El fondo que promete un 25% de rentabilidad invirtiendo en litigios de terceros
El vehículo de la firma Claimbnb quiere captar 75 millones de euros para desarrollar este tipo de activo alternativo
La firma Claimbnb empieza a desplegar sus alas. La entidad está levantando dinero para un fondo especializado en invertir en litigios legales, una temática casi virgen en España. Sus responsables aspiran a dar una rentabilidad del 25%, o incluso más, con un periodo de maduración más bajo que en otros vehículos de capital riesgo, y llegar a captar 75 millones de euros.
¿En qué consiste este tipo de inversiones? Lo explica Fernando De Castro de Miguel, uno de los fundadores de la empresa. “Buscamos invertir en activos legales, litigios donde veamos que el caso tiene una viabilidad jurídica clara, donde la contraparte es solvente y en los que estemos alineados con nuestros principios éticos”.
El nuevo fondo ya está registrado en Luxemburgo como vehículo de inversiones alternativas (RAIF, por sus siglas en inglés) y ha empezado a recibir las primeras aportaciones. Se trata de un formado reservado a inversores institucionales, donde la inversión mínima es de 125.000 euros. El periodo que el cliente tiene que mantener el dinero es de al menos seis años, algo menos que en otros formatos similares.
La entidad ha cerrado un acuerdo con una firma española especializada en capital riesgo para que les apoye en la captación de recursos. “De todas formas”, explica De Castro, “estamos teniendo muy buena reacción por parte de clientes que ya invirtieron con los anteriores vehículos”.
El origen de este tipo de inversiones
Los fondos que invierten en litigios comenzaron su andadura hace 18 años en Australia, desde donde pronto se extendieron a Estados Unidos. Se trata de un mecanismo en el que un inversor ajeno financia los costes de un procedimiento judicial o arbitraje de un tercero. El inversor obtiene sus ganancias según en resultado de la sentencia o el laudo. Ese beneficio puede ser un múltiplo de la inversión o un porcentaje.
Para las compañías, externalizar los litigios es una vía para eliminar incertidumbres y centrarse en su negocio. También puede ser la fórmula para poder tener mayor fortaleza de cara a un procedimiento legal contra un actor con más recursos.
Diane Sullivan, abogada de una firma especializada en Nueva York, apuntaba en un post que "el mercado de financiación de litigios está explotando. Se están comprando casos de daños masivos a juicios por patentes, y esto va a más".
En el caso de Estados Unidos, la figura se ha extendido mucho por lo prohibitivos que son los costes legales, y por la figura de las demandas colectivas, que permite agrupar a un miles de damnificados por todo el país (como ocurrió en el dieselgate o con las demandas contra farmacéuticas por el uso de opiáceos).
Allí existen un puñado de fondos muy especializados, que en 2022 movilizaron 3.200 millones de dólares (casi 3.000 millones de euros). En Reino Unido sumaron otros 2.200 millones de libras (unos 2.000 millones de euros).
Fernando de Castro, socio de Claimbnb, recuerda que "el mercado español de litigios es más pequeño y tiene sus singularidades, lo que hace que para los grandes fondos internacionales no resulte tan atractivo. En ocasiones, son fondos que como mínimo invierten cuatro millones de dólares en un caso, y aquí no encuentran litigios de ese importe".
Desde 2021, Claimbnb ha lanzado dos sociedades limitadas para hacer este tipo de inversiones, realizando más de 30 operaciones tanto en España como en Latinoamérica. La mayoría de los clientes están vinculados con el sector jurídico.
Lo previsible a la hora de comprar estos activos legales es que el fondo recupere lo invertido en cada operación antes de tres años. Un inversor institucional que haya puesto 200.000 euros, al cabo de seis años podría recibir más de 600.000 euros.
El paso que van a dar ahora es el vehiculizar estas inversiones a través de una institución de inversión colectiva monitorizada por el supervisor financiero del Gran Ducado de Luxemburgo. Los planes de la firma pasan por levantar entre 50 y 75 millones de euros en un plazo máximo de tres años.
Casuística
¿En qué tipo de litigios puede tener sentido que intervenga un fondo de este tipo? Fernando De Castro explica que, por ejemplo, les han contactado en situaciones de quiebra. El administrador concursal tiene el mandato de ir vendiendo todos los activos de una empresa y uno de ellos es una causa judicial abierta, provocada por la reclamación de una cantidad por los servicios prestados. “Nosotros analizamos en profundidad cada situación, vemos la jurisprudencia aplicable, y estimamos qué probabilidad hay de que prospere la demanda y qué riesgos legales se asumen”, comenta.
También han llegado a participar en procesos en los que el objetivo buscado ha sido el de evitar la entrada en concurso de acreedores de una sociedad. “Una empresa, en una situación delicada, tenía un contrato con una cotizada internacional, que le dejó a deber dinero. Su situación financiera hacía que tuvieran difícil emprender una batalla legal contra una gran corporación, pero nosotros nos hicimos cargo del litigio, les inyectamos recursos para el pleito, y logramos que cerraran un acuerdo con la otra parte, lo que hizo que la compañía española saliera adelante de una situación muy compleja”.
Claimbnb tiene previsto participar en casos de derecho civil, mercantil, administrativo (sobre todo vinculado a expropiaciones...). Tampoco descartan dar financiación directa a empresas y despachos de abogados cuando haya casos que involucren a un grupo grande de demandantes, “aunque no queremos poner el foco en esta pata”, matizan.
De Castro recuerda que el mercado de los potenciales litigios legales “es inmenso” y que “por ahora en España muy pocas empresas recurren a fondos como nosotros para obtener liquidez, mejorar su flujo de caja, su cuenta de resultados y olvidarse del problema”. Los inversores suelen ser firmas especializadas, despachos de asesoramiento a grandes fortunas y otros fondos.
En la página web de Claimbnb también se hace referencia a casos vinculados a “créditos y tarjetas ‘revolving”, a “clausulas suelo”, “hipotecas multidivisas”, cuestiones de competencia (como el “cartel de los sobres” o el cártel de los camiones), temas de multipropiedad, negligencias médicas...
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