El Gobierno anuncia un impuesto temporal a los ricos y un alza fiscal a las grandes plusvalías
El impuesto a las fortunas recaudará 1.500 millones y afectará a 23.000 contribuyentes Habrá una bajada impositiva para los trabajadores con ingresos de hasta 21.000 euros
El Gobierno de coalición ha presentado este jueves el paquete de medidas fiscales con el que gravará más a las rentas altas, grandes patrimonios y empresas y reducirá la carga impositiva sobre los contribuyentes de menores ingresos. Entre las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se encuentra un nuevo gravamen sobre la riqueza compatible con el impuesto sobre el patrimonio y cambios en Sociedades, en el impuesto sobre renta de las personas físicas (IRPF) y en el IVA. Con todas las medidas, el aumento de ingresos será de 3.144 millones de euros en 2023 y 2024, los ejercicios para los que se ha diseñado el paquete.
Todas las figuras que ya existen y que se modifican irán en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que el nuevo gravamen a las grandes fortunas irá por tramitación parlamentaria, ya que las cuentas públicas no permiten la creación de nuevos impuestos. En paralelo, el Gobierno cuenta con los gravámenes temporales sobre grandes energéticas y bancos, que recaudarán otros 7.000 millones en dos años.
Patrimonio
El nuevo impuesto sobre la riqueza será de carácter temporal, evitará la doble imposición con Patrimonio y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta de más de 3 millones de euros en la base liquidable. Entre los 3 y 5 millones, el tipo será del 1,7%; entre los 5 y 10 millones, será del 2,1%; y a partir de los 10 millones, del 3,5%. En total hay 23.000 contribuyentes potenciales, con un impacto esperado de 1.500 millones de euros, según Montero. La figura está diseñada, tal y como adelantó este diario, para combatir las bonificaciones de las comunidades autónomas que en la práctica han eliminado el impuesto.
Renta
En el IRPF, por su parte, el Ejecutivo ha consensuado varias medidas destinadas a las rentas altas y a los contribuyentes de menos ingresos. Por un lado, se ha aprobado un incremento impositivo sobre las rentas de capital superiores a los 200.000 euros, pasando del 26% al 27%. Para las plusvalías superiores a 300.000 euros, por su parte, el nuevo tipo se situará en el 28%.
Otra de las medidas clave del paquete fiscal es una extensión de las reducciones por rendimientos del trabajo en el IRPF, una medida que, según Hacienda, beneficiará a la mitad de los trabajadores de España habida cuenta de que el salario mediano está en los 21.000 euros. Así, los que están por debajo de los 21.000 euros anuales ahorrarán un total de 1.881 millones en este impuesto en 2023 y 2024. Hasta ahora, la reducción se aplicaba a las rentas inferiores a 18.000 euros.
Este cambio tributario implica, por una parte, elevar desde los 14.000 hasta los 15.000 euros el mínimo de tributación, con lo que se garantiza que quienes cobren el salario mínimo (que ahora es de 14.000 euros anuales) seguirán sin tributar por IRPF.
Como ejemplo, un trabajador sin descendientes que gana 18.000 euros anuales se ahorraría 746 euros en IRPF y un trabajador casado con dos descendientes y un sueldo de 19.000 euros en declaración conjunta, 331 euros.
Montero ha subrayado que esta medida "beneficia a las personas que tenemos que proteger" y no al conjunto de los contribuyentes, como ocurre con la deflactación de la tarifa que han hecho comunidades gobernadas por el PP.
En el apartado del IRPF también se incluye una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de los módulos para los autónomos. A su vez, se eleva en dos puntos, hasta el 7%, la reducción para gastos deducibles de difícil justificación. Según estiman desde Hacienda, se beneficiarán unos 578.000 autónomos en la rebaja de módulos y otros 956.000 por el régimen de estimación directa simplificada.
Sociedades e IVA
En el apartado empresarial, el Gobierno ha rebajado el tipo nominal en Sociedades en dos puntos porcentuales para las pequeñas compañías, pasando del 25% actual al 23%. Las beneficiarias serán unas 407.300 pequeñas empresas, con una cifra de negocio inferior al millón de euros. Al otro lado, el Ejecutivo ha limitado en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados, una medida que afectará a unas 3.600 grandes empresas que declaran por este impuesto. El impacto será de casi 2.500 millones para 2023 y 2024.
Respecto al IVA, el paquete incluye también la bajada del 10% al 4% en los productos de higiene femenina.
Polémica
La ministra, que ha anunciado las medidas tras varias jornadas de negociaciones internas en el Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos, ha recordado que habitualmente esta presentación suele producirse en paralelo a la de los PGE, pero por cuestión de transparencia, el Gobierno ha querido dedicar una jornada especial a la materia para practicar “pedagogía fiscal” contra el “populismo tributario”.
“Cuando discutimos de impuestos hablamos de cómo financiar las pensiones de nuestros mayores, las becas de los jóvenes y de cómo destinar recursos a la investigación, a la dependencia o a la sanidad para que todos puedan ser atendidos sin importar el dinero que tengan", detalló Montero. La ministra insistió en la importancia de los impuestos y cargó contra la "carrera fiscal a la baja".
El paquete de medidas se ha presentado tras dos semanas de batalla fiscal abierta en el seno de la política española. A la deflactación del IRPF impulsada por Madrid para combatir la inflación le siguió el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, para bonificar al 100% el impuesto sobre patrimonio y deflactar el tramo autonómico del impuesto sobre la renta. A partir de aquí, Galicia anunció una deflactación para las rentas bajas y una ampliación de la bonificación sobre Patrimonio, hasta el 50%. El detonante lo produjo poco después el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, al anunciar una deflactación del IRPF para las rentas de hasta 60.000 euros, una medida que chocó de lleno con el argumentario del Gobierno central y que ha avivado el debate fiscal en el resto de comunidades autónomas.
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