El asesoramiento en energía eólica marina, nuevo nicho para los bufetes
España dará luz verde en breve a la construcción de sus primeros aerogeneradores en el mar
España quiere convertirse en el pulmón energético de Europa de origen renovable. Y para conseguirlo, el Gobierno ha puesto sus ojos en el mar. En concreto, en la energía eólica marina, una fuente que aprovecha la fuerza de los vientos a través de aerogeneradores en mar abierto. Hasta ahora, el poder de las brisas oceánicas había sido desaprovechado por las características de nuestro litoral, pues las las aguas españolas son demasiado profundas y ello hacía imposible la instalación de plataformas que pinchen en el fondo marino. Pero el impulso de alternativas flotantes ha relanzado la carrera por este nicho. El Gobierno, especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que dirige Teresa Ribera, ha puesto en marcha un ambicioso plan para que en el año 2030 en nuestro territorio los vientos marítimos aporten una potencia de 3 GW a la red eléctrica. Hay cinco grandes áreas de explotación para el futuro, son Canarias, Galicia y Asturias, el mar de Alborán y del Estrecho, las costas catalanas y las baleares.
Las primeras granjas de energía marítima llegarán a nuestras costas tan pronto como el Gobierno apruebe el decreto que regulará su expansión (el 25 de marzo termina el periodo de alegaciones del sector) y sean convocadas las primeras subastas públicas para repartir los espacios marinos declarados como aptos. Hay varias empresas pendientes de repartirse el pastel: Endesa, Repsol, Naturgy, Iberdrola, Equinor, EDP Renovables, Greenalia, Cobra, Orsted y Bluefloat Energy. Y también, cómo no, varios bufetes de abogados están listos para prestar asesoramiento en estas complejas transacciones. Firmas como Clyde & Co, Cuatrecasas o Watson Farley & Williams asesoran a promotores y fondos en cómo abordar legalmente estos proyectos.
Conocedores del encaje de bolillos detrás de la instalación del parque de molinos de viento en el mar, expertos de estos despachos hablan con CincoDías para conocer el armazón legal que sostendrá este tipo de instalaciones y los posibles focos de conflictos en tribunales. Se dibujan varios puntos de alto voltaje en la inminente construcción de los primeros 200 molinos, que tendrán unas dimensiones de 300 metros de altura y 200 metros de diámetro. Para empezar, España carece de una ley específica que acote la construcción y explotación de los aerogeneradores en el mar. Fuentes ministeriales apuntan que el proyecto normativo todavía debe recibir los informes favorables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, antes de elevarse al Consejo de Ministros, para conseguir la luz verde. La estimación es que el texto salga adelante este año.
Este documento anticipa el marco legal al que tendrán que ajustarse las empresas licitadoras. En primer lugar, las compañías que quieran entrar en este negocio tendrán que cumplir un rosario de deberes burocráticos. Por ejemplo, será vital que demuestren que su actividad no perjudica a la biodiversidad ni supone un impedimento para el desarrollo de otros usos y actividades, como la pesca, la navegación o el servicio de la defensa nacional, uno de los puntos más sensibles.
Burocracia
El Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), el documento que ordena los usos del mar, y que aprobó el Gobierno en febrero, ya ha dado pie a algunos problemas en tribunales, explica Javier Hernández Valenciano, socio de transporte marítimo y derecho marítimo de Clyde & Co España.
“Existe ya un primer recurso interpuesto por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos contra los POEM”, pues los pescadores critican que los aerogeneradores marinos son demasiado ruidosos y esto puede afectar a los caladeros de pesca. El experto augura pleitos con grupos ecologistas y también “con las administraciones autonómicas y locales”. Pueden darse choques entre oficinas públicas por cuestiones de competencia.
Para los expertos consultados, un segundo foco de conflictos pueden ser los apretados plazos administrativos. La experiencia de la construcción de parques de energía renovable en tierra firme ya ha dado problemas en este sentido. La ley exige que, desde que comienza el papeleo, las promotoras deben tener la planta en funcionamiento en un plazo de cinco años. El resultado de no cumplir este compromiso es perder los codiciados permisos para conectarse a la red eléctrica. Lo que, para las promotoras, puede tornar en una auténtica pesadilla y en un fallo en cadena de los contratos.
