Caser y NN se unen a la gran banca en la puja por el fondo público de pensiones
También Mapfre e Ibercaja se han postulado para gestionar este nuevo formato de ahorro para la jubilación
Ocho gestoras se han presentado finalmente al concurso abierto por parte del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para gestionar los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), un nuevo vehículo de inversión creado para facilitar el ahorro de cara a la jubilación a autónomos y trabajadores de pymes.
El mercado descontaba la participación de la gran banca (CaixaBank, BBVA y Santander) e Ibercaja, que tienen una alta cuota de mercado en los planes de pensiones para empresas. También el gigante asegurador Mapfre estaba entre los interesados. De acuerdo el acta de la mesa de contratación, que se reunió ayer, otras tres firmas han participado también en la selección. Se trata de las aseguradora Caser (propiedad del grupo suizo Helvetia) y Nationale Nederlanden; así como Fonditel, la gestora de las pensiones de los empleados de Telefónica, que lleva unos años ampliando su gama de productos y su público. Sin embargo, esta última ha quedado excluida por haber presentado su propuesta fuera de plazo.
El ministerio va a adjudicar cinco lotes. En cada uno de ellos tendrá que haber una propuesta concreta sobre tres fondos de pensiones (uno conservador, otro mixto y otro más arriesgado), así como una propuesta de gestora que se encargue de la depositaría de los activos en los que invierten los fondos. Las adjudicatarias se comprometerán a alcanzar un volumen de patrimonio de 500 millones en tres años (entre los tres planes). La gran ventaja de este producto serán las bajas comisiones, que van a estar entre el 0,15% y el 0,25% anual.
Desde Seguridad Social se valora “muy positivamente” las entidades que optan a la adjudicación, “ya que están las principales entidades especializadas en los planes de empleo”. También destacan que “la alta concurrencia y el perfil de las entidades” permitirá que los partícipes puedan obtener las mejores condiciones de rentabilidad y bajos gastos para sus ahorros en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
La mesa de contratación ha admitido directamente las propuestas de cuatro gestoras (VidaCaixa, la filial de CaixaBank; BBVA, Santander e Ibercaja, los líderes del sector). En el caso de las otras tres gestoras, deberán subsanar algunos defectos en su propuesta.
El objetivo del ministro José Luis Escrivá es promover el ahorro para la jubilación por medio de los planes de pensiones de empleo, en detrimento de los planes de pensiones individuales. En los primeros, es una empresa o administración pública quien pacta con sus trabajadores retribuirles parcialmente con una aportación a estos planes. No puede acceder cualquiera. Los segundos sí que están abiertos a todo el mundo, su problema es que las comisiones suelen ser muchísimo más caras.
Una de las grandes ventajas de los planes de pensiones es que las aportaciones pueden descontarse de la base imponible del Impuesto sobre la Renta. Para fomentar los planes colectivos, el Gobierno ha reducido el tope de aportación en los individuales, dejándolo solo en 1.500 euros anuales. En los planes de empleo, en cambio, se puede llegar a 8.500 anuales. Un trabajador que gane 30.000 euros al año y meta el máximo en el plan empresarial, solo tributará por 21.500 euros. Eso sí, cuando rescate el plan en el momento de la jubilación esa renta computará como un rendimiento del trabajo. Se trata pues de un diferimiento fiscal.
El papel de Goldman Sachs
Tres de las gestoras de planes de pensiones que se han posutlado para administrar los nuevos fondos han recibido alguna objeción a su propuesta. En algunos casos, se refiere a la colaboración con BNP Paribas para que sea la entidad depositaria de los activos. Según el Ministerio, faltaría un documento que acredite que el banco francés está inscrito para estas funciones.
El caso más curioso es el de Nationale-Nederlanden. En su propuesta, se declara la intención de subcontratar con terceros, en concreto con el banco estadounidense Goldman Sachs. Se entiende que la entidad se encargaría de ayudar en la asignación de activos de los diferentes fondos. La mesa de contratación ha pedido a la aseguradora neerlandesa que aporte el documento donde se detalla esa subcontratación.
También en el caso de Caser la compañía explica en su propuesta que va a subcontratar parte del proceso, pero no detalla con quién, algo que deberá a aclarar si quiere seguir adelante con el proceso.
Desde el Ministerio se espera que para mediados del mes de julio se puedan adjudicar los cinco lotes. En paralelo, se va a contratar a una empresa para que cree una plataforma digital que facilite el acceso de los trabajadores a los datos de su fondo de promoción pública y, en su caso, que facilite el traspaso de unos FPEPP a otros. Desde el sector hay dudas de que se pueda a empezar a meter dinero en estos vehículos antes de final de año. Más aún teniendo en cuenta que hay elecciones generales el 23 de julio.
Una vez que se seleccionen a las cinco gestoras con sus cinco depositarios, el proceso para “llenar” esos fondos es más delicado. Tendrá que haber planes de pensiones de empleo (ya sean de los antiguos, o de la nueva figura de los planes de pensiones simplificados) cuyas comisiones de control decidan que quieren que el dinero de los partícipes vaya a uno de los nuevos FPEPP.
Aunque en la figura constan como fondos “de promoción pública”, el Estado no pone dinero en estos vehículos. Su papel, a través del departamento de Seguridad Social, se circunscribe a la selección de las gestoras habilitadas para administrar estos vehículos. También podrán, por medio de la comisión de control especial (controlada por funcionarios de Seguridad Social), monitorizar dónde invierten los fondos y pedir cuentas a las gestoras.
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