Los letrados de justicia generaron 820 millones de euros para las arcas públicas en 2023
El cuerpo dictó aproximadamente 3,2 millones de decretos de admisión y resolvieron por decreto casi tantos asuntos como los jueces por sentencia, según un reciente informe
Los letrados de la Administración de Justicia han generado 821 millones de euros en ingresos y ahorros para las arcas públicas en 2023, de los cuales 117 millones en multas, 85 millones en intereses de cuentas de consignaciones y 363 millones en ahorro por notificaciones telemáticas. Esta es una de las conclusiones que se desgrana del informe El LAJ en Cifras elaborado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y que fue presentado en la Real Academia de Jurisprudencia.
El informe, que se ha basado en estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otras fuentes oficiales, expone cifras significativas sobre la actividad de los LAJ. Entre ellas, se refleja que en 2023, las ejecuciones judiciales superaron en un 11,7% a las ingresadas, consolidando la mejora en esta fase del proceso. Además, los letrados judiciales dictaron aproximadamente 3,2 millones de decretos de admisión y resolvieron por decreto casi tantos asuntos como los jueces por sentencia. En el ámbito civil, concretamente, los decretos dictados por los LAJ representaron el 36% del total de resoluciones finales, superando incluso a las sentencias en algunos casos.
Con todos estos datos, desde el Colegio Nacional de LAJ se ha insistido en que invertir en justicia, en los profesionales que la integran, en su formación, en las herramientas a su disposición es un inmejorable uso de los recursos públicos. El CNLAJ ha reiterado “la necesidad de que nuestras propuestas sean escuchadas y aplicadas” ya que son los LAJs los promotores del uso de las nuevas tecnologías.
Principales propuestas
Además, durante la celebración los letrados de justicia lanzaron una batería de propuestas para mejorar la modernización de la administración que dirige Félix Bolaños. En primer lugar consideran esencial que la puesta en marcha de la Ley orgánica de Eficiencia se realice con criterio y en un tiempo razonable. El Colegio Nacional ha insistido en que “la atropellada previsión transitoria de la ley” puede abocar a una situación muy difícil a las oficinas judiciales a final de año.
En segundo lugar, quieren mejorar la carrera profesional. Buscan actualizar el Real Decreto de Puestos tipo, para alinearlo con los cambios organizativos y aprobar el Real Decreto de sustituciones; es tanto como decir que tienen que reorganizarse las retribuciones correspondientes a los nuevos puestos que vamos a ocupar, y potenciar con ello la implicación de los profesionales en el nuevo proyecto. Asimismo como un plan enérgico y decidido de convocatorias suficientes de oposiciones para cubrir el gran número de jubilaciones que próximamente se producirán. “En los próximos años necesitamos al menos, una oferta pública de 300 plazas anuales”, reclaman.
El tercer punto es que abogan por la plena implantación del expediente judicial electrónico y la interoperabilidad de todas las aplicaciones usadas en la Administración de Justicia. Las propuestas incluyen la obtención automatizada de estadísticas, la interoperabilidad de las aplicaciones de todo el territorio nacional, la interconexión entre oficinas judiciales y registros de la propiedad y administraciones públicas, automatización de SIRAJ y la implantación de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión.
Y por último, ponen de manifiesto la necesidad de reconocer las funciones de los letrados en la cooperación jurídica internacional, potenciar su intervención en el procedimiento penal, en la asistencia a las víctimas, “especialmente de violencia de género, en la conciliación y mediación intraprocesales a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia, y mejorar la regulación de la ejecución penal, muy insuficiente”, expresan.