Anticorrupción investiga a CVC y Javier de Jaime por fraude fiscal
La Fiscalía analiza si el fondo de inversión redujo su factura con el entramado societario en el extranjero
El fondo de capital riesgo más grande y más importante de España –dueño de un 20% de Naturgy, de Tendam o aliado de LaLiga–, en la picota por sus prácticas fiscales. La Fiscalía ha abierto una investigación contra CVC y su principal responsable en el país, Javier de Jaime, según fuentes próximas al proceso.
El ministerio público ha incoado recientemente diligencias de investigación para aclarar el alcance penal que tienen los movimientos que el fondo ha realizado con su entramado societario en el extranjero para rebajar la factura fiscal en España. El departamento encargado de llevar a cabo el examen penal es la Fiscalía Anticorrupción, que desde hace unos días estudia este asunto en profundidad, por lo que la investigación se encuentra aún en una fase muy inicial. De ella se desprende que tanto el fondo como persona jurídica como el propio De Jaime puedan afrontar una causa penal.
El Ministerio de Hacienda ha sancionado al fondo y a su cabeza en España con 90 millones, según publicó El Confidencial, por disminuir el pago de impuestos en España a través de estructuras en el extranjero. Y, en el caso de De Jaime, por tributar por un bonus especial del sector, el llamado carried interest, como rentas del capital y no como rentas del trabajo, que es lo que impone la legislación española.
Se trata del remanente de dinero que queda en los fondos de capital riesgo una vez que estos cumplen sus ciclos y devuelven la inversión y su rentabilidad a sus partícipes. Entonces, ese dinero que sobra se lo reparten los directivos del fondo. Que ese bonus tribute como rentas del capital y no como rentas del trabajo es una de las reivindicaciones históricas del sector, como ya ocurre en muchos países europeos. Entre otras razones, esta petición se debe a motivos fiscales, ya que mientras que las rentas del capital tributaban hasta 2022 a un máximo del 27%, las del trabajo podían llegar casi al 50% en función de la comunidad autónoma del contribuyente.
Aunque el carried interest sigue gravándose actualmente en España como renta del trabajo, la recién aprobada Ley de Empresas Emergentes establece que a partir de 2023 se reduzca su imposición al 50% de la cuantía de las plusvalías obtenidas, dejando exenta la otra mitad.
Parte de las pesquisas de Anticorrupción emanan de estas sanciones del departamento que dirige María Jesús Montero. No obstante, estos hechos no serían los únicos objetos de análisis de la Fiscalía especializada en corrupción y crimen organizado, pues según subrayan las fuentes consultadas, se trata de un asunto muy complejo y bastante novedoso, que guarda relación con distintos impuestos y ejercicios. De la conclusión que saquen los fiscales dependerá si el asunto se judicializa con la presentación de una querella o se da carpetazo al no ver delito.
Proceso paralelo
Estas no son las únicas presuntas irregularidades que ha detectado Hacienda. En un proceso paralelo, el fisco también puso el foco en la venta en 2017 de IDCSalud (Quirón), con la que presuntamente habría cometido un fraude de 355 millones de euros y habría dejado una deuda de 369 millones, tras utilizar un entramado societario constituido en Luxemburgo y Países Bajos.
Tras esta operación, CVC declaró ante Hacienda una base imponible de 2.877 millones de euros y una cuota íntegra de 0 euros como consecuencia de la aplicación del convenio de doble imposición entre España y Países Bajos, de acuerdo con un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que emitió la semana pasada.
Esta cuestión ya se encuentra en los tribunales, si bien por la vía contencioso-administrativa. La Audiencia Nacional tiene abiertos siete procedimientos por posibles delitos fiscales, en relación a las distintas liquidaciones provisionales de Hacienda por las regularizaciones por el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR), el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de sociedades.
Por el momento, los magistrados están analizando una cuestión relativa a derechos fundamentales, ya que CVC impugnó las resoluciones de la Agencia Tributaria, alegando que durante el procedimiento administrativo se dieron una serie de irregularidades y se vulneró su derecho a la defensa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al tribunal en ese mismo informe que desestimara estos recursos, y aprovechó para instar a los magistrados a que trasladaran estos casos a la jurisdicción penal. Este sería un procedimiento paralelo al que ha iniciado Anticorrupción.
CVC ha declinado responder a preguntas de este periódico. Ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía han hecho comentarios.
El más todopoderoso fondo en España
CVC ha campado en España durante los últimos años como quizás el fondo con más peso. No es el más grande –puesto que estos son fondos estadounidenses como Apollo, Blackstone o Carlyle–, pero sí quizás el que ha realizado más y más grandes operaciones en España. Un ejemplo de ello es el 20% que tiene en Naturgy, pero también se reparte con Pai Tendam (dueña de Cortefiel), el 49% de Deoleo, del que ahora explora una operación corporativa para activar la salida; la cadena de residencias de ancianos Vitalia; una participación en Exolum (la antigua CLH) y la Universidad Alfonso X. Recientemente ha adquirido la compañía de encimeras Neolith, pero quizás su transacción más mediática ha sido la toma del 8,2% de los derechos televisivos de LaLiga durante 50 años.
Javier de Jaime es uno de los grandes de la empresa española. De Jaime es managing partner de CVC en España. Como accionista de referencia en Naturgy integra también el consejo de la gasista. Antes trabajó durante siete años en el fondo 3i, dos de los cuales en su oficina de Londres. De Jaime llegó al olimpo de las finanzas con una operación clave, la de Quiron, que terminó vendiendo al grupo alemán Fresenius por un montante récord.
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