Los letrados judiciales acusan al Ministerio de Justicia de ir por libre en la reorganización de sus puestos de trabajo
La ley de eficiencia obliga al ministerio a sentarse con los colectivos afectados por cambios en sus condiciones laborales
Mal comienzo para la aplicación de la Ley de Eficiencia que dará un vuelco este año al sistema de tribunales en España. Las dos asociaciones más representativas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los responsables de las oficinas judiciales, han emitido un comunicado conjunto en el que acusan al ministerio dirigido por Félix Bolaños de falta de transparencia y de ir por libre en la reorganización de sus puestos de trabajo. Tanto el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) como la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) han expresado su profunda preocupación por “la falta de transparencia y diálogo” en la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) en el marco del desarrollo de la citada Ley de Eficiencia. Ya hay borradores de trabajo sobre los que no se les ha consultado.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, obliga al Gobierno a negociar con los funcionarios de justicia todas las cuestiones que afecten a sus retribuciones y demás condiciones laborales (jornada, horarios, carrera....). La relación de puestos de trabajo es a priori una de las materias que más conflictos puede provocar en estos diálogos. El ministerio tiene seis meses a partir del 3 de abril, fecha de entrada en vigor de la ley, para perfilar estos listados con los colectivos afectados.
Las asociaciones de letrados judiciales denuncian, tan solo un mes después de la publicación de la norma, que el diálogo es inexistente. Tal y como relatan en su comunicado, el pasado 22 de enero, ambas asociaciones fueron recibidas por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la secretaria general de la Administración de Justicia, Sofía Puente, quienes se comprometieron a garantizar la máxima transparencia en la aplicación de esta normativa y a contar con la participación de los letrados de la Administración de Justicia. Sin embargo, lamentan, “la realidad ha demostrado lo contrario”.
Las asociaciones CNLAJ y UPSJ aseguran que este martes tuvieron conocimiento de los primeros borradores de las RPT en regiones como Murcia y Castilla-La Mancha (ambas comunidades autónomas pertenecen al llamado territorio ministerio). “No fue el Ministerio quien, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), facilitó esta información, ni se hizo pública por razones de transparencia. Tampoco se sometieron a la audiencia del Consejo del Secretariado, tal como establece el Reglamento Orgánico del Cuerpo de LAJ. En su lugar, estos documentos han sido difundidos por los sindicatos de funcionarios, con quienes el Ministerio sí mantiene interlocución.
Y es que se han filtrado los primeros borradores de las RPT en regiones como Murcia y Castilla-La Mancha. “No fue el ministerio quien, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), facilitó esta información, ni se hizo pública por razones de transparencia. Tampoco se sometieron a la audiencia del Consejo del Secretariado, tal como establece el Reglamento Orgánico del Cuerpo de LAJ. En su lugar, estos documentos han sido difundidos por los sindicatos de funcionarios, con quienes el Ministerio sí mantiene interlocución”, afirman en su nota.
Las asociaciones denuncian que estos listados “afectan directamente a los puestos de trabajo de los LAJ sin haber sido consultados”. Hechan en falta, por ejemplo, información acerca de qué letrados ejercerán funcionas de encargado del Registro Civil, la forma de cobertura de estos puestos o las compatibilidades que deberán asumir.
Desde CNLAJ y UPSJ advierten que este es” un mal inicio para la implantación de los nuevos tribunales de instancia, que sustituyen a los actuales juzgados, si no se garantiza una audiencia efectiva desde el primer momento a los LAJ, quienes tendrán la responsabilidad de dirigir las oficinas judiciales”.