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Madrid lleva al Constitucional el nuevo impuesto a los ricos por invasión de competencias

El Gobierno de Ayuso alega que supondrá la pérdida de 5.000 millones en ingresos

Isabel Diaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.getty

La Comunidad de Madrid ha interpuesto definitivamente este miércoles un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también pide la suspensión cautelar del gravamen, que tendrá efectos recaudatorios ya este año sobre el patrimonio declarado en 2022.

El impuesto, que tendrá una deducción de 100% si se abona Patrimonio, gravará la riqueza neta superior a 3,7 millones de euros con tres tipos impositivos: uno del 1,7% para los que oscilen entre 3,7 y 5 millones de euros; otro del 2,1% en el caso de los patrimonios de entre 5 millones y 10 millones, y otro del 3,5% para los que superen los 10 millones.

Madrid considera que el gravamen temporal, diseñado por el Ministerio de Hacienda para anular las bonificaciones y descuentos de varias autonomías en el impuesto sobre el patrimonio, invade las competencias autonómicas en materia fiscal, atentando contra la capacidad de gestión de tributos cedidos recogida en la Constitución. Sostiene a su vez que no se ha seguido la tramitación parlamentaria ordinaria, impidiendo presentar enmiendas "en contra del derecho de representación política". Y añade que se incumple el principio de capacidad económica y no confiscatoriedad.

Como último argumento, Madrid recalca que el impuesto entró en vigor el 19 de diciembre de 2022 con efectos retroactivos sobre ese año, algo que vulnera el principio de seguridad jurídica.

El recurso incide en que se vulneran los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en la Constitución, que señalan que “se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica” y que “en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Sin embargo, el Gobierno de Díaz Ayuso estima que se trata de una tasa definida como temporal, inicialmente exigible para dos años, período para el cual se han determinado unos tipos imponibles que son estimativos y "presuponen una manifestación de riqueza ficticia, sin tener en cuenta los rendimientos reales de los recursos del contribuyente".

Esto, explica el Gobierno regional, supone un grave perjuicio "para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- y ahora se van a ver obligados a hacerlo". Así, "perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid".

Además, la Comunidad de Madrid considera que quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar, confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación, ahora se van a ver obligados a hacerlo.

Según las estimaciones del Ejecutivo regional, este nuevo tributo puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos. También recuerda que se ha puesto en marcha en un contexto de elevada recaudación, en el que el Ministerio de Hacienda está obteniendo ingresos récord.

Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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