El Gobierno termina con la prórroga extra de los alquileres y aprueba el aval ICO para la compra de vivienda
El Real-Decreto aprobado este martes también extiende hasta el 31 de diciembre la suspensión de los desahucios
Por primera vez en tres años, los inquilinos que quieran aplazar su contrato de arrendamiento podrán ver un aumento en el alquiler, si bien estará limitado a un máximo del 2% según la nueva Ley de Vivienda. Esto se debe a que el Gobierno ha dado por finalizada la prórroga extraordinaria de seis meses a la que, desde marzo de 2020, podían acogerse los arrendatarios a los que se les acababa el contrato. Se trata de la decisión más polémica que ha tomado este martes el Consejo de Ministros en torno a la vivienda. En paralelo, ha aprobado un Real Decreto-ley que extiende algunas de las medidas extraordinarias que se adoptaron a raíz de la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania y que finalizaban el 30 de junio. En concreto, el texto amplía la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables y aprueba la creación de una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los menores de 35 años a acceder a una primera vivienda.
Durante la pandemia, la prórroga extraordinaria se justificó porque era imposible que los arrendatarios pudieran buscar una nueva casa en pleno confinamiento. En consecuencia, se les daba un tiempo extra en el que el propietario no podía modificar el precio del inmueble ni otras condiciones del contrato de arrendamiento. La medida se fue prorrogando sucesivamente hasta mediados de este año. Ahora, para justificar la suspensión, la vicepresidenta primera y ministra de economía, Nadia Calviño, ha defendido que la nueva Ley de Vivienda ya prevé que las personas vulnerables puedan ampliar un año la duración de los contratos “justamente para tener protección”. En cualquier caso, las autoridades aseguran que quienes acaben su contrato hasta el 30 de junio tienen derecho a pedir esos seis meses de prórroga.
El fin de esta medida ha sido motivo de críticas por parte del socio de gobierno, Unidas Podemos, y los sindicatos. La líder de los morados y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado a través de un mensaje de Twitter, que esta era una medida “clave” para proteger a la ciudadanía. “Con la derecha y ultraderecha gobernando en la mayoría de las comunidades autónomas y en rebeldía contra la ley de vivienda esto es un error garrafal”. En paralelo, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha emitido un comunicado señalado que “no es comprensible que Sánchez haya hecho caer esta medida de urgencia” en un momento en que la inflación sigue afectando los precios del alquiler. “Dejar caer esta medida supondrá una oleada de desahucios invisibles”, critican.
Más allá de esta polémica, el texto aprobado este martes amplía la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de este año. Esto supone la paralización de la expulsión de una familia de su hogar cuando acredita las condiciones de vulnerabilidad económica y la imposibilidad de encontrar otra vivienda. En la medida se contempla a personas dependientes, víctimas de violencia de género y menores de edad a cargo. Con esta aprobación, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración de cada caso en concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas. En todos los casos, la entrada al inmueble se debió haber producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020.
No obstante, no se podrá dictar la suspensión del desalojo si la vivienda es la residencia habitual o segundo inmueble del propietario o cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediante la intimidación o violencia sobre el propietario. Tampoco cuando el lugar se esté utilizando para llevar a cabo alguna actividad ilícita. En caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado. En paralelo, se amplia hasta el 31 de enero de 2024 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados puedan presentar la solicitud de compensación.
Por otra parte, la línea de avales de crédito ICO está destinada a cubrir hasta el 20% de las hipotecas de jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales de hasta 37.800 euros y de las familias con hijos a cargo. En el caso de que la propiedad sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Además, la medida contempla una mejora en función del número de hijos. Así, el tope de ingresos aumenta un 0,3% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por cada menor a cargo y en el caso de las familias monoparentales el límite podrá incrementar hasta un 70%. En cualquier caso, el importe máximo de la casa será de hasta 2.500 millones de euros.
De acuerdo a lo anunciado este martes, el objetivo es posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas. El programa estará a cargo de ICO en convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que compartirá hasta el 20% del riesgo de cada hipoteca con la entidad de crédito, en igualdad de condiciones. Si la vivienda que se va a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, se podrá avalar hasta el 25% del préstamo. El aval otorgado tendrá un plazo máximo de 10 años y los interesados tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para formalizar las hipotecas que se acojan a esta ayuda.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Sobre la firma
