve a consulta pública, en todo caso, es esperado como agua de mayo por el sector. “Hay que tener en cuenta que hay mucha gente a la expectativa para inversiones y permisos”, expone uno de los ejecutivos presentes en las reuniones que ha mantenido el ministerio con asociaciones representativas del sector. Unos encuentros en los que, para su desazón, se han excluido los cara a cara con Iberdrola, Endesa o Naturgy. Unos y otros, empero, asumen sotto voce que el nuevo reparto energético contemplará un incremento notable de la generación limpia, sobre todo de potencia fotovoltaica. Las diferentes asociaciones de ese sector aspiran a un objetivo de 65.000 megavatios al final de la década, lo que supondría un incremento exponencial desde los 40.000 recogidos hasta ahora. “Han recibido todos los comentarios de las organizaciones, y a ellos les gustaría dejar el listón alto. Saben que, en el peor de los casos y si no siguen, pueden dejarle un regalo envenenado a los negacionistas”, se expone con indisimulada ironía desde una de las principales asociaciones de renovables.
El problema, no obstante, es de mayor alcance. Asumida la explosión verde que viene, no está resuelto un factor crítico para que el modelo coja vuelo, como es el almacenamiento. Diversas fuentes del sector empresarial, regulatorio y asociativo admiten que ninguna de las alternativas planteadas en el actual PNIEC como back up crítico para guardar la energía sobrante y liberarla cuando sea necesario se ha desarrollado a satisfacción. “No se van a cumplir los objetivos 2030 en almacenamiento porque no se ha hecho nada en los últimos cuatro años. Da igual las renovables que metan en el sistema si no se avanza en este punto”, se insiste desde uno de los líderes del sector, dejando claro que una cosa es el marketing o los titulares y otra, la implementación real del plan.
El almacenamiento a gran escala, por ejemplo, es posible con mecanismos como el bombeo hidráulico –con masas de agua a distintas alturas cuyo movimiento genera energía–. Las bondades de la apuesta son numerosas, ya que favorece la independencia de las importaciones de materias primas, estimula la contratación de mano de obra cualificada y depende de competencias tecnológicas ya disponibles. Sin embargo, ante la falta de incentivos, ni está ni se le espera. La misma reflexión cabe para las centrales termosolares que permiten el almacenamiento y cuya presencia en el sistema es residual. Respecto a las baterías, fuentes de otra empresa de referencia miran con envidia el modelo portugués, que promueve económicamente la puesta en marcha de sistemas de almacenamiento paralelos a la construcción de las centrales renovables. “Es la señal correcta. Las plantas nacen con las baterías al lado. Eso aquí no sucede”, subrayan. También insisten en dar un paso adelante en los accesos de la industria a la red, un lastre que está alejando inversiones y frenando los procesos de descarbonización.
Puede ser que la tramitación del PNIEC se quede en los aspectos técnicos y pase inadvertida, pero también puede irrumpir en los comicios. Por ahora, la planificación energética de Ribera –número dos por Madrid en las listas socialistas– mantiene inalterado el calendario de cierre de plantas nucleares, que se iniciará con Almaraz en 2027. Al final de la década, la previsión es que se pase de 7,3 GW de capacidad a 3,1 GW, con el consiguiente impacto en empleo y riqueza de las zonas afectadas. PP y Vox recuerdan a la menor ocasión que países como Estados Unidos o de la propia Unión Europea hablan sin ambages de ampliar la vida útil de las centrales o de nuevas estrategias nucleares. Sería irónico que el trascendente Consejo de Medio Ambiente y Energía de la UE, previsto en Valladolid para los días 10, 11 y 12 de julio, pensado para sacar a Ribera bajo palio, se convirtiera en un aquelarre por obra del debate electoral. Es lo que tiene mezclar las cosas serias con las campañas.
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