La Fiscalía se plantea recurrir la sentencia que absolvió a la cúpula de Urbas por la ampliación de 2015
La Audiencia Nacional no vio acreditada la tesis de que los activos inmobiliarios aportados para la operación fueran “sobrevalorados”
El caso Urbas aún no está del todo cerrado. La Fiscalía Anticorrupción, que acusó a la cúpula directiva de la constructora de delito societario y contra el mercado por la ampliación de capital de 2015, valorada en 384 millones de euros, mantiene que esta operación supuso una estafa a los inversores que participaron en ella. Fuentes del ministerio público afirman a este periódico que tiene intención de recurrir en apelación la sentencia que dictó la Audiencia Nacional el pasado 20 de abril y que absolvió a todos los acusados.
Según explican las fuentes consultadas, la Fiscalía se encuentra en estos momentos analizando pormenorizadamente los argumentos que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plasmó en 266 páginas para rebatir la conclusión del tribunal. Los magistrados zanjaron que ni el actual presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, ni su antecesor Juan Antonio Ibáñez ―para quienes solicitó ocho años y tres meses y ocho años de cárcel respectivamente―, así como otras 12 personas tuvieron ninguna responsabilidad penal en la ampliación de capital.
El consejo de administración de la inmobiliaria decidió hacer en 2015 una ampliación de capital para dar un balón de oxígeno a la compañía, que arrastraba un patrimonio neto negativo aproximado de 48 millones de euros por las pérdidas acumuladas de la crisis del ladrillo. En concreto, la ampliación se cuantificó en 307,59 millones de euros en capital social y 76,89 millones de euros de prima de emisión se hizo mediante aportaciones no dinerarias del 100% de las participaciones sociales de la sociedad inmobiliaria Aldira Inversiones (en total 69.341.066 participaciones), en la que se habían integrado una serie de inmuebles cuya valoración conjunta representaba el importe de la operación.
La acusación pública asegura que “pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas”, en dicha ampliación no hubo ningún capital, ya que los bienes inmuebles aportados estaban “extremadamente sobrevalorados”, En esta línea indicó que las tasaciones ”eran irracionales y ajenas" a la realidad no sólo de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular. Sin embargo, el tribunal no comparte este criterio, sino que entiende que el perjuicio que se pudo causar a los inversores no tuvo relación directa alguna con ese hecho [la operación de capital], sino más bien por la prohibición de la cotización de las acciones en el mercado, que impidió su desarrollo lógico”.
A raíz de la investigación judicial en septiembre de 2017, tras la admisión de una querella de Anticorrupción, que un año antes había iniciado unas pesquisas tras recibir una alerta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente la cotización de Urbas anterior a la de la ampliación de capital para requerir información a la compañía y comprobar la veracidad de los datos lanzados al mercado.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal destacó en su sentencia que la compañía no engañó a los inversores porque era público que la empresa se encontraba entonces en causa de disolución y que el objetivo principal de la ampliación de capital era que “pudiera subsistir”. Asimismo, los magistrados señalaron que las acusaciones no lograron demostrar durante el juicio que “la participación individualizada” de cada uno de los acusados en el engaño a los potenciales inversores.
Urbas, que se encuentra en pleno concurso de acreedores desde el pasado mes de enero, achaca a la actuación de Anticorrupción la difícil situación que atraviesa desde la crisis inmobiliaria. Según señalan fuentes de la compañía, las pesquisas judiciales y el hecho de la Fiscalía pusiera en duda el valor de los activos inmobiliarios complicó conseguir financiación para saldar su deuda histórica.
Finalmente, en 2020, la constructora firmó un préstamo de 50 millones de euros, que luego se ampliaron hasta 80 millones, con el fondo de capital privado Roundshield Partners y que ahora se ha convertido en uno de los principales rivales en el proceso de reestructuración. La firma de inversión, que ante el impago del crédito ejecutó en Luxemburgo una prenda en diciembre de 2024 (cuando vencía el contrato) por la que se adjudicó una filial de Urbas creada en dicho país y un perímetro constituido principalmente por 1.800 activos inmobiliarios en España y la potencial construcción de más de 4.000 viviendas y 22 promociones, reclama una deuda de 206 millones de euros, al otorgar a todo el conjunto de activos el valor de cero euros. Por este asunto, hay dos procedimientos judiciales abiertos en Londres y en Madrid.
Asimismo, Urbas tiene otro frente abierto con las firmas Auren y Kepler-Karst, que se unieron para ser el administrador concursal de la constructora, y que han puesto en duda la viabilidad del plan de restructuración presentado. La compañía ha solicitado al juez que tramita el concurso de acreedores que las aparte por falta de imparcialidad. La inmobiliaria denuncia que el despacho de abogados tiene una vinculación con el principal acreedor, RS Lender (vinculado al fondo Roundshield), mientras que en el caso de la firma de servicios profesionales señala que realizó valoraciones contradictorias de los mismos activos en apenas de tres meses, es decir en el tiempo transcurrido entre el juicio en la Audiencia Nacional y la presentación del informe concursal.