El Gobierno se defiende ante las críticas por los escasos ingresos de la reforma de pensiones: “Son las medidas socialmente más comprables y reparten mejor la carga”

José Fernández-Albertos, Santiago Carbó y Ángel de la Fuente abordan la reforma del sistema en el Foro Futuro de Cinco Días y Grupo Santander

La reforma de pensiones –tomada en su conjunto, sumando lo aprobado en 2021 y las medidas que se convalidarán mañana en el Congreso—es “equilibrada, comprensiva y ambiciosa”. Además, es la que quiere la sociedad española y, sobre todo, deja margen para que futuros Gobiernos corrijan, con las herramientas que escojan, cualquier posible desvío de financiación que se pueda producir. Así ha defendido hoy el director general de Ordenación de la Seguridad Social, José Férnandez-Albertos, los cambios en el sistema de pensiones recientemente pactados entre el Gobierno y los sindicatos, también con el visto bueno de Bruselas.

El responsable de la Seguridad Social del equipo del ministro, José Luis Escrivá, ha ejercido esta defensa durante su intervención en el Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, que hoy ha abordado esta reforma, además de con Fernández Albertos, junto a dos de los expertos economistas que han hecho alguna crítica a los cambios pilotados por el Ejecutivo.

Estos dos académicos que han analizado las que, a su juicio, son las sombras de esta reforma son Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de Valéncia y director de Estudios Financieros de Funcas. Ambos han coincidido, en líneas generales, en que las medidas para aumentar ingresos aprobadas en esta reforma no serán suficientes para compensar el fuerte incremento de los gastos que se producirá en el sistema de pensiones por el acceso masivo de los nacidos en el baby boom a la jubilación y tras haber eliminado el factor de sostenibilidad aprobado en 2013.

“La reforma desde el punto de vista presupuestario es complicada de entender. Los números no acaban de cuadrar. La supresión del factor de sostenibilidad mete mucha presión al gasto para los próximos años. Se esperaba que la segunda fase de la reforma compensara ese incremento de 3,5 puntos sobre el PIB que supondrá haber eliminado dicho factor, pero eso no solo no se ha hecho, sino que la medida que podía moderar el crecimiento del gasto, que era la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión se ha dado la vuelta y aumenta los costes”, ha explicado el responsable de Fedea. Es más, “esto --ha añadido-- amenaza con comerse el margen fiscal. No nos va a quedar mucho dinero para hacer otras cosas, entre ellas sanidad y dependencia que también necesitarán en mayor medida los futuros pensionistas”.

Por su parte, Carbó ha sumado otro reproche a los autores de esta reforma: la falta de información a la ciudadanía. “Hay una falta de información, porque los españoles siguen pensando que las pensiones son bajas y que aún pueden subir. Y eso ocurre porque no se está informando sobre los lastres del mercado laboral ni sobre los bajos salarios. La sociedad está formada por personas de edad adulta, a los que se les puede decir que la demografía no está a nuestro favor, que en los próximos 30 años el sistema va a tener mucha presión y que el aumento de los ingresos no es suficiente para el incremento del gasto”.

Así, el responsable de Funcas ha agradecido al Gobierno el esfuerzo que ha hecho introduciendo un mecanismo de ajuste de los desequilibrios automático, pero precisamente por ello “se da nuevamente una señal de que la sostenibilidad no está garantizada”.

En este escenario, De la Fuente y Carbó han criticado que esta segunda parte de la reforma se ocupe exclusivamente del los ingresos y no ha ejercido ningún control sobre el incremento del gasto. “El peso del gasto público está demasiado orientado a determinadas generaciones en este momento. Esto está enquistado desde hace diez quince años y no se dan los pasos para una reforma en profundidad que también vigile el gasto. Eso solo se puede hacer con una reforma en profundidad donde se diga a los ciudadanos: esto has aportado y esto te puedes llevar, y así funciona el sistema”, ha insistido Carbó, quien, una vez más, valorando el esfuerzo del Ministerio de Escrivá, ha considerado que “habrá que abordar cambios en pocos años”.

Sin embargo, Fernández-Álbertos ha respondido a todas estas críticas recordando que esta segunda fase de la reforma de pensiones se ha focalizado en aumentar los ingresos porque en la primera fase aprobada en 2021, ya se incluyeron incentivos a la prolongación de la vida laboral (orientados a recortar el gasto y subir los ingresos porque se cotiza más tiempo y se cobra pensión menos años), “que fueron ambiciosos y ya están desplegando sus efectos”. Es más, el responsable de la Seguridad Social ha insistido en que dichas medidas, cuya previsión de incremento de ingresos es de entre un 1 y 1,6 puntos de PIB, “fueron ya valoradas positivamente y como factibles por Bruselas en la evaluación del segundo desembolso de los fondos europeos de reconstrucción”.

De esta forma, Fernández-Albertos ha explicado que medidas como estos incentivos son las que el Gobierno ha considerado que eran “socialmente comprables”, ya que ha recordado que “los factores con los que opera un Gobierno –sometido a la evaluación de los ciudadanos en las urnas—son otros distintos a los que manejan los académicos”. Pero incluso en este punto, el dirigente de la Seguridad Social, ha reclamado a los críticos con la reforma “que digan cuáles son sus alternativas: no revalorizar las pensiones o, al menos, no todas; recortar las pensiones de nueva entrada…”. Por ello, ha reclamado que, “en el debate político nos gustaría tener este debate. Porque las medidas adoptadas Estas medidas son también las más razonables y no solo las que la sociedad puede comprar mejor, sino la que tiene un reparto de cargas más equilibrado”.

