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Montero: “El impuesto a los ricos es justo y está dentro de nuestras competencias”

La ministra de Hacienda asegura que el gravamen sorteará los recursos de inconstitucionalidad

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.EFE
Pablo Sempere

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado segura de que el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas conseguirá sortear los recursos de inconstitucionalidad presentados en las últimas semanas por los gobiernos del Partido Popular (PP) de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, las únicas dos regiones de España que bonifican al 100% en 2023 el impuesto sobre el patrimonio y que llevaron al Gobierno central a diseñar el nuevo gravamen. Estos recursos, ha señalado Montero, no prosperarán.

En la presentación del III Informe de Ejecución del Plan de Recuperación tras la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, celebrada este jueves, la titular de Hacienda se ha mostrado tranquila acerca del futuro de todos los nuevos gravámenes impulsados por el Ejecutivo en 2022. Estos son el impuesto a los ricos y las prestaciones de carácter no tributario que afectan a las grandes empresas energéticas y de banca.

Según ha argumentado Montero, estas figuras responden a la “justicia fiscal” que practica el Gobierno de España para promover que quien más ganan o más beneficios tienen “hagan un esfuerzo para ayudar a la mayoría social del país”. El “modelo económico del Partido Popular” lleva al desmantelamiento de los servicios públicos para asegurar que “unos pocos sigan teniendo beneficios”, promoviendo bonificaciones que suponen regalos fiscales “en detrimento de la construcción de hospitales o colegios públicos”, ha dicho. “Ese no es nuestro modelo. Por eso, estamos seguros de que el impuesto es justo y que obedece a nuestras competencias”.

Los recursos presentados por Madrid y Andalucía argumentan varios puntos de presunta inconstitucionalidad. Uno de ellos es la invasión de competencias, ya que las autonomías, aseguran los dos gobiernos regionales, tienen capacidad normativa y de gestión en impuestos como Patrimonio. Dado que el nuevo gravamen sobre los ricos nace para anular las bonificaciones autonómicas, las dos regiones denuncian una invasión de las competencias por la puerta de atrás. Madrid y Andalucía también aluden al efecto retroactivo del impuesto, ya que se aprobó a finales de 2022 para gravar el patrimonio de ese mismo ejercicio, y a la inseguridad jurídica derivada de los cambios.

Montero ha recordado que en la comunidad de Andalucía, que bonifica al 100% Patrimonio por primera vez en 2023, solo pagaban el impuesto a la riqueza el 0,2% de los contribuyentes, unos 20.000 ciudadanos que dejarán de pagar cerca de 120 millones de euros. “Es un regalo fiscal para quienes tienen un patrimonio medio de 2 millones de euros. Y este no es nuestro modelo”, ha reiterado.

En cuanto a los gravámenes sobre banca y energética, cuyos grandes grupos están presentando en las últimas semanas resultados con beneficios récord, es de sentido común que si hay un mayor beneficios les pidamos una mayor contribución”.

Este miércoles, las patronales bancarias AEB y CECA interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra la orden de Hacienda en la que se recoge el nuevo impuesto extraordinario al sector. Las dos asociaciones, que representan tanto a los bancos tradicionales como a los grupos bancarios creados por las antiguas cajas, recurren directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca. En paralelo, los recursos de Madrid y Andalucía piden al Constitucional la suspensión cautelar de la tasa a las grandes fortunas.

Cesta básica

Este jueves, tanto la ministra de Hacienda como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han quitado hierro a la propuesta de Unidas Podemos de que el Estado bonifique el 14,4% del precio de una cesta básica de alimentos para abaratarla hasta los niveles previos a la pandemia. Este descuento, según el planteamiento del socio minoritario del Gobierno, se aplicaría a la hora de pagar en caja y beneficiaría a productos básicos como leche, aceite, huevos, carne, pescado o frutas. “Hemos hecho esta propuesta al PSOE teniendo en cuenta teniendo en cuenta los datos que evidencian que la rebaja en el IVA no ha tenido el impacto suficiente y ha salido limitado”, según ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Cabe recordar que la inflación se situó en enero en el 5,9%, según los datos cerrados que publica el INE. Y aunque los alimentos moderan su subida, siguen en cotas elevadas.

Sin embargo, Montero y Calviño han pedido este jueves un tiempo de prudencia para dejar actuar las medidas ya adoptadas, en referencia a la rebaja del IVA en los alimentos básicos que entró en vigor en enero. La vicepresidenta económica ha asegurado que la inflación de enero, que se modera dos décimas en tasa mensual, muestra que las medidas están funcionando y deben seguir teniendo impacto.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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