El juez da audiencia a Kepler-Karst y Auren para defenderse de la acusación de Urbas sobre falta de imparcialidad
La constructora solicitó la separación de ambas firmas como administradoras concursales
El pulso judicial entre Urbas y su administración concursal avanza. El juzgado que tramita el concurso de acreedores de la inmobiliaria ha dado audiencia a Kepler-Karst y Auren, que ejercen conjuntamente como administradores concursales, para que presenten alegaciones frente a la solicitud de cese presentada por la inmobiliaria presidida por José Antonio Acedo. La decisión, recogida en una providencia fechada el 24 de abril, no entra aún en el fondo del asunto, pero abre formalmente la fase de defensa de los administradores ante unas acusaciones de falta de imparcialidad que, de prosperar, podrían alterar el rumbo del concurso.
Urbas, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado enero, solicitó el 17 de abril la separación de la administración concursal, al entender que la actuación de la unión temporal de Auren y Kepler-Karst incurre en un incumplimiento grave de los deberes de independencia, diligencia e imparcialidad. La inmobiliaria denuncia que el despacho de abogados tiene una vinculación con el principal acreedor, RS Lender (vinculado al fondo Roundshield), mientras que en el caso de la firma de servicios profesionales señala que realizó valoraciones contradictorias de los mismos activos en apenas tres meses.
La recusación tiene lugar dos semanas después de que ambas firmas presentaran al juez que tramita el concurso un informe en el que reflejaron sus dudas acerca de que el plan de viabilidad de Urbas sirviera para pagar todas las deudas, al entender que el pasivo es mucho mayor. El grupo ha propuesto un plan de pagos de tres años que plantea la satisfacción de 235 millones de euros sin quitas, a través de la caja generada por el negocio de la promoción inmobiliaria y la desinversión de activos.
Contacto directo con el acreedor
En el escrito presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Urbas asegura que Kepler-Karst habría mantenido una relación profesional “directa” con la firma de inversión británica y casi de forma “simultánea” a postularse como administrador concursal de la constructora.
La compañía tuvo un primer contacto en diciembre de 2023 con la firma legal para su posible contratación como experto en las restructuraciones de varias filiales del grupo (Ecisa, Urrutia y Murias), que finalmente no llegó a consolidarse. No obstante, las relaciones se mantuvieron hasta mayo de 2025, cuando el grupo inmobiliario inició su plan de reestructuración (que finalmente ha acabado en concurso) y comunicó la apertura de negociaciones con los acreedores.
En este contexto, volvió a contactar con el despacho para analizar sus servicios como experto de reestructuración, por lo que Urbas facilitó al equipo de Kepler “información confidencial y sensible” de la compañía, al tiempo de que fue informado sobre la existencia de un conflicto con RS Lender, así como de “la estrategia global de la compañía en el marco de varios procedimientos”.
El fondo británico reclama hasta 206 millones de euros por el impago de un préstamo de 50 millones de euros en 2020, que posteriormente se elevó a 80 millones, pese a haberse adjudicado unos activos tras la ejecución de una prenda en Luxemburgo y otorgar a los mismos un valor de “cero euros”. La constructora replicó con una querella por estafa contra su principal acreedor, al considerar que la deuda debió quedar extinguida o, al menos, reducida.
Sin embargo, la sorpresa para Urbas fue que dos meses después de estos encuentros, y de entregar información sobre la compañía, Kepler fue designado, en un principio, como experto reestructurador de una de las filiales de Urbas que pasó a manos del fondo tras la ejecución de las garantías.
Valoración de activos
La segunda parte de la denuncia versa sobre Auren, que tiene un carácter distinto. En este caso, la controversia gira en torno a la valoración de unos activos inmobiliarios, que precisamente son los que Urbas ha incluido en su plan de desinversión, a los que se asignaron cifras radicalmente distintas en un intervalo de apenas tres meses.
El grupo constructor destaca en su escrito que, durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional a principios de este año por una presunta estafa a inversores en la ampliación de capital de 2015 (de la que la cúpula directiva ha salido absuelta), tuvo conocimiento de que Auren realizó un informe pericial de esos bienes en el marco de la defensa de uno de los que fueran socios mayoritarios de Urbas. En dicho análisis, su estimación fue prácticamente coincidente a la defendida por la compañía. No obstante, poco después, ya como administrador concursal, la cifra se redujo drásticamente.
De una muestra de ocho activos, el valor pasó de 24,2 millones en diciembre de 2025, según consta en el análisis realizado en el procedimiento penal, a apenas ocho millones en marzo de 2026, cuando el administrador concursal presentó su valoración del plan de viabilidad de Urbas. “La diferencia es de casi tres veces entre valoraciones con unas pocas semanas de diferencia”, denuncia el grupo. La empresa cuestiona también la metodología seguida por Auren porque, según indica, en el marco del concurso de acreedores, estos activos habrían sido analizados de forma individualizada, cuyo resultado se extrapoló a otros 16 bienes que sí fueron examinados para la pericial.
Por todo ello, Urbas se queja de falta de transparencia por parte de las dos firmas seleccionadas como administradoras concursales, pero también de un “trato preferencial” a RS Lender, al no cuestionar la valoración de “cero euros” que el fondo ha dado a los activos adjudicados, aceptando de este modo que la deuda a este acreedor supere los 200 millones de euros. Estas “actuaciones (acciones y omisiones) no tienen como ‘norte esencial la mayor satisfacción de los acreedores’”, concluye la constructora.