El ICAM denuncia fallos en el expediente judicial electrónico y reclama igualdad de acceso a la justicia digital
El colegio ha presentado la ‘Guía de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital’, un documento que recoge las garantías mínimas para que no se vulnere el derecho de defensa
Con motivo del Día Internacional del Abogado, que se celebra cada 3 de febrero, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha denunciado varios problemas que han detectado en la plataforma Horus, el sistema de visualización del Expediente Judicial Electrónico (EJE). “Su implementación está generando graves deficiencias que afectan el derecho de defensa y el acceso equitativo a la información procesal”, advierte el ICAM.
El colegio denuncia que hay diferencias de acceso entre los distintos operadores jurídicos, y consideran que los jueces y fiscales lo tienen más fácil para entrar a la plataforma que los abogados y procuradores, lo que genera “graves asimetrías y afecta la igualdad de armas en el proceso judicial”. También han visto una falta de organización del expediente, según comenta el ICAM, el sistema no sigue un orden cronológico claro, lo que compromete la seguridad jurídica. Otro punto es que observan una falta de regulación. “No existe una normativa específica que determine la estructura del Índice Electrónico del expediente judicial, ni un protocolo unificado de acceso para abogados y procuradores”, expone la institución. Además, han detectado que todavía se encuentran fallos en la conexión entre distintos sistemas judiciales autonómicos, lo que dificulta el trabajo de los profesionales del derecho generando desigualdades territoriales.
“El derecho de defensa no puede verse afectado por una digitalización deficiente y sin garantías. No podemos permitir que la abogacía tenga dificultades de acceso a los expedientes judiciales electrónicos, mientras otros operadores jurídicos disponen de herramientas más eficientes. La igualdad de armas en un proceso es fundamental, y el ICAM trabajará sin descanso para garantizarla”, señala Eugenio Ribón, decano del ICAM.
Paquete de medidas
Para resolver estos problemas, el ICAM lanzado Guía de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital, un documento clave que denuncia los problemas de la plataforma Horus y el Expediente Judicial Electrónico (EJE), y establece garantías mínimas para que la transformación digital no vulnere los derechos fundamentales de los profesionales de la abogacía. En el documento se incluye un decálogo con diez principios esenciales para garantizar el acceso a la justicia digital.
Entre los principales puntos destacan el derecho al acceso completo e igualitario a los expedientes judiciales electrónicos, en las mismas condiciones que jueces y fiscales; derecho a la integridad y ordenación del expediente electrónico, con un sistema cronológico claro y un índice normativamente regulado; derecho a la interoperabilidad y correcto funcionamiento del sistema de justicia digital, evitando fallos que generen indefensión; derecho a la transparencia y seguridad jurídica, garantizando el cumplimiento de los principios de justicia y el derecho a un mecanismo de amparo ante fallos tecnológicos, para que los profesionales puedan denunciar irregularidades y exigir soluciones inmediatas.
“Estamos exigiendo algo tan básico como el cumplimiento del derecho de defensa en condiciones de igualdad. No podemos permitir que el acceso a la información procesal sea desigual o dependa de la comunidad autónoma o del sistema que utilice cada juzgado. La digitalización debe garantizar derechos, no restringirlos”, expresa Javier Mata, diputado responsable de defensa de la abogacía del ICAM.
Las fallas en el sistema también afectan directamente al turno de oficio, donde los abogados ya enfrentan dificultades estructurales en su labor diaria. “Los abogados del Turno de Oficio están viendo cómo la brecha digital se convierte en un obstáculo adicional en su labor. No se les puede exigir el máximo nivel de profesionalidad y eficacia si las herramientas digitales que se les proporcionan son deficientes o de difícil acceso. Exigimos una solución inmediata para garantizar un servicio público de calidad”, declara Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del turno de oficio del ICAM.
Ayuda para colegiados
Ante los problemas técnicos que presenta el expediente electrónico, el ICAM ha decidido mover ficha e implementar un procedimiento de quejas para que los abogados puedan denunciar las incidencias y exponer los motivos por los que tienen problemas para acceder a Horus. “Los colegiados pueden reportar irregularidades y dificultades de acceso al expediente judicial electrónico a través de este nuevo canal de quejas, con el objetivo de documentar los casos y exigir soluciones inmediatas a las autoridades competentes”, apunta Javier Mata.
En caso de no tener acceso al sistema, el ICAM recuerda que se debe procurar la facilitación de una copia íntegra del expediente (ya sea en formato papel o digitalizado) por parte del órgano judicial, en los mismos términos que se ha venido haciendo antes de la instauración electrónica.
Asimismo, desde el colegio afirman que solicitarán reuniones con el Ministerio de Justicia y el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), así como con los Grupos Parlamentarios, para reclamar una correcta regulación del Expediente Judicial Electrónico y la plataforma Horus.
“La abogacía no permitirá que la transformación digital comprometa el derecho de defensa ni genere desigualdades en el acceso a la información procesal. La transformación digital de la justicia debe garantizar transparencia, seguridad jurídica e igualdad de acceso para toda la abogacía. La digitalización no puede ser una barrera para el ejercicio del derecho de defensa. Debe ser un avance para la justicia, no un obstáculo”, concluye Eugenio Ribón.