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El Gobierno suaviza el impuesto energético y prorroga sin cambios el gravamen bancario

Incluirá en los Presupuestos un descuento fiscal si hay inversión verde y fía el futuro del impuesto a los ricos a la reforma de la financiación

Las vicepresidentas primera y cuarta, María Jesús Montero y Nadia Calviño.
Las vicepresidentas primera y cuarta, María Jesús Montero y Nadia Calviño.SERGIO PEREZ (EFE)
Pablo Sempere

Como poco, un año más de vida para los impuestos extraordinarios a entidades bancarias, energéticas y grandes fortunas. El Gobierno de coalición aprobó ayer en Consejo de Ministros el real decreto ley ómnibus que extenderá gran parte del paquete anticrisis que terminaba el 31 de diciembre. A él se le sumará la prórroga, al menos durante 2024, de los tres impuestos temporales diseñados en 2022 para sufragar parte de las medidas de alivio. Y lo que es más: la posibilidad de revisarlos para convertirlos en permanentes a partir de entonces y consolidar unos ingresos que ascendieron, en 2022, a más de 3.000 millones de euros en conjunto.

Las conversaciones entre PSOE y Sumar para llegar al acuerdo no fueron fáciles y extendieron las negociaciones durante el martes hasta el último minuto. Durante el proceso, los dos socios de la coalición consensuaron mantener sin cambios en 2024 la tasa extraordinaria que abona la banca, suavizar el gravamen energético a cambio de que las empresas inviertan en transición verde y fiar el futuro del impuesto a los ricos a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Las mayores diferencias de planteamiento en las negociaciones se dieron en el gravamen energético. Los socialistas sostienen que la figura ha cumplido su función inicial. Por eso, una vez que la situación ha cambiado y ya no puede hablarse de beneficios extraordinarios de las compañías del sector, argumentan que el diseño debería amoldarse para establecer nuevos incentivos a la inversión en renovables con los que animar a las grandes empresas a apostar en transición verde a cambio de rebajar su factura. En Sumar, sin embargo, rechazan dar concesiones al sector y exigen mantener la tasa.

En este punto, la fórmula ideada para salir del paso ha sido extender el impuesto durante 2024, pero con el compromiso de incluir en los próximos Presupuestos mecanismos para rebajar la cuota a cambio de reinversiones en proyectos industriales vinculados a la descarbonización.

De esta forma, el tipo del 1,2% que se aplica a día de hoy sobre el importe neto de la cifra de negocios de las compañías que facturan más de 1.000 millones de euros anuales quedaría minorado a cambio de que se produzcan estas inversiones verdes.

El impuesto bancario, que grava con un 4,8% las comisiones e intereses de las entidades que entre ambos conceptos alcanzan los 800 millones, permanecerá sin cambios un año más, según recalcan desde Hacienda, algo que suscitó rápidamente el rechazo del sector. “La decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el impuesto sobre sociedades”, denunciaron ayer desde CECA, una de las patronales bancarias.

Una vez que termine la prórroga en 2024, los socios también se han comprometido a revisar estas dos figuras tributarias para darles un carácter permanente a partir de 2025. “El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años. Vencería en 2023 y lo que hemos hecho ha sido garantizar su supervivencia”, dijo ayer el presidente, Pedro Sánchez, en su comparecencia para dar balance del año.

Estos dos gravámenes sectoriales nacieron a mediados de 2022 con el objetivo de financiar parte del escudo anticrisis que ha ido prorrogándose y adaptándose desde entonces. Las tasas se aplican sobre los resultados de 2022 y 2023, pero se pagan efectivamente en 2023 y 2024, respectivamente. Es decir, a día de hoy se conoce cuál fue la recaudación de 2022: cerca de 2.900 millones de los que 1.645 millones correspondieron a las energéticas y otros 1.263 millones a las entidades financieras. Se prevé que en 2023 la cifra sea muy similar. De la recaudación de 2024, que se cobrará en 2025, todavía no hay previsiones.

Otro de los cambios dados a conocer ayer es la posible concertación de estas dos figuras con las comunidades de País Vasco y Navarra, que tienen régimen fiscal propio.

En paralelo, con la prórroga del gravamen de las grandes fortunas, el Gobierno decidió añadir un punto de presión a la negociación para reformular el sistema de financiación autonómica. Al vincular el futuro de este impuesto al devenir de la imposición patrimonial, Hacienda dejó claro que seguirá actuando contra las bonificaciones autonómicas que practican buena parte de las regiones gobernadas por el Partido Popular en el impuesto de patrimonio. En 2022, el tributo recaudó más de 600 millones. Estos se concentraron principalmente en Madrid, región que ha anunciado que recuperará Patrimonio para que los ingresos vayan a las arcas autonómicas.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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