La Audiencia Nacional inicia el juicio a Hafesa por el fraude masivo de 154 millones en IVA de hidrocarburos
La Fiscalía sitúa al presidente de la compañía, Alejandro Hamlyn, y el exconsejero delegado, José Norberto Uzal, a la cabeza de una organización criminal
La operación Drake, en abril de 2019, permitió desmantelar uno de los mayores fraudes masivos en IVA de hidrocarburos. Así, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, concluían la investigación que se inició en 2015 sobre una trama organizada alrededor de la petrolera Hafesa Energía, por el presunto fraude de más de 154 millones de euros, entre 2016 y 2019, por no pagar este tributo derivado de la comercialización y venta de combustibles. Entre los principales líderes de la organización se situó al presidente del grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, y al que fuera su número dos, José Norberto Uzal, quienes a partir de este lunes serán juzgados en la Audiencia Nacional junto a otros 13 personas, así como una veintena de sociedades como personas jurídicas, por los delitos de organización criminal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.
El juicio estaba previsto que se celebrara en septiembre de 2024, si bien la detención de uno de los presuntos miembros de la trama, el empresario extremeño y expresidente del Real Murcia, Raúl Moro (que fue investigado en situación de rebeldía y fue entregado por México), provocó el aplazamiento de la vista oral. El Grupo Hafesa difundió entonces un comunicado en el que lamentó el retraso para aclarar los hechos y subrayó su cooperación plena con las autoridades desde el inicio del proceso, “proporcionando toda la información y documentación requerido en tiempo y forma”.
La compañía aportó informes de PwC y KPMG que, según dice, “no solo avalan la actuación de Hafesa y la inexistencia de fraude fiscal, sino que ejemplifican la labor de cumplimiento normativo por parte de Grupo Hafesa desde 2016 y descartan cualquier vínculo de Hafesa y Alejandro Hamlyn con el resto de acusados”.
Ahora, nueve meses después, el calendario se retoma y la incógnita sigue estando en el banquillo de los acusados. Alejandro Hamlyn comunicó a la Audiencia Nacional que se encontraba retenido en Dubái por una reclamación de deuda, a donde había viajado por motivos de negocios.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional afirma en su escrito de acusación que el presidente del Grupo Hafesa actuó como “jefe de la organización criminal” y que, como tal, “diseña, implementa, dirige y ordena, tanto la dinámica que tiene por finalidad realizar el fraude del IVA, como toda la estructura de empresas formalmente ostentadas y aquellas instrumentales empleadas en la realización de la mismas”. A sus órdenes siempre estaba el que fuera consejero delegado del grupo, José Norberto Uzal, que en la jerarquía de la trama aparecía como “transmisor” de las directrices, al mismo tiempo que asesoraba de los aspectos legales del negocio, por sus conocimientos como abogado. El ministerio público pide 89 años y tres meses de prisión para ambos. En cuanto a la proveedora Hafesa Energía, plantea una multa millonaria y su disolución.
La investigación concluyó hace cuatro años
La investigación judicial concluyó hace cuatro años, en junio de 2021, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, propuso juzgar al presidente de Hafesa y otras 14 personas. En su auto señaló que el principal objetivo de la organización era “evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos”. La cuota defraudada asciende a 154.729.800,59 euros. Al incorporar el IVA repercutido a su patrimonio, “obtuvieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta, además de una cierta monopolización del mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, pues la mercancía se vendía por debajo del precio de coste”, añade la resolución.
El magistrado explica que los acusados crearon una red de sociedades mercantiles que, en verdad, eran “cascarones vacíos” y operaban como meros satélites de Hafesa Energía. Su función era servir de instrumento para llevar a efecto un fraude, pues las interponían entre su posición y el consumidor final (las gasolineras), “utilizando la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial de la sociedad instrumental”. La operativa comercial llevada a cabo por los acusados parte del hecho que el entramado no han soportado IVA en la adquisición de los hidrocarburos, pero sí repercutió dicho impuesto en la práctica totalidad de las ventas realizadas por tener lugar fuera del depósito fiscal.
Por otro lado, el magistrado señaló que las cuotas defraudadas a través de las sociedades instrumentales “han sido sometidas a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros, de los cuales aparece identificada la finalidad última respecto de casi 30 millones”. Esta cantidad fue destinada a la compra de criptomonedas, transferencias al extranjero, retiradas de efectivo, compra de vehículos (1,95 millones), cheques y talones (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas.
Sobre la firma
