Hacienda prevé elevar los ingresos tributarios en 24.000 millones para cuadrar el déficit
El Consejo de Ministros aprueba un techo de gasto de 199.120 millones y da el pistoletazo de salida a los Presupuestos de 2024. Montero abre la puerta a prorrogar algunas de las medidas anticrisis
El Gobierno dio ayer el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado al aprobar en Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero de 2024. Según anunció la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, el comúnmente conocido como techo de gasto se elevará hasta los 199.120 millones de euros, una subida del 0,5% respecto a 2023. Sin contar con el impacto de los fondos europeos, dijo la también ministra de Hacienda, la cifra rondaría los 189.200 millones, un notable crecimiento del 9,3% que sorprende por darse en un ejercicio en el que España tendrá que volver a la senda de control del déficit que marca la reactivación de las reglas comunitarias.
Para soportar tal despliegue de gasto el Gobierno cuenta con unos ingresos tributarios que crecerán en el entorno del 9% sobre el año 2023. En cifras absolutas, según cálculos preliminares que confirman fuentes de Hacienda, el aumento sería de más de 20.000 millones de euros. Por todo ello, añadió Montero, el límite de gasto es “realista”, “prudente” y abre la puerta a la prórroga de “algunas de las medidas pensadas para aliviar el alza de los precios”, cuya vigencia vence el 31 de diciembre.
Hacienda lleva dos años consecutivos registrando niveles récord de recaudación tributaria gracias a la creación de empleo, al impacto de la inflación, a las subidas fiscales a las grandes empresas o al afloramiento de la economía sumergida, entre otros factores. Tras la caída lógica del año 2020, marcado por la crisis sanitaria, el ministerio ingresó más de 223.000 millones en 2021 y más de 255.000 millones un ejercicio después. Este año, desde el ministerio prevén mejorar las cifras en no menos de un 5%, es decir, unos 268.000 millones como mínimo. Y es sobre esa cantidad sobre la que se aplicaría la subida del 9% proyectada ayer por Montero, llegando a unos ingresos totales de aproximadamente 292.000 millones: un aumento de 24.000 millones que se apoyará en la tendencia registrada hasta la fecha y en nuevos gravámenes aún por definir.
Este colchón es el que permitiría al Gobierno prorrogar parte del escudo anticrisis desplegado para aliviar ante el aumento de los precios. Por ahora, el Ejecutivo ha confirmado únicamente la extensión de la rebaja del IVA en los alimentos hasta el 1 de junio. El resto de medidas, como los descuentos en el IVA energético, deben estudiarse y su posible prórroga se decidirá poco antes de que termine el año, recordó la vicepresidenta.
Estos ingresos adicionales también servirían al Gobierno para soportar tres décimas más de déficit en 2024, que asumirá la Administración central en beneficio de las comunidades autónomas y las entidades locales siempre que los objetivos de consolidación fiscal –del 3% para 2024, el 2,7% en 2025 y el 2,5% en 2026– sean aprobados en las Cortes. Es en este punto, sin embargo, donde puede torcerse el plan diseñado por el Ejecutivo debido al fuerte choque que mantiene con el principal partido de la oposición.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe llevar al Consejo de Ministros tanto el techo de gasto como los objetivos de estabilidad presupuestaria antes que el proyecto de Presupuestos. Una vez aprobado, todo se remitirá al Congreso y al Senado para su visto bueno.
En esta ocasión, sin embargo, hay serias dudas sobre qué sucederá en el trámite parlamentario. El beneplácito en el Congreso se presupone de antemano gracias al apoyo de los socios del Gobierno de coalición. Sin embargo, la mayoría que ostenta el Partido Popular en el Senado podría bloquear el proceso en un momento en el que el control del déficit se convierte en decisivo.
Hacienda, en sendas reuniones con las autonomías y ayuntamientos, comunicó el lunes los nuevos objetivos de déficit para 2024. Estos serían del 0,1% para las comunidades y del 0% para los municipios, frente al equilibrio exigido previamente para los primeros y el superávit del 0,2% fijado para los segundos. Es decir, un mayor margen de una y dos décimas, respectivamente, que será asumido por la Administración central. Las autonomías, gobernadas en su mayor parte por el PP, rechazaron esta senda.
Por eso, en plena guerra abierta entre Gobierno y oposición, cabe la posibilidad de que el PP aproveche su mayoría en la Cámara Alta para tumbar los nuevos objetivos de déficit. Esto sería contraproducente, advirtió ayer la propia Montero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, ya que inmediatamente después entrarían a funcionar “los objetivos vigentes del Plan de Estabilidad remitido en abril a la Comisión Europea”, mucho más estrictos.
Para llegar a esta conclusión, Hacienda se apoya en un informe jurídico de la Abogacía del Estado en el que se detalla que, si los objetivos de estabilidad son rechazados dos veces en las Cortes, entrarían en vigor los remitidos en el Plan de Estabilidad de abril. Esto, a su vez, complicaría las cuentas de muchas regiones que se encuentran ahora elaborando sus Presupuestos y que cuentan con ese margen fiscal del 0,1%. Lo mismo sucedería con el equilibrio presupuestario con el que ya cuentan muchos consistorios. Si los nuevos objetivos se rechazan, dijo Montero, todas estas cuentas decaerían al ser “ilegales”.
Por ello, “si el PP piensa que con esa estrategia impide el desarrollo de unos Presupuestos nuevos para España se equivoca”, dijo el lunes Montero y reiteró ayer. “Está tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían un objetivo más exigente”. Montero también recordó que, bajo este supuesto, la tramitación de las cuentas se retrasaría como máximo un mes, que es el límite legal para el tiempo de debate de los objetivos según marca el informe jurídico de la Abogacía del Estado. “Vamos a tener Presupuestos”, independientemente de si “otros juegan a bombardear o torpedear”, insistió durante los dos días.
Por todo ello, abundó ayer Montero, y dado que “estos objetivos de déficit son buenos para las comunidades”, no tendría sentido un veto por parte de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo. “Confío en el sentido común del PP”.
El Consejo de Ministros también aprovechó para dar luz verde a un plan de reequilibrio de las cuentas públicas para “corregir desviaciones presupuestarias producidas por las circunstancias extraordinarias que llevaron a las suspensión de las reglas fiscales”. Esto, continuó la titular de Hacienda, permite cumplir con la Ley de Estabilidad presupuestaria gracias al crecimiento económico y a la creación de empleo, “sin recurrir a un plan neoliberal de recortes” ni “recortar el Estado del bienestar”.
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