El Tribunal de Cuentas juzgará el 17 de noviembre a Puigdemont por el desvío de fondos por el 1-O
La Fiscalía reclama a una treintena de ex altos cargos 3,4 millones de euros por el referéndum y la promoción exterior del ‘procés’ independentista
El Tribunal de Cuentas ha fijado ya fecha para juzgar al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a otros ex altos cargos de la administración catalana por el presunto desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como del Diplocat para la promoción exterior del procés independentista. El juicio contable será el próximo 17 de noviembre, según ha informado el órgano fiscalizador.
El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha fijado dicha fecha para la celebración del acto del juicio del procedimiento de reintegro en el que se practicarán las pruebas de interrogatorio de parte y testigos que ya fueron admitidas en la audiencia previa que se celebró el pasado mes de diciembre. Tras ello, el procedimiento contable que se dirige contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont -huido de la Justicia española-, y una treintena de ex altos cargos catalanes, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras -condenado e indultado por el Tribunal Supremo por el procés- quedará visto para sentencia.
Por estos hechos, la Fiscalía reclama 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria a la treintena de ex cargos de la Generalitat de Cataluña; mientras que la otra acusación, ejercida por Sociedad Civil Catalana (SCC), entiende que 11 ex altos cargos del Govern deben retornar a las arcas públicas catalanas cinco millones de euros. Por su parte, la Abogacía del Estado, en defensa de Hacienda, se retiró de este procedimiento.
Fianzas millonarias
Este procedimiento comenzó en abril de 2019, después de que el Tribunal de Cuentas aprobara el informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017. De este modo se abrió la puerta a investigar la presunta responsabilidad contable de una treintena de ex responsables de la Generalitat.
El 28 de enero de 2020, el órgano fiscalizador acordó el acta de liquidación provisional complementaria por la presunta malversación de fondos para la organización del 1-O y fijó una fianza de 4.146.274,97 euros que los presuntos responsables contables ya garantizaron con el fin de evitar el embargo de bienes ante una posible futura condena.
A ello se sumó un segunda liquidación provisional, el 29 de junio de 2021, por la denominadas embajadas catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, cuya factura se calculó en 5.422.879,48 euros. Esta fianza fue aportada mediante un aval de la Generalitat de Cataluña, que en primer lugar fue rechazado por la delegada instructora, Esperanza García, que ha dirigido todo el proceso instructor, y que finalmente fue aceptado por la Sala de Enjuiciamiento.
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