Los impuestos a energéticas y banca tensan la negociación para extender las medidas anticrisis
El PSOE y Sumar chocan por la gratuidad del transporte público y debaten la prórroga de los descuentos fiscales a la energía
El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana, miércoles, la prórroga de parte de las medidas anticrisis puestas en marcha para combatir los efectos de la fuerte escalada de los precios. Varias de ellas, como la extensión de los descuentos en el IVA de los alimentos, están ya confirmadas. Otras, como la rebaja del IVA energético, seguían debatiéndose en la tarde del martes. Sin embargo, la negociación entre el PSOE y Sumar se ha visto condicionada principalmente por el detalle de la extensión de los impuestos especiales sobre banca y, sobre todo, energéticas, según confirman fuentes de los dos socios de Gobierno. A grandes rasgos, el partido liderado por Pedro Sánchez parece decantarse por introducir pequeños cambios que podrían rebajar la factura de dos figuras que recaudan, en conjunto, unos 2.900 millones de euros al año. La formación de Yolanda Díaz, por su parte, defiende mantenerlas intactas. La fórmula final, al igual que los detalles del conjunto del paquete, serán explicados mañana por el propio Sánchez.
Las mayores diferencias de planteamiento en el que es el primer choque de la nueva coalición se dan en el futuro del impuesto energético. De un lado, la parte socialista sostiene en la negociación que se ha prolongado durante esta tarde que el gravamen ha cumplido su función inicial. Por eso, una vez que la situación ha cambiado y ya no puede hablarse de beneficios extraordinarios, debería amoldarse su diseño para establecer nuevos incentivos a la inversión en renovables con los que animar a las grandes empresas a apostar en transición verde a cambio de rebajar su factura. Fuentes de Sumar rechazan esta idea y explican que este cambio de criterio por parte del PSOE se debe a las presiones de gigantes del Ibex 35 como Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy. Los socialistas, sin embargo, defienden un “ajuste” del impuesto dadas las diferencias entre el escenario actual y el que había hace un año y medio.
El mismo planteamiento se ve con el impuesto extraordinario a las entidades financieras. El PSOE cree que la fuerte subida de los tipos de interés, iniciada en verano de 2022 y prolongada también durante 2023, ha llegado ya a su fin, por lo que las razones para mantener el gravamen en los mismos términos no estarían justificadas. Desde Sumar, sin embargo, recordaban que en el pacto de Gobierno las dos formaciones hablaban de revisar las dos figuras para “readaptarlas” y “mantenerlas” con el objetivo de que ambos sectores “sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”. El equipo de Díaz ve en esta frase un compromiso de la coalición para prorrogar el tributo.
Estos dos impuestos temporales nacieron a mediados de 2022 con el objetivo de financiar parte del escudo anticrisis que ha ido prorrogándose y adaptándose desde entonces. Las tasas se aplican sobre los resultados de 2022 y 2023, pero se pagan efectivamente en febrero y septiembre de 2023 y 2024, respectivamente. De lo recaudado el año pasado, 1.645 millones correspondieron a las empresas energéticas y otros 1.263 millones a las entidades financieras. Se prevé que en 2023 la cifra sea muy similar.
El futuro de estos dos gravámenes condicionará la extensión de parte del escudo social, puesto que los ingresos fiscales derivados han sido claves para compensar la pérdida recaudatoria vinculada a varias rebajas impositivas, cuya posible prórroga continuaba estudiándose este martes. Cabe recordar que en 2024 volverán a entrar en vigor las reglas fiscales que acotan el déficit y la deuda pública, por lo que Hacienda tendrá que cuadrar los números para que el desvío fiscal no sobrepase el límite del 3% del PIB en 2024.
El Ministerio de Hacienda dispondrá el año que viene de más de 24.000 millones en ingresos tributarios adicionales para subvencionar todas las medidas que hoy se prorroguen. Pero también tendrá que ajustar el déficit y contar con un colchón para posibles imprevistos. Por ello, las medidas anticrisis que no acarrean una pérdida recaudatoria son las que más visos de continuar tienen.
Por ahora, según confirman fuentes de Sumar, se mantendrá la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico y la suspensión de los desahucios a vulnerables hasta 2025, una medida que Bildu pactó con el PSOE. El nuevo decreto anticrisis también prorrogará las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas, por las que las empresas que hayan recibido ayudas directas o por ERTE y que despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas.
La única de las medidas con coste fiscal que está confirmada es la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, algo que avanzó hace unas semanas el propio Pedro Sánchez. Así, se mantendrá el IVA del 0% para los alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, las verduras, las frutas o los huevos, y la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, estas rebajas han supuesto una merma de ingresos de unos 1.500 millones de euros entre enero y noviembre de este año.
Hasta esta noche tampoco estaba claro si se extenderán las rebajas del tipo de IVA al 5% a la electricidad y el gas, madera y pellets más allá del 31 de diciembre, que han tenido entre enero y noviembre un impacto recaudatorio de unos 700 millones según la agencia. Dentro de las rebajas tributarias relativas a la energía también se encuentra la aplicación del tipo impositivo rebajado del 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Fuentes cercanas al Gobierno explicaban este martes que una de las posibilidades es que haya una subida gradual de los tipos impositivos hasta llegar a los niveles habituales, en vez de optar por una recuperación inmediata.
Donde hay más polémica, apuntan desde Sumar, es en las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público. Así, el Ejecutivo tendrá que decidir si la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje se mantiene, de igual manera que deberá concretar si se seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que estas se comprometan a aumentar este descuento hasta un mínimo del 50%. Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones en su plan presupuestario de 2024 para esta subvención, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia regional. Hasta esta tarde solo estaba confirmado que el transporte público seguirá siendo gratis para menores, jóvenes y desempleados.
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