¿A quién reclamar los daños del apagón? El informe del Gobierno dificulta solicitar indemnizaciones a las energéticas
La falta de información sobre las eléctricas frena que, por el momento, afronten responsabilidades civiles. El foco, en la CNMC
El informe que el Gobierno presentó este martes sobre las causas del apagón del 28 de abril puede servir de apoyo a los consumidores que pretenden solicitar indemnizaciones por los daños que sufrieron, ya que se han puesto sobre el papel los diversos factores que provocaron la sobretensión de la red. Sin embargo, la confidencialidad de detalles relevantes, como qué centrales no operaron correctamente durante ese día y a qué compañías pertenecen, limita la posibilidad de extender estas quejas a energéticas concretas, dejando en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinar si tuvieron responsabilidad en que la península Ibérica se quedara sin electricidad durante prácticamente toda la jornada.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la investigación sobre las causas del apagón concluye que, por un lado, que Red Eléctrica (de la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, posee el 20%) no hizo la correcta planificación del suministro eléctrico para el último lunes de abril. Pero también achacó parte de culpa a las compañías (sin dar nombres) a las que pertenecían nueve centrales que deberían haber ayudado a controlar la tensión y que, al parecer, registraron un funcionamiento anómalo.
Las reacciones y el cruce de acusaciones no tardaron en llegar. Poco después de conocerse el documento, la patronal del sector eléctrico, Aelec, difundió un comunicado en el que negó cualquier responsabilidad de las eléctricas y acusó a Red Eléctrica de no haber garantizado el control de la tensión en el sistema durante el apagón. Por su parte, ayer por la mañana, la presidenta de la empresa semipública, Beatriz Corredor, lamentó que la información proporcionada por las eléctricas no tuvo la “calidad deseable”. “Cuando han facilitado datos, que no ha sido siempre, lo han hecho especificando su carácter confidencial. Esto se nos ha especificado en cada información parcial y por burofax”, indicó.
Con este escenario, la mirada está puesta en la CNMC, que ya ha solicitado información para sacar sus propias conclusiones y analizar si se deben imponer sanciones, que pueden ascender hasta 60 millones de euros y abrir la puerta a indemnizaciones, así como diversos frentes judiciales, ya que las multas pueden ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. “Malicio que, digan lo que digan, acabaremos en los tribunales todos, unos u otros”, vaticinó el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante su participación, este martes por la tarde, en el acto ¿Cómo compite España? El reto empresarial ante la nueva economía, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Plazos para reclamar
Mientras tanto, el tiempo corre para los consumidores, que tienen que analizar bien los hechos para ver si les compensa esperar a la CNMC o iniciar ya la vía judicial. Tras el insólito apagón, empresas y particulares elevaron a sus aseguradoras las primeras reclamaciones por la pérdida de alimentos como consecuencia de la falta de refrigeración; por los daños a electrodomésticos y aparatos electrónicos, e incluso por la interrupción del negocio o la cancelación de viajes y espectáculos.
Autoridades y expertos del sector jurídico señalaron entonces que el desconocimiento de las causas y sus responsables dificultaba iniciar la vía judicial, ya que las compañías solo se hacen responsables de sus actos y no de causas ajenas, como puede ser un apagón. Aun así, instaron a hacerse acopio de todas las pruebas posibles para, en el momento oportuno, poder demostrar los perjuicios ocasionados. Ahora, fuentes jurídicas expertas en materia de derecho público y energía señalan que las recientes explicaciones ofrecidas por el Gobierno, que creó un comité de investigación para esclarecer los motivos que causaron el corte de suministro, “no cambian mucho la situación” de los consumidores que buscan compensar un daño material, pero sí sirven de apoyo para impulsar las reclamaciones, ya que dan “argumentos oficiales” de lo que pasó y descartan que la caída del suministro eléctrico fuera por “causa mayor”.
Sin embargo, el hecho de que el Ejecutivo haya mantenido la confidencialidad, por motivos legales, de las plantas que fallaron y de sus dueñas, ya que muchas de las empresas no han dado permiso para detallarlos, complica que las eléctricas se hagan cargo de eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que, hasta el momento, se sigue desconociendo su grado de implicación en el incidente que paralizó gran parte de la actividad del país.
La acción de restitución de los daños materiales o el lucro cesante (cantidad que se ha dejado ganar en caso de los negocios) prescribe al año. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que los usuarios que se encuentren en esta situación y quieran ser indemnizados deberían iniciar ya, si no lo han hecho aún, los trámites extrajudiciales o judiciales (vía demanda civil), ya que se arriesgan a que dicho tiempo se cumpla y que el órgano que preside Cani Fernández no haya dado a conocer todavía sus conclusiones. En cambio, las responsabilidades contractuales, es decir las derivadas por incumplimiento de contrato, expira a los cinco años; pero los expertos precisan que estas tienen menos posibilidades de prosperar hasta que no haya datos concretos sobre qué fue lo que las eléctricas hicieron mal y cómo pudo afectar al consumidor final.
Por otro lado, las fuentes subrayan que, pese a que parte de la culpa del apagón ha recaído en Red Eléctrica, esto no tiene efectos en la responsabilidad patrimonial del Estado. Y es que aunque sea su accionista mayoritario, la naturaleza privada de la compañía no cambia, señalan, por lo que será la firma que pilota Corredor la que afronte su parte de las eventuales indemnizaciones.
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