España acumula una deuda de 1.820 millones por los laudos sobre el recorte de las renovables
El Estado no ha abonado ninguno de los 25 arbitrajes que reconocen a los inversores un total de 1.478 millones de euros, a los que hay sumar más de 343 millones euros en intereses
El Estado español cierra el año 2024 con una deuda acumulada de 1.820 millones de euros por el impago de una veintena de laudos que han dado la razón a inversores que invirtieron en energía renovable y que se vieron perjudicados con el recorte de primas que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, de acuerdo a los datos recabados por los fondos que pleitean contra España por esta materia. Según el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales que elabora anualmente la consultora holandesa NL Investments Consulting, y que se ha presentado este miércoles durante la V Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica, España sube hasta la primera posición como país que más laudos pendiente de pago tiene (todos ellos relacionados con el tijeretazo a estos incentivos verdes), si bien cae al tercer puesto en el listado de países más deudores.
De los 52 arbitrajes que inversores y fondos oportunistas que han comprado los derechos en estas disputas han presentado contra España, distintas cortes de arbitraje —Uncitral (ONU), SCC (Estocolmo) y en su mayoría el Ciadi (Banco Mundial)— han resuelto un total de 34 demandas, estimando la pretensión de los inversores en 25 de los casos. Asimismo, han dado la razón a España en 6 ocasiones y han anulado otros tres pleitos que en un principio se fallaron a favor de los demandantes. A ello se suma que tres de los inversores desistieron de sus reclamaciones para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando.
Aunque no todos los laudos dictados a favor de los inversores son firmes, pues están recurridos por la Abogacía del Estado tanto en las cortes de arbitraje como en distintos tribunales extranjeros donde los inversores han solicitado el reconocimiento y ejecución de las decisiones arbitrales, instando al embargo de bienes y activos españoles, por el momento la cifra total pendiente de abonar superan los 1.820 millones de euros, un importe muy inferior de los 10.000 millones de euros que exigieron en su conjunto. En concreto, los tribunales de arbitraje han reconocido a los inversores el derecho a cobrar 1.478,5 millones de euros, a lo que hay que sumar más de 343 millones euros en intereses de demora y condena en costas. Esta cifra podría aumentar en los próximos años puesto que aún quedan 10 demandas por resolver por parte del Ciadi, en los que se han reclamado un total de 1.640 millones de euros, según han señalado un portavoz cercano a los fondos de inversión reclamantes.
Con este escenario, España es el país con mayor número de laudos pendiente de pago, de acuerdo al estudio elaborado por el profesor Nikos Lavranos, fundador de NL Investment Consulting y experto en arbitrajes internacionales, por delante de Venezuela (20) y Rusia (10). En 2023, España tenía el mismo número de casos de incumplimiento de laudos que el país latinoamericano, que ascendía a 15 fallos, si bien la resolución de 10 casos sobre las inversiones en territorio español durante 2024 ha hecho que el Estado español escalara hasta el primer puesto. Además, España también ocupa el primer puesto en cuanto al número de demandas planteadas en su contra en virtud del Tratado de la Carta de Energía (TCE) —del que tanto España como la Unión Europea ha iniciado los trámites para abandonarlo—, por delante de Italia (14) y Rumanía (8).
México, Argentina, Perú, Polonia, Libia, Ucrania y Ecuador completan las diez primeras posiciones de incumplimientos de resoluciones arbitrales, seguidos de Kirguistán, Kazajistán, República Checa e India. No obstante, si se pone el foco en la cantidad debida, la primera posición es para Rusia, por los tres laudos a favor de los accionistas de la petrolera Yukos, valorado en más de 50.000 millones de euros, el arbitraje de mayor cuantía que se conoce hasta el momento. La segunda plaza la ocupa Venezuela con 16.000 millones de euros, si bien esta deuda está pendiente también de liquidación, ya que los tribunales de Estados Unidos han fallado a favor de los afectados.
El informe apunta que de los 1.332 arbitrajes que se han tramitado a lo largo de la historia del arbitraje contra al menos 132 distintos países, unos 958 han llegado a su fin. En el 37,7% de los casos, los laudos fueron favorables a los gobiernos demandados, mientras que el 28% se zanjaron con una decisión a favor de los inversores y un 18,5% se resolvieron mediante acuerdos entre las partes que pusieron fin a los litigios. Para Nikos Lavranos estos datos reflejan que el arbitraje es un “sistema robusto de la protección de las inversiones internacionales”.
Sobre la firma
