El juicio del Tribunal de Cuentas al ‘procés’ en noviembre presiona la investidura de Sánchez
El inicio de la vista oral está previsto para el 17 de noviembre, diez días antes de que se acabe el plazo para nombrar al presidente del Gobierno
Cuentas por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la promoción exterior del procés independentista ha cogido relevancia en el panorama político actual. La fecha de su inicio, 17 de noviembre, se encuentra en el límite que tiene el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para cerrar el acuerdo con Junts y así obtener los votos que le restan para mantenerse en La Moncloa.
Si se cumplen todos los pronósticos, el presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, dará el relevo al secretario general del PSOE una vez que el intento fallido de ser investido se convierta en un hecho al no obtener el favor de la mayoría del Congreso de los Diputados. A partir de ese momento, el tiempo de descuento se pondrá en marcha para Sánchez, que tendrá hasta el 27 de noviembre –dos meses desde la primera votación en contra del líder de los populares– para lograr su tercera investidura y evitar la repetición electoral.
Desde las elecciones del pasado 23 de julio, los socialistas negocian con Junts la fórmula para atender a sus exigencias, entre las que entran la desjudicialición del proceso independentista, sobre todo con la mirada puesta en los dirigentes catalanes huidos de la Justicia, entre ellos el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.
Aunque las conversaciones están centradas en el proceso penal que ha dado jaque a Puigdemont y que le obliga a estar en Bruselas si no quiere ser detenido y juzgado, en noviembre se celebra el juicio para cuantificar el presunto desvío de fondos públicos para el fin independentista.
Reclamación millonaria
En este proceso contable están considerados responsables una treintena de ex altos cargos catalanes, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras –condenado por el Tribunal Supremo e indultado–. La cantidad que la Fiscalía reclama a todos ellos de manera conjunta y solidaria (y aún de forma provisional) es de 3,4 millones de euros en total, una cantidad muy inferior a los 4,1 millones de euros que los acusados afianzaron por el 1-O con el embargo de bienes y de los 5,4 millones por la promoción exterior que avaló la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Por su parte, Sociedad Civil Catalana entiende que solo 11 exdirigentes de la Generalitat deben retornar a las arcas catalanas cinco millones de euros.
Evitar una eventual condena que obligue a desembolsar un monto millonario puede entrar dentro de las negociaciones. La propuesta de ley de amnistía que ERC y Junts presentaron en 2021, y que fue rechazada por la Mesa del Congreso, ya incluyó la devolución de las fianzas, sanciones o multas impuestas por el procés.
Aunque existen dudas sobre si el alcance de una amnistía es solo penal o también civil, expertos en Derecho Constitucional y Penal consultados por CincoDías señalaron que estas condiciones económicas se pueden recoger en una ley de amnistía. De ser así, ello debe ser acatado en cualquier proceso u órgano administrativo, como es el caso del Tribunal de Cuentas.
Otras amnistías
En este sentido, las mismas fuentes subrayaron que no sería de extrañar ya que las leyes en esta materia de países del entorno sí contemplan el perdón económico. Asimismo, recordaron que la ley de amnistía de 1977 –el precedente más reciente en España– dejó sin efecto resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que, entre otras cosas, llevaron aparejadas sanciones. De hecho, el Tribunal Constitucional avaló normas posteriores que se aprobaron para reparar dichos efectos económicos.
En cualquier caso, para paralizar el proceso del órgano fiscalizador, las fuentes recalcaron la necesidad de que la posible futura ley de amnistía entre en vigor antes del 17 de noviembre, lo que ven prácticamente imposible. Aun así, las fuentes consultadas advirtieron de que si finalmente se incluyen las derivadas económicas en dicha norma, el Tribunal de Cuentas tendrá que aplicarlas antes o después de dictar sentencia. Y es que, según explicaron, solo los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que paralizaría la aplicación de la ley hasta su resolución.
A la espera de sentencia tras cinco años
Desde 2019. El procedimiento contable comenzó en abril de 2019, después de que el Tribunal de Cuentas aprobara un informe fiscalizador sobre los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017. Ello dio pie a una primera investigación que concluyó el 28 de enero de 2020, cuando el órgano fiscalizador acordó el acta de liquidación provisional complementaria por la presunta malversación de fondos para la organización del referéndum ilegal y fijó una fianza de 4.146.274,97 euros. A ello se sumó un segunda liquidación provisional, el 29 de junio de 2021, por la promoción exterior del independentismo, cuya factura se calculó en 5.422.879,48 euros.
Acusaciones. La Fiscalía y la plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC) son quienes ejercen las acusaciones en el juicio contable contra los exdirigentes catalanes. La Abogacía del Estado en un principio estaba personada, pero finalmente se retiró al considerar que las supuestas irregularidades no afectaron a las arcas públicas estatales. Las fuentes consultadas apuntaron que, dadas las circunstancias actuales, las acusaciones pueden pedir un aplazamiento de la vista para reconsiderar su postura, si bien ven poco probable que ello ocurra, al menos hasta que se conozca si se aprueba alguna ley que afecte de lleno al proceso contable y su texto.
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