Sin embargo, De la Fuente no ha opinado lo mismo. Según ha indicado, la mayor parte de mejora de los ingresos “se carga sobre una base muy estrecha (las bases máximas que se incrementan un 38% y la cuota de solidaridad que se aplica sobre el salario que exceda dicha base máxima), las de los salarios más altos. “Esto convierte a las cotizaciones, que son salario diferido, en un impuesto puro y duro (...) y cuyos ingresos no llegan ni de lejos a los necesarios”. Ante esto, como alternativa, Fedea, ha propuesto en varias ocasiones que “la carga se hiciera sobre una base mucho más amplia a través de un recargo en la cuota estatal del IRPF, porque con ello se pagaría entre todos y el votante visibilizaría la brecha que hay entre ingresos y gastos, pero tal y como se están haciendo las cosas el ciudadano medio no es consciente de que hay un problema y hay más presión para seguir haciendo reformas”, ha añadido este experto.

Carbó, por su parte, coincidió en que financiar las futuras cargas fundamentalmente solo con cotizaciones “es muy distorsionante” por lo que la idea de ampliar las fuentes de financiación (al IRPF como propone Fedea, por ejemplo) debería ser considerada. “No cambiaría tanto, el reparto se notaría menos y todo el mundo sería consciente de la situación”, dijo el responsable de Funcas.

Pero también este punto tuvo respuesta por parte del representante del Ejecutivo. De hecho, Fernández-Albertos recordó que el Gobierno ya ha sacado parte de la financiación de las pensiones del sistema de cotizaciones al haber traspasado más de 20.000 millones de los denominados gastos impropios, para financiarlos con impuestos. Es más, tendió la mano a quienes abogan por ampliar las fuentes de financiación asegurando que “en ese sentido, hay espacio y deberíamos ponernos de acuerdo con como deberían ser esas fuentes de financiación para responder a una sociedad más envejecida”.

Mercado de trabajo

Si bien, estos tres expertos en pensiones coincidieron en algo: la importancia de mejorar el mercado laboral –fundamentalmente los salarios y la productividad– para contribuir a mejorar la financiación del sistema. Sin embargo, introdujeron matizaciones, ya que para Santiago Carbó, por ejemplo, “si se revalorizan todas las pensiones con el IPC, también sería de justicia corregir el problema de los salarios bajos en España. Hay que arreglar las disfuncionalidades del mercado de trabajo porque impactan en la financiación de las pensiones”.

Mientras que José Fernández-Albertos dijo: “No puedo más que discrepar de la visión fatalista de los últimos años acerca del daño irreversible de la temporalidad”, porque según aseguró, dicho daño se ha revertido “en unos meses” con la reforma laboral. “Cuando hablamos de cómo afrontar la presión del gasto, las medidas laborales son tanto o más importantes y aquí hay señales para el optimismo más que para el pesimismo”, concluyó.

Cuentas nocionales o recurrir a la deuda

Las críticas a la reforma de pensiones del Gobierno derivaron ayer en el debate celebrado Foro Futuro sobre este asunto, en posibles alternativas a los cambios en el sistema que tiene pensado convalidar hoy el Congreso de los Diputados. 
Fue precisamente el director general de Ordenación de la Seguridad Social, José Fernández-Albertos, el que lanzó una pregunta que iba dedicada, sobre todo, a la oposición del PP que pretende rechazar la reforma de pensiones. A estos críticos les instó a que dijeran cuáles serían sus alternativas para reformar el sistema. En este punto, la directora de CincoDías, Amanda Mars, que moderó este debate, trasladó esta misma pregunta a los dos expertos economistas que participaron en el foro. Y el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, recogió inmediatamente ese guante y esbozó la reforma que cree más adecuada para el sistema de pensiones español. “No hay una respuesta única y mágica pero a largo plazo deberíamos pensar en una transición a un sistema de cuentas nocionales como el sueco. Y durante la transición habrá que seguir rascando de donde se pueda: habrá que seguir subiendo la edad de jubilación; subir algo las cotizaciones; poner dinero extra y buscar fórmulas para reducir el ratio entre la pensión y el último sueldo, una forma es tener en cuenta toda la vida laboral; y quizás adoptar otros cambios en la determinación de la pensión”, explicó De la Fuente.
En esta misma línea, el  catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de estudios financieros de Funcas, Santiago Carbó, también consideró que el posible tránsito a un sistema de cuentas nocionales como el sueco  “es muy interesante y no se suele poner encima de la mesa; pero con ello la pensión que se llevarán los trabajadores estaría mucho más vinculada a lo que hubieran aportado”.
Si bien, durante este debate también surgió la posibilidad de que, dado que se trata de un problema de financiación puntual de dos décadas marcado por la demografía, ¿por qué no financiarlo con deuda? 
Para Carbó si esa fuera la respuesta al incremento del gasto, “se debería encajar para que se devuelva esa deuda en menos de 30 años y no sea un gasto permanente”. Es más, advirtió de que en los últimos años se han podido financiar muy cómodamente los déficits públicos “pero esto no siempre es así y ya no me refiero a una crisis de deuda sino solo a un encarecimiento más significativo de los costes financieros”. Así, añadió que “como solución ya se está haciendo en parte –tal y como precisó también De la fuente– pero ojo, que tiene sus riesgos en un entorno de mayor escrutinio en los mercados”.