Trabas legales para almacenar energía verde
Los expertos afirman que el marco regulatorio es complejo y poco atractivo para los inversores
España quiere ser el pulmón de Europa en producción de energía verde. Y por el momento va bien encaminada. Según los últimos datos facilitados por red eléctrica, en 2023 el 50,3% de la energía utilizada provenía de renovables. La mayor cifra registrada hasta la fecha. Sin embargo, para que el país se convierta en el motor de fuentes renovables, el almacenamiento de la energía es clave. Sobre todo, para dotar a los consumidores de energía limpia en los momentos de baja producción y evitar así el uso de centrales de gas u otras fuentes contaminantes. Por ello, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que encabeza Teresa Ribera, ha elaborado un plan para poder acumular 22 GW en 2030 y 30 GW en 2050. Aunque todavía queda mucho para alcanzar esas cifras ya que el país cuenta con alrededor de 8,3 GW almacenados actualmente. El objetivo es cristalino, pero lo cierto es que hay trabas que parecen nublar las pretensiones del Gobierno: la compleja normativa que permite iniciar el proceso administrativo para construir los almacenes de combustible renovable y la volatilidad de los precios.
Los sistemas de almacenamiento son un recurso muy útil ya que permiten guardar el suministro energético para los momentos en los que la demanda es muy elevada, pero la producción es mínima. Por ejemplo, no se obtiene la misma energía solar en diciembre que en los meses de verano. Para estos momentos de baja producción, hay que estar preparado para suministrar la misma cantidad de energía sin tener que recurrir a centrales nucleares u otras fórmulas contaminantes.
Por otro lado, contar con buenas reservas permite ajustar la montaña rusa de precios. Con un buen sistema de almacenaje, los consumidores no se tendrían que preocupar por los sustos en la factura mensual ni tendrían que estar pendientes de cuál es el momento óptimo para poner la lavadora o encender el aire acondicionado.
No obstante, pese a que los objetivos son muy claros y los beneficios muy positivos, el almacenamiento energético no termina de despegar en España. Según los expertos consultados por CincoDías, la opinión es unánime: el marco regulatorio español para construir almacenes de energía verde genera mucha inseguridad jurídica y echa para atrás a los inversores a la hora de financiar proyectos en nuestro país.
Trámites lentos
La concesión de permisos para abrir almacenes energéticos está sometido a un proceso administrativo tan complejo, largo y costoso que muchos de los inversores interesados en financiar estos proyectos desisten. Para que el Gobierno conceda el permiso para abrir un almacén energético, los operadores deben contar antes con el aval de las autoridades autonómicas competentes o de la Administración General del Estado, además de superar una larga evaluación del impacto ambiental del sistema. Todo este trámite puede demorarse meses hasta conseguir la autorización necesaria para levantar una planta de almacenamiento.
Según Antonio Bañón, responsable de energía y derecho público en Squire Patton Boggs, el motivo de esta situación es que el marco regulatorio actual genera “situaciones de cuellos de botella totalmente evitables”. Y es que la concesión de proyectos es tan lenta en España que hace que muchos de los inversores interesados en financiar estos proyectos pongan la lupa en países vecinos, como Italia, Alemania o Reino Unido, que ya cuentan con un proceso administrativo más claro y conciso.
Para evitar la huida de inversores y el estancamiento en la construcción de almacenes, los expertos reclaman un cambio de paradigma. “Se debe simplificar los procedimientos administrativos para conseguir el permiso de forma más ágil”, expresa Luis González, socio de derecho regulatorio en Watson Farley & Williams. Sobre todo, especifica el experto, “cuando se trate de incorporar instalaciones de almacenamiento a plantas renovables ya existentes o en tramitación”. En esta línea, Bañón añade que un marco regulatorio estable permitiría cumplir con el objetivo del Gobierno de alcanzar los 22 GW de almacenamiento en 2030.
En España se han implantado ya distintos tipos de almacenes para guardar la energía como los supercondensadores, las pilas de combustible o las baterías. Sin embargo, uno de los procesos en el que más trabas legales se están encontrando los operadores es el del sistema stand alone. Este último se trata de una modalidad de almacenamiento que no necesita de una planta generadora. Se encarga de almacenar la energía en los momentos de máxima producción para después venderla en el pico de mayor demanda lo que ayuda a ajustar los precios.