Las energéticas temen que con la energía eólica marina se tropiece con la misma piedra. La cuestión ya ha levantado algunas quejas del sector, pues el borrador no es claro en este punto tan sensible y deja el desarrollo de este término a una orden posterior, lo que ha sido objeto de quejas. “Algunas de las alegaciones más compartidas versan sobre la falta de claridad en cuanto a los plazos para la obtención de los pertinentes permisos administrativos”, corrobora Luis García, socio responsable de proyectos de energía, construcción e infraestructuras de Clyde & Co. Consultado por este medio, el Miteco estima que una planta eólica en mar adentro puede tardar entre 32 y 60 meses en echar a rodar.
No obstante, para David Diez, socio de regulatorio del bufete Watson Farley & Williams, “es probable que la capacidad que se asigne en la futura subasta se desarrolle con un número muy reducido de proyectos”, por lo que “no debería existir problema desde el punto de vista de la tramitación administrativa”, agrega. El sector calcula que la primera subasta sea en Canarias por una potencia de hasta 600 MW.
Salvavidas
La instalación de un ejército de aerogeneradores mar adentro es un proyecto faraónico que implica cifras de muchos ceros. Los inversores exigen seguridad y es común que las promotoras incluyan en sus contratos cláusulas salvavidas para surfear complicaciones administrativas y económicas (como la inflación). “Hay varias alternativas”, explica José Luis Rodríguez, socio de energía del bufete Cuatrecasas. “La opción más habitual es establecer una condición de forma que el inversor solo esté obligado a desembolsar los fondos cuando se complete con éxito la fase de desarrollo del proyecto y la tramitación de los permisos y autorizaciones necesarios”. Mientras más riesgo asuma el inversor, más competitivo será el precio para conseguir la licitación, por lo que no es raro que algunos inversores opten por asumir todo el riesgo.
Otro foco de controversia en el mercado pueden ser los codazos a la hora de repartirse el terreno marítimo a través de la subasta pública (o en el argot legal, la concurrencia competitiva).
Según Félix Plasencia, socio especialista en energía de Cuatrecasas, uno de los principales conflictos será la reserva para “puntos de acceso y conexión y al régimen económico de energías renovables” previsto para este tipo de proyectos, que puede provocar controversias entre las entidades competidoras.
En estas subastas se valorarán, en síntesis, dos tipos de criterios: los no económicos, como el espacio, la distancia de la costa, el número de aerogeneradores o los planes de desmantelamiento de los dispositivos una vez se acaba su vida útil, lo que supondrá el 30% de la nota del proyecto; mientras que el 70% restante dependerá, principalmente, de criterios económicos y técnicos, como el precio de la energía o la capacidad para generar potencia.
Por ahora, fuentes ministeriales trasladan que hay una cincuentena de solicitudes de promotores que esperan acceder a subasta pública, cuando la normativa salga a flote.
El prometedor negocio del aire marino
Solicitudes. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ya se han presentado alrededor de 50 solicitudes que esperan ser evaluadas por el Gobierno para acceder a la subasta pública por las zonas marinas construibles, una vez la normativa salga a flote.
Tiempos. Las estimaciones del Miteco apuntan a que los primeros generadores estarán totalmente operativos en un periodo de entre 42 y 60 meses desde que se inicie el papeleo. En este tiempo la compañía tendrá que cumplir con los plazos de concurrencia, las tramitaciones administrativas, la contratación de empresas para el montaje de la planta y la puesta en marcha del aerogenerador.
Pilotos. El Miteco ya ha asignado 147 millones para proyectos de ensayo y demostración de renovables marinas. Las previsiones ministeriales son que estas iniciativas movilicen inversiones cercanas a los 384 millones de euros.
Plazo. El borrador del real decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en el mar otorga un plazo de concesión del dominio público marítimo-terrestre de un máximo de 30 años.
Previsiones. Según estiman las fuentes ministeriales, el desarrollo de la eólica flotante podría tener un impacto significativo para la economía española. En concreto, podría suponer una contribución anual al PIB de entre 4.000 y 7.700 millones de euros.
Empleo. El ministerio que comanda Teresa Ribera prevé que las plantas eólicas en el mar generen un total de 40.000 empleos para 2030.
Objetivos. La apuesta de Ribera por la eólica marina responde a directrices europeas. La previsión de las estancias comunitarias es generar un total de 60 GW de potencia en 2030 desde el mar (actualmente se producen 16). De estos, España se ha comprometido a aportar de 1 a 3 GW.
En marcha. El primer aerogenerador marino flotante español se instaló en Canarias en 2019, con una turbina de 5 MW, en una plataforma de ensayos. En 2023 se instaló un segundo aerogenerador en las costas vascas con 2 MW de potencia.
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