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En colaboración conLa Ley

Tsunami de despidos en las ‘big tech’: ¿qué armas tienen los trabajadores para defenderse?

Los expertos advierten de las dificultades de implantar un despido "a la americana" en España

El sector tecnológico vive una maratón de despidos. A los anuncios de recortes de personal en Meta (11.000 trabajadores, el 11 % de su músculo laboral), Google (12.000, el 6%), Microsoft (10.000, el 5%) y Amazon (18.000, el 1%), esta semana se han sumado los comunicados de IBM (3.900 despidos, el 1,6%), Spotify (600, el 6%) y Paypal (2.000, el 7% de la plantilla). Aún es un misterio saber cómo afectarán estos planes a los trabajadores españoles, si bien los últimos movimientos en el sector dejan alguna pista. Este martes, en un desayuno informativo del Fórum Europa, Alberto Granados, presidente de Microsoft España, corroboraba los augurios de recortes al admitir que “hay determinados proyectos en los que te tienes que ajustar a la demanda”. El día anterior, la plataforma Glovo anunciaba un recorte de 250 empleados en sus filas: “la demanda se está ralentizando en el sector del delivery”, se justificaba Óscar Pierre, consejero delegado de la compañía, en un comunicado. Por el momento, en nuestro país la única que ha dado el paso ha sido Twitter España, que ha ejecutado el despedido del 83% de su plantilla (24 de sus 29 trabajadores).

Antes de acometer este tipo de recortes, las tecnológicas deben andarse con ojo. Abordar el despido simultáneo de miles de personas en el mundo es un puzzle legal de difícil encaje: de no cumplir con los protocolos, el tijeretazo puede ser anulado por la justicia de cada país.

El primer encontronazo ya se ha dado en Estados Unidos, donde la abogada laboralista Shannon Liss-Riordan, quien gestiona la reclamación de más 500 extrabajadores de Twitter, ha demandado a Elon Musk por incumplir los protocolos de notificación de despido y por ofrecer indemnizaciones insuficientes, tal como ha informado en varios tuits. Además, acusa a la red del pájaro azul de ejecutar recortes que afectan a más mujeres que a hombres, lo que incurriría en una decisión empresarial discriminatoria.

Vía rápida

En España, un despido a la americana, por la vía exprés, se toparía de bruces con los tribunales, según advierten fuentes jurídicas consultadas por Cinco Días. “Los marcos legales en Estados Unidos son muy distintos. En Europa hay más obligaciones de notificación, de consulta y de aportación de documentación a las autoridades”, señala en este sentido Miguel Pastur, socio de laboral de Bird & Bird.

Para activar un expediente de regulación de empleo (ERE), el Estatuto de los Trabajadores exige a los empresarios abrir un periodo de consultas de 30 o 15 días con los representantes laborales. La normativa, además, obliga a las mercantiles a justificar que la extinción de los contratos esté fundada en, al menos, alguna de estas causas: económicas, técnicas, organizativas o de producción.

“Lo normal es que las compañías aleguen dos o tres causas simultáneamente”, señala el experto. Para justificar el recorte, la dirección está obligada a notificar el ERE a la autoridad laboral. Además, deben informar del resultado de las consultas a los empleados o a su representantes, así como de la información técnica que justifique la necesidad del tijeretazo en la plantilla.

Cultura sindical

En este punto, y ante la inminencia de futuros reajustes, los sindicatos advierten que la vaguedad de la norma puede ser una gatera para dar luz verde a cualquier recorte colectivo. “Hay que redefinir las causas de los ERES, deben ser más claras y obedecer a verdaderas dificultades, no a conveniencias”, exige Fernando Luján, vicesecretario general de política Sindical de UGT.

Por su parte, en CCOO temen que la poca presencia de los sindicatos en estas compañías sea otro escollo. “La mayoría de las oficinas de grandes tecnológicas en España carecen de representación sindical, lo que obligará a los trabajadores a que, llegado el momento, tengan que improvisar comités de negociación”, remarcan fuentes sindicales. Llegado el momento, los trabajadores pueden aunar fuerzas – lo que recomiendan los sindicatos – o negociar de forma individual sus propias condiciones. El marco legal marca una indemnización de 20 días por año trabajado. Por el momento, los trabajadores de Twitter España han conseguido mejorar su indemnización a 33 días por año.

Antecedentes en tribunales

Alcoa. En 2021, el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad del ERE de la multinacional Alcoa, la tercera productora de aluminio del mundo, en el cierre de una planta en San Cibrao (Obrense). Los magistrados apreciaron "mala fe" en las conversaciones con los trabajadores. La empresa, entendió la Sala, nunca demostró una verdadera intención de negociar.

CPM. La justicia avaló el despido de casi 1.000 trabajadores en CPM, un centro de telemarketing, en 2022. En este caso, los magistrados del alto tribunal consideraron justificado el recorte al apuntar que perder al principal cliente de la compañía por la pandemia sí justifica la restructuración de la plantilla.

Coca Cola. En 2015, la Sala de lo Social del Supremo concluyó que Coca Cola despidió a 821 trabajadores de forma ilegal, al vulnerar su derecho a la huelga en Fuenlabrada, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca. Los magistrados entendieron que la compañía incurrió en un abuso, al suplir a los trabajadores en huelga por esquiroles, lo que perjudico el desarrollo de los acuerdos.

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