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La punta del iceberg
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Medir la inflación en España en tiempos convulsos

Publicar un dato alternativo por el INE generaría inseguridad jurídica y por ello Eurostat desaconseja que se publiquen series alternativas

precio luz
Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica.EFE

El Indice de Precios al Consumo o IPC, y publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es un indicador sintético que engloba en una sola serie de tiempo información sobre la evolución de un enorme número de precios que han sido recopilados durante años.

Esta serie surge de la media ponderada de decenas de otras series de precios que, a su vez, provienen de la agregación ponderada de otros índices que permiten llegar a un nivel de detalle extraordinario. La información contenida en esta explotación estadística es, sencillamente, riquísima.

La serie de IPC se construye de abajo hacia arriba. Una vez se han tomado los precios de miles de productos (210.000 cada mes), se elimina su escala (valor 100 para un mes/año determinado) y se van agrupando en grupos cada vez más generales. Por ejemplo, el arroz es un producto cuyo precio se incluye en un grupo superior que es pan y otros cereales.

Para obtener este índice debemos calcular la media ponderada de la subclase arroz (01111) junto con el de las harinas y otros cereales (01112), entre otros. Una vez tenemos el índice de clase pan y cereales, se incorporan a otros índices más generales, como es el subgrupo de alimentos (011). Este, a su vez con otros 41 subgrupos más, como vestido o adquisición de vehículos, para conformar el IPC final.

Así, el INE publica no solo un índice general, sino, entre otras muchos, 42 subgrupos, 57 rúbricas, 200 subclases o 30 grupos especiales.

Para ponderar adecuadamente cada serie de precios se utilizan pesos. Estos pesos, definidos hasta un nivel de detalle elevado, se obtienen de fuentes estructurales de la Contabilidad Nacional que radiografían cómo los españoles gastamos nuestros ingresos. Estos pesos determinan la relevancia de cada bien o servicio en nuestra cesta de consumo y se cambian cada año para evitar el deterioro de la representatividad del IPC.

Pero no solo es necesario cambiar los pesos cada año. Cada cinco años se actualiza metodología y mejora el espectro de precios que se incorporan al cálculo. En ocasiones los cambios son mínimos, pero en otras no lo son. El último cambio lo hemos conocido en enero de este año al modificarse los precios de la electricidad que son incluidos en el cálculo.

Hasta 2022, para contabilizar la evolución de los precios de electricidad se tomaba solo el precio del mercado regulado, es decir, el PVPC. La razón para ello era doble. En primer lugar porque gran parte de los contratos estaban dentro de este segmento del mercado. En segundo lugar, porque a pesar de las diferencias en la formación de precios, la parsimonia o cambios lentos en los precios mayoristas mantenía la evolución de los precios en ambos mercados relativamente cercanas. Dejar fuera al mercado libre tenía un coste mínimo en información. Sin embargo, esto cambió en 2022.

La subida de los precios del gas impactó directamente en los precios mayoristas de la electricidad debido al diseño marginalista del mercado en nuestro país. Como resultado, aquellos hogares con contratos en el mercado regulado, PVPC, experimentaron rápidos aumentos de costes en sus facturas, siendo la aportación a la inflación de este precio muy relevante, explicando junto a los carburantes dos tercios de la inflación en los primeros momentos de su auge.

Sin embargo, ya fue evidente hace un año que era prioritario incluir los precios del mercado libre al cálculo del IPC. Una razón podría darse por un posible comportamiento diferenciado del regulado en tiempos convulsos como los vividos.

Pero principalmente por la importante migración observada desde el mercado regulado al mercado libre durante el año pasado, lo que podría erosionar la representatividad del precio de la electricidad y al propio IPC.

No cabe duda, pues, de la urgente necesidad de intervenir para evitar una falta de representatividad del indicador como medición de la inflación. En enero de 2023 se subsanaba este defecto con un cambio metodológico que coincidió con una actualización de los pesos.

Es difícil saber a priori qué efecto ha podido tener en la medición de la inflación esta inclusión. Podríamos pensar que la introducción de los precios del mercado libre a partir de enero de 2023 elevarían artificialmente la inflación si la actualización de los contratos se hubieran retrasado varios meses respecto a la subida del gas. Sin embargo, si dicha actualización fue rápida o si la migración forzó una rápida asimilación de estos aumentos de costes, es posible que el efecto haya sido mínimo, o quizás ninguno.

En todo caso la curiosidad es razonable y a todos nos gustaría conocer dicho efecto derivado del cambio. Una solución pasaría porque el INE publicara series contrafactuales sin el cambio. Calcular los primeros meses de 2023 como si nada hubiera sido modificado. Pero, y aunque para algunos sea difícil de entender, esto no es recomendable. Ni el INE ni ningún otro organismo estadístico europeo lo hace.

Muchos contratos, precios y convenios están indexados al IPC. El dato de inflación publicado por el INE tiene derivadas legales muy potentes.

El simple hecho de publicar un dato alternativo por parte del INE generaría una situación de inseguridad jurídica. A sabiendas de ello, Eurostat, en la elaboración del IPCA, aconseja que las actualizaciones se hagan por encadenamiento (algo así como enganchar las series) y desaconseja que se publiquen series alternativas.

¿Significa esto que nunca sabremos las consecuencias de este cambio u otros en la medición de la inflación? No, desde luego. Es posible. Se me ocurren formas de hacerlo ya. Pero no corresponde al INE realizar tal operación por razones obvias. Algún día sabremos, pero no será a través de un organismo oficial.

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