09 de septiembre de 2002

TPI, la filial de Telefónica editora de las Páginas Amarillas, ha acometido una profunda remodelación de su estructura en España. El objetivo es impulsar una gestión global de los clientes, a través de soluciones integrales y personalizadas, y para ello la compañía ha decidido fusionar dos divisiones que hasta ahora operaban por separado: productos editoriales y electrónicos.

Terra Lycos ha designado a la hasta ahora responsable de la compañía en Argentina y de varios países de la región, Inés Leopoldo, como directora general de Terra en España con el objetivo de afianzar el liderazgo de la Compañía en este mercado.

Francia acumula un déficit de 37.150 millones de euros hasta julio, un 32% más que hace un año. Los problemas presupuestarios se extienden a Alemania, Portugal e Italia. Bruselas teme que el retraso en la recuperación económica deje sin efecto el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en 2004 para toda el área.

Comisiones Obreras ha instado a Eudardo Zaplana, ministro de Trabajo, para que tome rápidamente medidas "de choque" para atajar la siniestralidad laboral. El sindicato ha presentado un informe que muestra un aumento del 8,7% de los accidentes mortales en el trabajo, si bien el número total de accidentes disminuye en los siete primeros meses del año respecto 2001.

Unicredito quiere acercarse a BNL

La proximidad del aniversario de los atentados y el posible ataque contra Irak acentúan el nerviosismo.

La medida, que pretende aplicarse en un máximo de diez años, pretende que los impuestos de vehículos estén ligados al uso del coche y no a su compra.

La Cámara de Comercio Americana en Marruecos (Amcham, por sus siglas en inglés) estima que el contrabando de Marruecos con Ceuta y Melilla genera un negocio de 1.500 millones de euros anuales, equivalentes al 55% del comercio bilateral entre España y el país norteafricano.

La crisis estructural que padece el mercado vinícola sólo podrá ser resuelta, según el sector, si los planes de reestructuración vigentes se elevan hasta 300.000 hectáreas, si se eliminan las aproximadamente 100.000 hectáreas de viñedo ilegal que hay plantadas en España y si se subvenciona un abandono definitivo o temporal, que afectaría a otras 200.000 hectáreas.