Preocupación en el mercado de hidrocarburos: las duras medidas de IVA impuestas afectan a la competencia
Las recientes medidas antifraude imponen claras barreras para algunos actores en el mercado, quedando de esta afectación las principales petroleras
El pasado 21 de diciembre de 2024, fue publicada en el BOE la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, norma que contiene una dura medida antifraude aplicable al IVA en el sector de los hidrocarburos, que es la obligatoriedad de que los comercializadores de productos petrolíferos anticipen el IVA en el momento de la extracción de los depósitos fiscales (establecimientos donde, estos productos se encuentran almacenados sin pago de tributos).
El sector de los hidrocarburos viene sufriendo una constante evolución normativa en los últimos años, encaminada toda ella a acabar con el fraude de los hidrocarburos, estructuras empresariales creadas con el único objetivo de cometer fraude de IVA o incumplimientos de obligaciones sectoriales, que acaban por abaratar el producto final. Dado que las gasolinas y los gasóleos tienen una alta y constante demanda, cualquier céntimo a menos en el precio final hace que el producto se venda con gran facilidad. Estas entidades defraudadoras, una vez colocan los productos desaparecen con el IVA de esa venta, enriqueciéndose con ese margen de impuesto que no ingresan.
Este fraude ha alcanzado, según informaciones de algunos medios, unas cifras entorno a los 3.000 millones de euros, por lo que, las medidas antifraude aplicadas en 2023 con la creación del censo REDEF (un censo conformado por los que compraban productos sin impuesto, dentro de los llamados depósitos fiscales), se han visto insuficientes. Todo ello ha salido a la palestra además con la trama de Víctor de Aldama, constantemente en los medios en los últimos meses, apuntando un agujero fiscal de 182,5 millones de euros.
Pues bien, todo este caldo de cultivo ha llevado a que, este pasado diciembre se aprobara una nueva medida antifraude, que es la anticipación del 110% de IVA a la salida de estos depósitos.
Sin duda, estas medidas van a tener una gran afectación en el sector de los hidrocarburos, arrastrando con ello tanto justos como pecadores. Las medidas tienen gran impacto para algunos operadores con una presencia consolidada, así como a potenciales nuevos actores en este mercado.
La medida impacta frontalmente con la operativa de comercializadores de hidrocarburos, que, si bien trabajan en depósitos fiscales y pueden comprar sin impuesto, van a ver una clara desventaja competitiva con respecto a las grandes petroleras, quienes se eximen de esta obligatoriedad por ser OEA (Operador Económico Autorizado), o por cumplir con consideración de “operador confiable”, una figura acuñada por la nueva norma. Además, estas medidas pretenden, de forma bastante radical, responsabilizar de forma solidaria a los depósitos fiscales, establecimientos que funcionan como almacenistas en el sector de los hidrocarburos.
Esta restricción, que aún no ha visto la luz de forma efectiva, a la espera de su normativa de desarrollo, no solo puede afectar a la libre competencia, sino que puede entrar en colisión con el principio de neutralidad del IVA, en la medida en que dos servicios o mercancías similares tienen un tratamiento distinto desde el punto de vista del IVA, lo cual además sería contrario a la jurisprudencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Por otro lado, las medidas antifraude nunca deberían ir más allá de lo estrictamente necesario para lograr el objetivo (evitar el fraude), y se cree que había otras alternativas para perseguirlo menos limitativas de derechos.
Por otro lado, expertos en la figura del OEA (Operador Económico Autorizado), estatuto que pueden obtener algunas de estas compañías para eximirse de ese pago adelantado de IVA, hacen hincapié en la complejidad de la obtención de este status de confianza, que precisa no solo de intervención en operativa aduanera, sino de otros requisitos esenciales, como un historial limpio en sanciones y causas penales, un alto control de los registros, una cualificación profesional adecuada y una consistente solvencia financiera.
Habrá que ver, de todos modos, el desarrollo de tal normativa a través de una Orden del Ministerio de Hacienda, para ver la efectiva repercusión final en la actividad de este sector, que ya cuentan con una sobrerregulación excesiva.