El fondo Roundshield eleva la deuda de Urbas a 206 millones y pone contra las cuerdas al grupo inmobiliario
La firma de inversión demandó a la constructora en Reino Unido por el impago de un préstamo y la compañía española respondió con una querella por estafa
El conflicto entre el fondo Roundshield y el grupo inmobiliario Urbas sigue escalando. La firma de inversión, que demandó a la compañía española en Reino Unido para reclamar una deuda de 189 millones de euros por la financiación concedida a finales de 2020 para salir de la crisis económica que finalmente le ha llevado al concurso de acreedores, ha elevado este saldo negativo hasta los 206 millones, según se revela en el informe que los administradores concursales de la constructora.
Las firmas Auren y Kepler-Karst, que han sido designadas como administradoras de Urbas, han trasladado al juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid sus dudas sobre el plan de viabilidad propuesto por la empresa concursada. El grupo presidido por Juan Antonio Acedo presentó el pasado julio un plan de pagos de tres años que plantea la satisfacción íntegra de la deuda estimada en 235 millones de euros sin quitas, a través de la caja generada por el negocio de la promoción inmobiliaria y la desinversión de activos. Sin embargo, los administradores cuestionan la viabilidad de la propuesta de la empresa.
Las dudas surgen de la deuda que, supuestamente, mantiene con uno de los principales acreedores, el fondo Roundshield —cuyo 60% pertenece desde junio de 2024 a Harrison Street, el área de gestión de inversiones de la consultora inmobiliaria Colliers International—, con el que mantiene una intensa batalla judicial. Según indica el informe concursal, al que ha tenido acceso este periódico, “este acreedor ha comunicado a esta administración concursal un crédito contingente contra la deudora, derivado de una reclamación ante los tribunales de Inglaterra, por importe de 205.686.739 euros”. Esto elevaría, de acuerdo a lo que explican los administradores, el pasivo total a 361 millones de euros, “lo que representa más del 300% de los créditos concursales contemplados en la propuesta del convenio” formulada por Urbas.
En diciembre de 2020, Roundshield, a través de RS Lender (un vehículo creado ad hoc para la finaciación), firmó con Urbas un contrato de financiación por 50 millones de euros, que posteriormente se amplió hasta 80 millones. Con este dinero, el grupo español pretendía reordenar la deuda histórica que arrastraba desde la crisis inmobiliaria y que superaba los 250 millones tras la ampliación de capital de 2015. El inicio en 2017, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, de una investigación judicial en la Audiencia Nacional por esa ampliación ―asunto que se juzgó a principios de este año― puso en duda el valor de sus activos y dificultó las vías de financiación.
El contrato vencía en diciembre de 2024 y tras los incumplimientos de devolución del crédito, el 18 de diciembre de ese año, RS Lender ejecutó automáticamente en Luxemburgo una prenda ―jurisdicción en la que no es necesaria la intervención de un juez, sino únicamente la declaración de un notario― por la que se adjudicó la filial de Urbas creada en dicho país para obtener la financiación y un perímetro constituido principalmente por 1.800 activos inmobiliarios en España y la potencial construcción de más de 4.000 viviendas y 22 promociones. A todo este conjunto, la firma de inversión le dio un valor de cero euros.
Esta es la clave del conflicto que, además, ahora ejerce presión en el marco del concurso de acreedores. RS Lender presentó en mayo de 2025 una demanda ante la justicia británica por 189 millones de euros por dichos impagos. Urbas considera que esta reclamación no tiene fundamento porque, según alega, la deuda debería haberse reducido o extinguido por el valor de los activos apropiados, que a efectos hipotecarios aceptado por ambas partes en el contrato es de más de 181,5 millones de euros.
Aumento del importe
En este sentido, la inmobiliaria presentó una querella por estafa procesal contra el fondo y sus representantes en Reino Unido y España, que fue admitida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en la que les acusa de inflar “artificialmente” la deuda con el objetivo de reclamarla en distintas jurisdicciones e influir en el concurso de acreedores. Según indica la querella, la reclamación inicial comunicada por parte del fondo era de 145 millones de euros, si bien la demanda de Roundshield se formalizó finalmente por 44 millones de euros más.
Este importe ha ido creciendo con el paso del tiempo, ya que, de acuerdo a la última comunicación trimestral sobre la deuda enviada por el fondo a Urbas en octubre de 2024, que ha podido ser consultada por este periódico, el saldo a deber era de 108,6 millones. La cuantía de la deuda ha aumentado debido a los intereses generados por el impago del préstamo hasta alcanzar los 206 millones el pasado 27 de enero, cuando se declaró el concurso de acreedores y quedó en suspenso el devengo de los mismos, tal y como exige la ley concursal.
Según han indicado fuentes jurídicas conocedoras de este asunto, una de las cuestiones a debatir en los distintos procedimientos judiciales abiertos es hasta cuándo se debieron seguir aplicando intereses a la cantidad pendiente de devolver por parte de Urbas, aunque insisten en que la cuestión principal es la deuda debía seguir viva después de la apropiación de los activos tras la ejecución de la prenda.
RS Lender se personó en el proceso de reestructuración que Urbas inició en mayo de 2025, y en el que contaba con el apoyo de la mayoría necesaria por la normativa de los acreedores. Un día después de presentar la demanda en los tribunales ingleses, el vehículo de inversión alegó ante el juez que la ley concursal le permitía elegir al experto de reestructuración debido a que su deuda pendiente de cobro (entonces de 189 millones de euros) superaba el 50% del pasivo total. El juez estimó la petición y autorizó la designación de FTI & Partners como experto, en sustitución de Álvarez Marsal, que ya había sido nombrada como tal figura por la constructora.
En este contexto, el acreedor presentó su plan de reestructuración en agosto de 2025, que abocó a Urbas a solicitar voluntariamente la declaración del concurso de acreedores para evitar que la justicia homologara la propuesta del fondo que ha pasado de ser su principal socio a ser su mayor rival.