El marco normativo obliga a presentar una doble garantía económica, lo que encarece la factura de los inversores dispuestos a abrir el talonario para levantar este tipo de plantas. La ley dice que el solicitante tiene que presentar una garantía de 20 euros por cada KW solicitado, a la que se añade una adicional de 40 euros por cada KW instalado. Una circunstancia que, según Luis González, “ha llevado a muchos promotores a desistir de proyectos de almacenamiento stand alone que ya se estaban tramitando”. A pesar de ello, España cuenta con 128 proyectos de almacenamiento en marcha, pero hay cientos de ellos a la espera de aprobación.
Pico de precios
La volatilidad de los precios es un problema que también preocupa seriamente a los inversores. Estos perfiles necesitan que los precios de la energía en España sean fijos para conocer la rentabilidad de las inversiones y atreverse a dar el paso. Sin embargo, Borja Carvajal, socio de público y regulatorio en Gómez Acebo & Pombo, advierte que este sube y baja de precios “es un problema complejo que no parece que tenga una solución sencilla de implementar”. Para el experto, lo ideal para resolver la situación sería aplicar una serie de medidas que pasa por fomentar la suscripción de PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés). Es decir, un acuerdo de compraventa de energía limpia a largo plazo y precio fijo entre una compañía y un consumidor (normalmente grandes empresas) para asegurar beneficios. También propone incentivar la demanda para el consumo o mejorar la interconexión de la red energética en Europa.
En último caso, si ninguna solución funciona, señala Carvajal, sería necesario reformar el mercado europeo de la electricidad. “Es imprescindible establecer precios estables en el mercado para incentivar la inversión en energías renovables”, remata.
Ante un marco regulatorio lleno de tapones burocráticos, los inversores necesitan garantías de que van a obtener beneficios y que no van a poner en peligro su rentabilidad si deciden financiar proyectos de almacenamiento. En este sentido, Luis González afirma que deberían “desarrollarse los mecanismos de capacidad, así como la celebración de concursos de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte”. Se trata de unos incentivos que el Estado ofrece a los operadores de energía para garantizar el suministro energético en las situaciones de mayor necesidad.
Sin embargo, se requiere el visto bueno de Bruselas para acceder a estas ayudas estatales. Por el momento solo ha dotado de estos mecanismos a Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Francia y Bélgica, mientras que España sigue a la espera de convertirse en un escaparate más atractivo para los inversores, al igual que ocurre con el resto de los países europeos.
Problemas para instalar los sistemas de almacenamiento
Suelo. Una de las cuestiones que ha levantado mucha polémica es el tipo de suelo en el que está permitido ubicar las plantas de almacenamiento de energía renovable. Con carácter general, las instalaciones se levantan en suelo rústico o no urbanizable. Según los expertos, determinar la ubicación de los sistemas de almacenaje “plantea retos relevantes a efectos de cumplir con diferentes requerimientos normativos tanto desde la perspectiva urbanística como medioambiental”, afirma Antonio Bañón, responsable de energía y derecho público en Squire Patton Boggs. Asimismo, añade Luis González socio de derecho regulatorio en Watson Farley & Williams, “algunas administraciones vienen mostrando reticencias para autorizar la construcción de las plantas”. Esto dificulta que se guarde más cantidad de energía verde y, por consiguiente, que no se llegue a cumplir con los planes del Gobierno.
Distancia. El marco regulatorio tampoco contempla mecanismos en los que se especifique la distancia que tiene que haber entre los sistemas de almacenamiento y entre los núcleos urbanos. En este caso, habría que echar mano a la ley autonómica en materia de urbanismo, lo que también levanta incertidumbre entre los operadores energéticos. Además, afirma Luis González, las Administraciones están cometiendo el error de “denegar las declaraciones de utilidad pública a las instalaciones de almacenamiento”. Según el experto, es un instrumento de ayuda para su implantación y que confiere “la seguridad jurídica necesaria, en especial en el marco de las financiaciones, para llevar a cabo los proyectos de almacenamiento energético”.
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