La batalla de Luksic por acceder al informe de la multa a PwC por el Popular llega al Supremo
El Consejo de Transparencia recurre el respaldo de la Audiencia Nacional a PwC para no entregar la información al empresario chileno por su confidencialidad
La larga batalla iniciada por el empresario chileno Andrónico Luksic para conocer todos los detalles que rodearon la caída del Banco Popular no ha finalizado todavía. La petición de acceder al expediente de la multa que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impuso en 2016 a PwC y a su socio José María Sanz Olmeda por infracciones en la auditoría de las cuentas del banco extinto de 2012 será ahora analizada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal admitió a trámite el pasado 14 de mayo el recurso que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno presentó contra el respaldo que la Audiencia Nacional dio a la big four para no atender a la petición del ex accionista del Popular. La sentencia aclarará si dicha información tiene carácter confidencial y zanjará definitivamente la disputa.
Tras la resolución del Banco Popular en junio de 2017 y su adquisición por el valor simbólico de un euro por el Banco Santander, Aeris Invest, el vehículo inversor de la familia Luksic, solicitó diversa documentación a distintos organismos para recopilar información sobre la situación financiera de la entidad que sustentara sus reclamaciones judiciales por la pérdida de 213 millones de euros. Un mes antes de la caída de la entidad, en la ampliación de capital de mayo de 2016, cuyas posibles irregularidades están pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, los empresarios chilenos elevaron su participación al 3,45%.
Por un lado, solicitó información que obraba en manos del Banco Central Europeo (el expediente completo de la resolución bancaria, la valoración del banco hecho por Deloitte, y las comunicaciones efectuadas en el marco del procedimiento), lo que fue rechazado por la institución bancaria y, después, por la justicia europea. En paralelo, el 16 de enero de 2019, Luksic solicitó al ICAC datos relativos a hechos ocurridos años antes de la resolución del Popular. Se trata del año 2012, cuando la entidad procedió a la absorción del Banco Pastor, lo que fue relevante para la trayectoria del banco, que después se vio envuelto en problemas de liquidez.
En concreto, la firma inversora pidió acceder al texto completo de la resolución administrativa sancionadora que el ICAC dictó, el 26 de febrero de 2016, contra PwC y su socio auditor, así como al informe que razonaba la sanción, por irregularidades en la labor de fiscalización del ejercicio de 2012. La firma de servicios profesionales fue multada con 269.793 euros y el auditor con 6.600 euros. Las sanciones han sido ratificadas por el Tribunal Supremo en 2020.
Distintas interpretaciones normativas
Desde entonces, el asunto ha sufrido distintos vaivenes administrativos y judiciales. El ICAC denegó la solicitud de Luksic, en febrero de 2019, señalando que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no establece ninguna obligación a dar publicidad a las resoluciones sancionadoras. Y añadió que la Ley de Auditoría sí que obliga al auditor a mantener el secreto de la información que recibe para su trabajo y a ellos mismos a mantener la confidencialidad de los datos que han obtenido en el ejercicio de sus funciones de supervisión y control de la actividad auditora.
El Consejo de Transparencia discrepó con el organismo dependiente del Ministerio de Economía y dictó una resolución un mes más tarde en el que le requirió que facilitara la información solicitada. Eso llevó a la big four a recurrir ante la Audiencia Nacional, donde el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 ordenó, en febrero de 2021, ordenó a retrotraer las actuaciones de Transparencia al momento anterior de su cuestionada decisión. Sin embargo, tras dar audiencia a las distintas partes involucradas, se reafirmó, justo un año después, en que Aeris debía tener acceso al expediente requerido, aunque aceptó que el ICAC eliminara la información que pudiera “lesionar los intereses económicos y comerciales” del Banco Popular y “la propiedad industrial o intelectual” de PwC.
Así, la pelota volvía a los tribunales, debido al recurso que la auditora planteó, de nuevo, contra esta última decisión. En este caso, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 también se posicionó, en febrero de 2023, a favor de PwC y señaló que la Ley de Auditoría prevalece sobre la norma de Transparencia porque los datos solicitados “tienen una específica regulación”. Esta sentencia fue confirmada en su integridad, en octubre de 2024, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, lo que abrió la puerta a que el caso se elevara al Tribunal Supremo, ya que Transparencia podía recurrir. Y así ha ocurrido.
Acusación en el ‘caso Popular’
La familia Luksic, a través de su vehículo inversor, está personada como perjudicada en la causa por la ampliación de capital de 2016 del Banco Popular que próximamente juzgará la Audiencia Nacional. Además de penas de prisión para el expresidente de la entidad desaparecida, Ángel Ron, y la entonces cúpula directiva y al auditor externo, a los que se acusa de haber engañado a los inversores, en su escrito de acusación reclamó que Banco Santander (como sucesor universal), PwC y los directivos acusados le indemnizaran con 217 millones de euros.
Pese a que varias acusaciones solicitaron que en el marco de este procedimiento también se analizaran en profundidad las cuentas del Popular de 2012, el juez que instruyó esta causa, José Luis Calama, se negó. No obstante, otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sí aceptó investigar estos hechos y la ampliación de capital que se llevó a cabo ese año para comprar el Pastor. Tras casi dos años de pesquisas, el magistrado las archivó, al entender que no había delito alguno que esclarecer, al no existir indicios de que los estados financieros hubieran sido manipulados. Pedraz siguió así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que instó a cerrar el caso en base a un informe pericial del Banco de España que concluyó que la operación fue una “buena inversión”.
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