Anticorrupción atribuye a CVC 13 delitos fiscales y otros cuatro a su máximo directivo en España, Javier de Jaime
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón admitió a trámite en septiembre la denuncia presentada por la fiscalía y permite a Hacienda personarse como perjudicada
La Audiencia Nacional, especializada en abordar causas complejas, acaba de abrir una investigación sobre el posible fraude fiscal cometido por el fondo CVC Capital Partners y su máximo responsable en España, Javier de Jaime. Las pesquisas han sido impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a la firma de inversión un total de 13 delitos contra la Hacienda Pública y otros cuatro al alto directivo por un presunto fraude fiscal, según consta en el auto de admisión a trámite de la denuncia presentada por el ministerio público, al que ha tenido acceso este periódico.
La apertura de este caso ha sido instada por la Fiscalía Anticorrupción, que tras dos años analizando si la firma y su socio director redujeron su factura fiscal en varios ejercicios de manera irregular, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional al considerar que existen indicios de que es así. El examen de la Fiscalía se inició a raíz de tres denuncias que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT) planteó ante la Fiscalía de Madrid, que tras comenzar a analizar el caso se inhibió a favor del órgano especializado por la magnitud del asunto.
CVC es una de las firmas de capital riesgo más grande de Europa y uno de los más destacados de España, con una red global compuesta por 30 oficinas locales en seis continentes y 200.000 millones de euros de activos bajo gestión. En abril de 2024, la compañía británica debuto en la bolsa de Ámsterdam. Entre sus participaciones, figuran su inversión en Naturgy, en LaLiga, la compañía aceitera Deoleo, Exolum (la antigua CLH), la firma industrial Neolith, o la Universidad Alfonso X El Sabio. Además, ha sido también un destacado accionista de compañías que ya vendió como Tedam (Cortefiel), Abertis, Monbake o las residencias Vitalia Home. Recientemente, ha cerrado un acuerdo para entrar en el capital, como accionista minoritario, de International Schools Partnership, uno de los mayores grupos de educación privada a nivel mundial.
Hacienda puso el foco en la venta en 2016 de IDCSalud (Quirón) a Fresenius, con la que presuntamente habría cometido un fraude de 356 millones de euros y habría dejado una deuda de 369 millones, tras utilizar un entramado societario constituido en Luxemburgo y Países Bajos. Según la Agencia Tributaria, con la venta del grupo hospitalario, valorada en 5.760 millones de euros, la firma de private equity declaró una base imponible de 2.877 millones de euros y una cuota íntegra de 0 euros.
De acuerdo a la resolución dictada el pasado 23 de septiembre por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha denunciado a CVC Investment Advisory Services (CVC España) por, presuntamente, disminuir el pago de impuestos en España. En concreto, atribuye 10 delitos fiscales relacionados con el Impuesto de Renta de No Residentes (IRNR) de 2017: cinco de ellos por, presuntamente, no tributar correctamente la ganancia patrimonial sin establecimiento permanente y otros cinco por la supuesta omisión de declarar rendimientos de capital mobiliario.
En cuanto a Javier de Jaime, el ministerio público considera que tributó incorrectamente por un bonus especial del sector, el llamado carried interest (reparto entre directivos de las ganancias del fondo), como rentas del capital (que hasta 2022 tributaba a un máximo del 27%) y no como rentas del trabajo (que podían llegar casi al 50% en función de la comunidad autónoma del contribuyente). Por ello, le achaca cuatro delitos contra la Hacienda Pública con relación al IRPF de los ejercicios que van de 2015 a 2018, ambos inclusive. En esta línea, la Fiscalía cree que el fondo no hizo correctamente la retención sobre dicho plus y de ahí que le atribuya otros tres delitos fiscales.
Asunto “novedoso”
Fuentes jurídicas apuntan que la complejidad de esta causa sobre CVC es elevada, ya que se trata de un tema “muy novedoso” que implica varios impuestos y que supone entrar a valorar la práctica habitual del sector, que suele utilizar este tipo de estructuras en sus operaciones y en el cobro de dichos bonos. Ahora, será la jueza María Tardón la que practique las diligencias necesarias para aclarar si estas declaraciones a Hacienda fueron correctas o, por el contrario, la firma y su alto directivo cometieron varios delitos fiscales. De hecho, ofrece a Hacienda la posibilidad de presentar acciones como perjudicada a través de la Abogacía del Estado.
La jueza Tardón explica en su auto que la Audiencia Nacional es el órgano competente para examinar la controversia que CVC mantiene con Hacienda tanto por la cuantía presuntamente defraudada, como por el carácter transnacional del asunto. La magistrada recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé que los órganos centrales de instrucción investiguen “los delitos de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”. En este sentido, señala que la cuantía del fraude es “muy relevante” y ascendería a 355.904.224 euros, lo que supera con creces las cantidades establecidas por la jurisprudencia más reciente acerca de la habilitación de la Audiencia Nacional para conocer este tipo de asuntos, que la fija entre los 68 y los 108 millones de euros.
Asimismo, la jueza afirma que “la utilización de jurisdicciones no cooperantes y sociedades instrumentales domiciliadas en otros países de la Unión Europea, otorgan a este supuesto el presupuesto de complejidad e internacionalidad que otorga a la Audiencia Nacional la competencia”.
Límites marcados por el Supremo
CVC ya intentó tumbar las conclusiones de Hacienda en los tribunales por la vía contenciosa-administrativa. Por un lado, demandó al departamento que dirige María Jesús Montero por vulneración de derechos fundamentales en la entrada y registro de sus oficinas para el volcado de información de dispositivos electrónicos y la toma de declaraciones de directivos y empleados de la firma en octubre de 2021; y, por otro lado, por la imposibilidad de impugnar las resoluciones de Hacienda por las que se le acusa de fraude fiscal.
Ambos casos llegaron hasta el Tribunal Supremo, cuyos pronunciamientos tendrá incidencia en la causa penal abierta. Sobre el primer asunto, el alto tribunal descartó la inviolabilidad del domicilio, al entender que los interrogatorios “no es algo que necesite autorización judicial”, si bien sí considera que se vulneró el derecho a la tutela efectiva y el derecho a la defensa porque, al menos, dichas prácticas sí que debían estar contempladas en el auto de entrada y registro. Esto implica que los datos obtenidos en dicho registro quedarían sin efecto.
No obstante, el Supremo no ha dado la razón a CVC en cuanto a su otra queja. En tres sentencias dictadas en marzo y junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal señala que las resoluciones de Hacienda no se pueden recurrir por la vía administrativa, como pretende el fondo, porque las propias leyes establecen que es la vía penal la adecuada para revisar las liquidaciones y determinar si existe cuota defraudada. De este modo, la máxima instancia judicial da alas a que la Audiencia Nacional examine si CVC y De Jaime cometieron delitos fiscales.
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